CAPITANICH.- Muy buenos días a todos y a todas. Ayer por la tarde hemos tenido una reunión con el Sindicato de Trabajadores Gráficos por la crisis desatada en la firma Donnelley, precisamente a partir de la quiebra declarada por la empresa. Han participado representantes del Sindicato de Trabajadores Gráficos, de la Federación Argentina de la Industria Gráfica, de los Ministerios de Industria y de Trabajo y la he podido coordinar personalmente. Tenemos agendada también una audiencia para el viernes. Como ustedes saben, hay una conciliación obligatoria y los trabajadores están trabajando, ha habido también una resolución judicial de la quiebra, que por supuesto consideramos que ha sido una actitud absolutamente intempestiva, sin previo aviso por parte de la empresa. Hay una resolución judicial de quiebra y en consecuencia en el día de hoy a las 11.30 se establecerá el sorteo para la designación del síndico de la quiebra. Y el objetivo de la reunión y de las sucesivas reuniones es precisamente generar las condiciones para que los trabajadores puedan preservar sus fuentes de trabajo.
En ese contexto llama mucho la atención, porque esta es una empresa de carácter multinacional, fundada en Chicago, Estados Unidos desde 1864, tiene 55.000 empleos a nivel mundial. Es una empresa que no registra ninguna deuda de carácter impositivo, ni tampoco reclamos en este sentido por vía judicial de parte de la AFIP. El balance inicialmente presenta una composición de activos superior al pasivo, ha habido una comunicación ante la SEC en Estados Unidos respecto a la disponibilidad de financiamiento para eventuales o futuras indemnizaciones y en definitiva también existe una planta moderna con equipamiento. Hemos tenido también la posibilidad también de comunicarnos con la Editorial Atlántida que es una de las empresas que utiliza claramente para la impresión de sus productos la capacidad gráfica de esta firma, que, como ustedes saben, la última declaración registrada en materia impositiva y previsional determina la existencia de 406 trabajadores.
Por eso lo que haremos, como hacemos todo el tiempo, es generar las condiciones para preservar las fuentes de trabajo, a través de diferentes vías o cursos de acción, y en ese sentido vamos a trabajar de común acuerdo tanto con el Sindicato Gráfico como con la industria desde el gobierno, generando todas las condiciones para que eso pueda ocurrir.
Del mismo modo se hará con la empresa LEAR, porque como ustedes saben la imposibilidad de producir en condiciones pacíficas dentro de la planta implica que definitivamente deban importar productos de otros países. Por lo tanto, flaco favor hacemos si no generamos las condiciones para que no solamente puedan producir para abastecer la demanda de productos, porque ellos no tienen problemas de mercado. O sea, las perspectivas de LEAR tienden inclusive a potenciar la eventual duplicación de la capacidad de ocupación, en tanto y en cuanto tengamos normalidad en los procesos de producción. En consecuencia entendemos que esta es una cuestión que puede resolverse tal cual existe también la ejecución de orden judicial, respecto a la restitución de los delegados y también la convocatoria a la asamblea de delegados, para propiciar las condiciones que permitan el funcionamiento normal de la empresa.
Se trata de dos empresas que han tenido visibilidad pública, en donde el Estado interviene con el objetivo de garantizar la preservación de su fuente de trabajo y generar las condiciones aún para incrementarlas.
La presidenta de la Nación, la doctora Cristina Fernández de Kirchner, como ustedes saben, está de visita oficial en la República hermana de Paraguay. Será recibida por el presidente Horacio Cartés, y a su vez el objetivo de la visita tiene que ver con estrechar los vínculos fraternales entre ambos países y las relaciones bilaterales, pero a su vez también con la restitución de objetos de valor histórico, por la Guerra de la Triple Alianza, que oportunamente dispusiera la provincia de Entre Ríos, pertenecientes Francisco Solano López.
El Ministerio de Industria también ha lanzado una nueva convocatoria para la instrumentación del programa de Crédito Fiscal de capacitación para pequeñas y medianas empresas. Esto permite hasta el 90 por ciento de reintegro de las inversiones en formación de personal. Es una asignación de recursos equivalentes a casi 25 millones de pesos, para capacitación de mandos medios y gerenciales. Es una muy buena contribución para mejorar sustancialmente el gerenciamiento, la productividad de cada una de las empresas y su sustentabilidad.
También el Ministerio de Trabajo ayer ha propiciado una conciliación obligatoria en virtud del paro de los pilotos de líneas aéreas de cabotaje. Eso constituye obviamente una medida de carácter intempestiva sin previo aviso, que ha generado perjuicios para los pasajeros. Nosotros consideramos que son maniobras de carácter irracionales, obviamente tendientes a perjudicar a los pasajeros. Eso se ha ido regularizando en el transcurso del día de ayer, pero entendemos que ese procedimiento no se ajusta claramente a las reglas de comportamiento de una institución de carácter sindical representante de los trabajadores. Así que quedo a disposición de ustedes.
PERIODISTA.- Tomando el tema de los fondos buitres ¿hay alguna novedad respecto a una eventual convocatoria o nueva convocatoria del Special Master a las partes? Se dijo que estaba por producirse una nueva reunión. Si sigue sin haber ningún tipo de contacto con el gobierno de los Estados Unidos vinculado a este tema. Y si hay alguna estrategia en vista, si bien falta tiempo, el 30 de diciembre los tenedores de bonos podrían solicitar una aceleración de la deuda, si hay una estrategia en ese sentido.
CAPITANICH.- Respecto al tema de fondos buitres, no hay ninguna novedad al respecto. No hay notificación formal, no hay comunicación de carácter formal, no ha habido ninguna requisitoria adicional a lo que se estaba trabajando, ni desde el punto de vista judicial ni tampoco con la intervención del Special Master.
Y con respecto al tema al que usted hace mención desde el punto de vista de la aceleración, en definitiva no se han cumplido los eventos estipulados en el prospecto. En consecuencia, la falta de decisión por parte del juez Griesa está fuertemente asociada a no entender adecuadamente el proceso, a no entender la condición de Argentina como país soberano, a no entender sus acciones que son violatorias del principio de inmunidad soberana, que trasciende la cuestión de carácter judicial y se convierte en un problema de relaciones exteriores por parte del Poder Ejecutivo en Estados Unidos, dentro de su sistema republicano, y a su vez porque entendemos que no se dan las condiciones que son absolutamente imprescindibles para entablar un proceso de negociación.
Creo que la posición argentina ha sido muy clara y contundente al respecto, por eso no existe una decisión de parte del juez. El juez no libera una orden de desacato porque no la puede aplicar a un país soberano. En segundo lugar, el juez no propicia el tema del embargo de los fondos porque no pertenecen a la República Argentina, sino pertenecen a los bonistas. El juez no toma ninguna decisión porque sabe que estaría violando efectivamente contratos y transgrediendo claramente un principio esencial de seguridad jurídica en Estados Unidos.
Por lo tanto, lo único que hace el juez, por instrucción expresa de los fondos buitres, es obstaculizar el proceso de pago, en virtud de que la República Argentina cumplió y pagó sus obligaciones de carácter regular.
Entonces esta confabulación de juego a tres bandas en donde son tenedores al mismo tiempo de Credit Default Swaps, conjuntamente con bonos reestructurados, conjuntamente con un juicio, con la connivencia de un juez y del sistema judicial de Estados Unidos, en definitiva debe configurar un caso para el análisis mundial, como lo es, pero que en definitiva debe generar las condiciones para la solución del mismo.
PERIODISTA.- (No audible)
CAPITANICH.- En este sentido, no ha comunicado absolutamente respecto a la aceptación de jurisdicción o no, oficialmente.
PERIODISTA.- Buen día. Dos preguntas, Ministro: la primera: quería saber qué posición tiene el gobierno respecto a lo que dicen los industriales sobre el proyecto oficial para modificar la Ley de Abastecimiento, que fue calificado de inconstitucional. Se ha manifestado una clara posición en contra por parte de la UIA, con respecto a ese proyecto de ley que va a discutir el Congreso.
Y en segundo lugar, entendiendo que usted ya no está a cargo de la gobernación del Chaco pero que sí es el hombre más importante de la política de esa provincia, saber cuál es su opinión respecto a lo que se publicó este fin de semana acerca de que la provincia del Chaco gastó más de 9 millones de pesos en confeccionar 56.000 camisetas de la Selección Argentina, en el contexto en el cual estamos viviendo. Gracias.
CAPITANICH.- Respecto a la segunda pregunta, corresponde que el vicegobernador a cargo del Poder Ejecutivo emita una opinión al respecto.
Respecto al tema de la opinión de la Unión Industrial Argentina, nosotros consideramos que, como usted sabe, es una propuesta que involucra reformas a 4 leyes, a la Ley de Defensa del Consumidor, a la Ley de Defensa de la Competencia, también a la Ley de Abastecimiento y, por último, a la Ley de Lealtad del Consumidor.
En este sentido consideramos que uno de los grandes problemas de la economía argentina tiene que ver con el proceso de concentración económica en la formación de precios, y entendemos claramente que la cadena de valor adolece de capacidad regulatoria por parte del Estado para generar un equilibrio entre la compensación de precio al productor y la garantía que el consumidor debe tener con respecto a la provisión de insumos, bienes intermedios y bienes finales, sea para el proceso productivo o sea para el consumo final.
¿Cuáles son efectivamente los principios esenciales de esta reforma que me parece están directamente orientados en la manda constitucional del artículo 42?
Primero, no puede ser inconstitucional un proyecto de ley que involucra precisamente hacer cumplir el artículo 42 de la Constitución Nacional reformada en 1994, lo cual constituye una manda constitucional que el Poder Ejecutivo debe propiciar. Segundo, el proyecto de ley contempla un observatorio de precios, que es la forma de efectuar un seguimiento adecuado para evitar un proceso de concentración que implique, por un lado, la apropiación de excedente de una parte de la cadena más fuerte a otros más débiles, generando un proceso de desnaturalización desde el punto de vista del proceso de formación de precios y que incide en la fijación de precios relativos y en la competitividad global de la economía, porque eso implica mayor concentración y esa mayor concentración con ejercicio monopólico implica que se extingue la perspectiva de que pequeños y medianos empresarios funcionen.
Tercero, la iniciativa contempla la creación del fuero del consumidor. Así como el general Juan Domingo Perón creó el fuero laboral, con la reivindicación de los derechos del trabajador, la presidenta Cristina Fernández de Kirchner hoy genera el fuero del consumidor, y esto implica resolución de una manera inmediata en varias cuestiones. Primero, una conciliación de carácter obligatorio, proceso rápido, juez administrativo e instancia de carácter judicial de resolución rápida.
Nos parece que eso tiene que estar establecido con sanciones de carácter pecuniaria, precisamente para que el consumidor cuando se vea afectado y no ha podido lograr una transacción con la empresa para reparar lo que él considera justo y equitativo, debe tener la posibilidad de aplicar multa por parte del Estado. Y la multa con un principio que se llama solve et repete, pague y después reclame. ¿Por qué? Precisamente porque las empresas prefieren el litigio de largo plazo porque no cumplen con el consumidor y tampoco cumplen con su responsabilidad de carácter social, y nos parece que es absolutamente imprescindible hacerlo.
De manera que es una reforma que introduce el principio solve et repete, pague y después reclame, y esto es una garantía reparadora para el consumidor.
También el proyecto excluye sanciones de tipo penal en materia de abastecimiento y genera un sistema de aplicación de sanciones de carácter pecuniario, multas verdaderamente aplicables.
Nos parece que es parte de un debate de una sociedad democrática y nos parece muy bien que existan multiplicidad de voces, expresiones diversas, pero entiendo claramente que el resumen de esta iniciativa tiende a generar las siguientes condiciones.
Primero, un marco regulatorio para el proceso de formación de precios, evitar la concentración monopólica u oligopólica y generar mayor equidad en la cadena de valor.
Segundo, establecer un sistema de observatorio de precios para que el pueblo argentino pueda establecer claramente quién se apropia del excedente.
Tercero, establecer un sistema de sanciones pecuniarias, multas, a través de un principio de solve et repete, que significa pague y después reclame, para no dilatar las decisiones tomadas en el marco regulatorio.
Cuarto, excluir las sanciones penales por sanciones pecuniarias implica que lo que más duele siempre en este caso es el bolsillo, y esto debe ser efectivamente un elemento de reparación.
Quinto, es una transformación revolucionaria en el campo judicial la introducción del fuero del consumidor.
Entonces nos parece que si bien es una iniciativa que merece un debate abierto, en donde participen los gobernadores de las provincias, las asociaciones de consumidores y los empresarios, es una iniciativa de alta calidad en el proceso de transformación.
PERIODISTA.- Disculpe, quiero aclarar. ¿Incluye esto el tema de los servicios públicos como por ejemplo lo que pasó con el gas, 200 facturas desmedidas que se recibieron la semana pasada?
CAPITANICH.- Los servicios públicos son monopolios regulados por el Estado, de manera que efectivamente deben contemplarse los procesos de evaluación ante cualquier incremento de tarifas. Como usted sabe el consumo de energía, luz y gas, se ha incrementado en términos de consumo y producto de la alta capacidad de incidencia por parte del Estado en subsidios, con lo cual aumenta el ingreso disponible. En algunos casos hay incrementos pero también hay un sistema que el usuario podría usarlo. Esto es, si el usuario ahorra tiene acceso directo al subsidio, si el usuario no ahorra obviamente tiene mayor penalización desde el punto de vista del precio en el consumo.
PERIODISTA.- En primer lugar consultarle si el gobierno ha recibido algún planteo de las provincias con respecto a modificar el destino del 30% que se distribuye entre las provincias por el fondo sojero, para que sea aplicado en gastos corrientes ante la demanda de fondos que tienen algunas provincias. Y en segundo lugar, quería consultarle si tiene algún comentario con respecto al último informe dado a conocer ayer por la Iglesia Católica, sobre la situación laboral y social actual del país.
CAPITANICH.- Respecto a la primera pregunta no, no hay ningún tipo de iniciativa para la modificación de la aplicación del Fondo Federal Solidario, que como ustedes saben ha tenido un incremento desde el 2009, desde su creación a la fecha, en una cifra cercana al 1078%, eso va cambiando todos los días por la evolución cuantitativa diaria, pero eso es más o menos lo que ha tenido como crecimiento en virtud de la expansión de la superficie sembrada de soja, de la cantidad cosechada de soja y a su vez del precio internacional y del precio interno. Por lo tanto esto ha implicado un incremento sustantivo de la asignación de recursos para cada una de las provincias, pero no ha habido ninguna iniciativa de modificar el uso. A su vez creo que es absolutamente compatible el uso de estos recursos de derechos de exportación para mejorar la infraestructura social básica, porque es un efecto redistributivo a las provincias y a su vez también al desarrollo de la infraestructura social básica. Parte de estos recursos, el 70%, va directamente a las provincias, y el 30% es una coparticipación directa a los municipios.
En segundo lugar, efectivamente hemos observado la expresión del vocero que ha hablado de la Conferencia Episcopal Argentina, pero esto no implica que la Conferencia Episcopal Argentina en su conjunto se haya expedido a través de un documento público. Nosotros por supuesto vamos a ser extremadamente respetuosos de sus opiniones, como siempre, y vamos a esperar el tiempo de reflexión de los obispos a los efectos de que la misma Conferencia Episcopal Argentina emita un documento. En este sentido la expresión de un vocero no implica la síntesis de ningún documento.
Y a su vez nos parece que es muy importante observar que si existe un tema de agenda publica, o si existen temas de agenda publica, en el caso de la seguridad pública creo que es muy importante observar que la Santa Iglesia Católica tiene una hoja de ruta que marca Su Santidad el papa Francisco, que en su exhortación apostólica Evangelii gaudium, en su párrafo 59, habla claramente respecto a que la inequidad genera violencia. Creo que es una pieza extraordinaria de precisión respecto a cuáles son las razones que muchas veces promueven las cuestiones de seguridad. En ese párrafo y en ese documento el mismo Papa dice que en muchas partes se reclama mayor seguridad, pero hasta que no se reviertan la exclusión y la inequidad dentro de una sociedad y entre los distintos pueblos será imposible erradicar la violencia.
Por eso creo que es muy importante lo que hemos tenido en este tiempo en la República Argentina, una política de fuerte inclusión social, de mayor equidad distributiva, pero es necesario observar que este es un fenómeno de carácter mundial. El 1% de la población concentra entre el 43 y el 47 % del ingreso y eso implica que el 50% restante solamente concentra el 2% del ingreso. Eso quiere decir que existe inequidad y debe inexorablemente formar parte del debate. Entonces lo que quiero transmitir es: en el tema de seguridad también los obispos, los arzobispos tienen un continuo diálogo con los gobernadores de las provincias. Como usted sabe, por la Ley 24059 y modificatorias la seguridad es competencia de las provincias, es potestad no delegada, por lo tanto el diálogo permanente que deben tener los obispos y sacerdotes con los gobernadores de las provincias debe exponer los problemas asociados a la seguridad.
Y respecto también a este tema de agenda, aunque no se dijo, supongo que la Conferencia Episcopal Argentina tratará de un modo detallado el impacto que tiene la acción de grupos minúsculos de especuladores a nivel internacional, denominados fondos buitres, respecto a los niveles de afectación de la condición soberana del país y a las implicancias que esto tiene a nivel mundial y nacional. Creo que no se dijo pero me parece que es un tema que formará parte de la agenda, como también la cuestión económica y las perspectivas laborales. Y ahí es muy importante remarcar lo siguiente: ellos tienen muchas veces un proceso de evaluación de la evolución de los indicadores sociales a través del Observatorio Social de la UCA. Nosotros allí tenemos una evaluación desde el punto de vista metodológico que no coincidimos aún con indicadores favorables para el gobierno, porque de acuerdo a esa evaluación ellos tienen un coeficiente de GINI aplicable de 0.27, que es similar a los países nórdicos, y eso no coincide con las estimaciones que hace el sistema de información y estadística del gobierno.
Por eso creo que es muy importante observar que la cuestión asociada al empleo obviamente forma parte de una agenda recurrente y permanente del gobierno y de la sociedad, porque para eso estamos y es nuestra función. Lo importante es que la tasa de desempleo el último trimestre del año pasado fue equivalente a 6,4%, la más baja de la serie estadística desde 1993. En segundo lugar, el primer trimestre de este año arrojó 7,1%, que es inferior en términos de estacionalidad, de 7,8 a 7,1, pero superior al último trimestre. En tercer lugar, la tasa de evolución del empleo ha mejorado en 0,5%, pero aún así consideramos que la generación de puestos de trabajo, que es equivalente a 6,3 millones desde el 2003 a la fecha, es un indicador favorable. No obstante lo cual se advierten algunos problemas derivados de algunos sectores. Por ejemplo, hacemos una evaluación muy rigurosa desde el punto de vista de la construcción, que ha tenido 70.000 empleos en el 2002, depende de que mes se mida, y pasó a tener casi 430.000 empleos, en el pico máximo, 2011/12, y después tuvo una disminución hasta llegar a 407.000 empleos en el 2013. Hoy estamos en aproximadamente 370.000 empleos. ¿Cuáles son las políticas públicas y privadas para impulsar el empleo en la industria de la construcción? Primero, respecto a políticas públicas, impulsar la construcción de viviendas, que implica pasar de 8 a casi 15.000 millones de pesos para el 2014, en términos de ejercicio presupuestario, y 30.000 millones para el 2015. Esto implica 108.000 construcciones de viviendas, lo cual constituye un aliciente, porque todos los insumos de la industria de la construcción derivada de la construcción de viviendas en definitiva son de carácter nacional, lo que moviliza la generación de empleo y obviamente siendo registrados tienen un sistema de salarios que permiten aumentar la ocupación. Esto implicaría aumentar entre 30 y 50.000 empleos en la industria de la construcción y un impacto muy positivo en esta materia en este segundo semestre.
En segundo lugar observamos el comportamiento de la industria automotriz, pero desde PRO.CRE.AUTO hasta el convenio con Brasil, hasta la negociación estructural del convenio para los próximos 5 años, implicaría no solamente avanzar del 7 al 11% en el mercado de exportación sino también generar las condiciones para la sustentabilidad de la producción de autopartes. En este sentido tenemos desde inversiones adicionales de 800 millones de dólares de Toyota y toda la red de autopartes, hasta problemas que han surgido en autopartistas. En el caso de Lear, por ejemplo, vuelvo a insistir, es un conflicto que consideramos que es posible resolverlo, que es posible incrementar el número de empleo, en virtud de la demanda existente, y que a su vez la meta es generar 700.000 unidades producidas, atento a que el pico máximo de producción de la industria automotriz fue de 828.000 unidades en el 2011 y un tanto inferior, casi 790.000 unidades en el 2013. O sea, se están dando las condiciones para generar una recuperación de la demanda externa a partir de acuerdos bilaterales y también generar las posibilidades de comercialización de productos en otros países. Eso impacta desde el punto de vista del comercio de autopartes, que a su vez tiene empleos indirectos que los analizamos con mucha rigurosidad.
Pero a su vez también observamos que la industria petrolera debería tender a más inversiones y obviamente más expansión en los niveles de empleo, y así sucesivamente entendemos que el empleo no solamente debería sostenerse sino también incrementarse a partir de las políticas públicas. Dije en materia de la industria de la construcción lo que significa la asignación de recursos del presupuesto público, pero también PRO.CRE.AR, que hoy tiene más de 126.000 unidades aproximadamente construidas o en proceso de construcción, pero la idea es llegar a 100.000 unidades por año, lo cual tiene un efecto multiplicador expansivo de la actividad económica.
En realidad creo que estamos dando todas las condiciones para generar las perspectivas de sostener y aumentar el empleo. La ley que ha sancionado el Congreso de la Nación respecto a la reducción de la informalidad laboral y a la promoción del empleo, el programa Pro Empleo, generando la asignación de recursos para propiciar estrategias que nos permitan garantizar el empleo y el incremento del mismo, y la reducción de la informalidad laboral están en ese camino. O sea, lo que quiero transmitir con mucho detalle es que la presidenta de la Nación, doctora Cristina Fernández de Kirchner, ha focalizado su atención en estímulos para la preservación del empleo y la expansión del mismo, entonces hacemos un seguimiento muy detallado para aprovechar oportunidades de exportación, ejemplo la agenda del mercado exportador con la Federación Rusa, ejemplo todo lo que significa motorizar perspectivas para incrementar la colocación de productos exportables.
Y a su vez también quiero transmitir un caso, para cerrar, respecto al tema de empleo público. Ha habido un informe periodístico, a partir de una fundación que siempre se expide sobre esos temas, que habla del 67% de incremento del empleo público. Quiero transmitir que respecto al empleo público ha habido, por un lado, una registración de carácter formal en el 2012, todos los empleos públicos de todas las provincias y municipios están debidamente consolidados en la base SIPAM, no SIPA, de la AFIP, por lo tanto tenemos una información consolidada del número de empleos públicos. Segundo, esa información consolidada del empleo público implica tener trabajadores formales, debidamente registrados, antes eran trabajadores que no estaban registrados, por consiguiente había subregistro desde el punto de vista de estos indicadores laborales. Tercero, el incremento del número de empleo público está fuertemente asociado en muchos casos al incremento de las prestaciones. Ejemplo, mayor demanda de seguridad pública implica mayor incorporación de agentes de seguridad, esto implica incremento en la base de datos de las respectivas provincias. Y gran parte, esto es lo más importante, porque todo se confunde la Argentina, los 7.500 empleos que pasarán a planta por decisión administrativa en virtud de las últimas paritarias con UPCN y con los otros gremios, en definitiva tienen que ver con cobertura de vacantes. Cuando hay vacantes se pueden o no cubrir, se autoriza la cobertura de vacantes a través de concursos de antecedentes y oposición, como corresponde. También quiero decir con esto que cuando existe incremento en la matrícula escolar por inclusión social educativa, existe un incremento del número de docentes a cargo, por lo tanto los trabajadores docentes están afectados en los cargos públicos como empleo, los agentes de seguridad pública como empleo, los agentes de salud pública para la prestación del servicio de salud. Entonces es necesario analizar cada categoría de empleo y a su vez también porque ha habido una reafirmación del rol del Estado, no es lo mismo un Estado mínimo, con exclusión y privatización, que un Estado con capacidad regulatoria, un Estado con prestación de servicios en forma directa e indirecta y con capacidad para intervenir eficazmente en el desenvolvimiento de la actividad económica, para potenciar no solamente la actividad económica sino también el empleo. Por eso creo que son definitivamente aristas que es absolutamente necesario e imprescindible analizarlas para no sacar conclusiones equivocas a partir de datos parciales. Muchas gracias.
