CAPITANICH.- Muy buenos días a todos y a todas. La enfermedad por virus Ebola tiene una situación internacional en donde se han identificado 1.779 casos, 961 muertos, de acuerdo al último relevamiento del informe de la Organización Mundial de la Salud.
La República Argentina ha generado un sistema de vigilancia epidemiológica con la participación de las provincias argentinas, y ha establecido un sistema de estrategia de control para la diseminación en caso de ingreso del virus, un sistema de alerta, un sistema de vigilancia epidemiológica, el procedimiento ante un caso sospechoso, el manejo de muestras para diagnóstico, y en general ha designado el Ministerio de Salud dos establecimientos para su atención, que son el Hospital El Cruce Néstor Kirchner en Florencio Varela y el Hospital de Pediatría Juan Garrahan. Y también ha solicitado a los ministerios de Salud provinciales que designen e informen al menos un establecimiento en su respectiva jurisdicción. Por lo tanto, como ustedes saben, no existen vuelos directos a los lugares en donde efectivamente se han detectado casos, pero se generan los mecanismos de control indirecto. Esta es una enfermedad que existía en animales y fue descripta en humanos por primera vez en 1976 en Zaire, que es actual República Democrática del Congo. Se han notificado desde entonces 28 brotes en diferentes países del África y que no hay tratamiento ni vacuna. Por eso es importante la sintomatología, los mecanismos preventivos y de intervención a través de un sistema de alerta epidemiológico.
En segundo lugar, quiero remarcar que existe una asignación de recursos a través del programa FOCEDE para las inversiones necesarias en media y baja tensión en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el área Metropolitana y también en los partidos del conurbano bonaerense, a través de este financiamiento para las empresas EDENOR Y EDESUR. En este sentido se han ejecutado por parte de EDESUR 207 obras ya concluidas, 96 en ejecución, 400 próximas a ejecutarse, lo cual permitirá atender y satisfacer las demandas crecientes en materia de la provisión del servicio energético. Lo mismo ocurre con la empresa EDENOR, con cerca de 140 obras ya finalizadas y otras 400 también en proceso de ejecución próxima.
En general la aspiración es maximizar el esfuerzo en el transcurso de estos meses, con el objetivo de satisfacer las demandas del verano. Recordemos que el verano pasado la interrupción o el corte servicio energético tuvo lugar también con la mayor ola de calor desde el año 1906. No obstante lo cual, las inversiones que están programadas alcanzarán a cerca de 4.000 millones de pesos, asignando los recursos correspondientes para cada una de las áreas correspondientes a cada empresa.
También es importante remarcar que existe una agenda proactiva por parte de la República Argentina para maximizar el intercambio comercial con la Federación Rusa. La meta para el año próximo será un intercambio comercial equivalente a 5.000 millones de dólares, y atento a las oportunidades que implica una demanda incremental del mercado ruso para las exportaciones de nuestros productos, hay un proceso de construcción de una agenda con el sector privado para potenciar las exportaciones de las demandas de productos que van a sustituir desde la Federación Rusa, tanto a la Unión Europea como a Estados Unidos.
Rusia tiene una demanda significativa de alimentos, la República Argentina puede suministrarlos y en consecuencia se generan las condiciones para que con el sector privado y con el impulso del Estado sea posible el incremento de estas exportaciones para satisfacer este mercado. Por eso tanto el canciller Timerman como su equipo, junto al Ministerio de Economía, junto a la ministra de Industria, establecerán los mecanismos para que misiones comerciales de carácter específico, junto a los gobiernos provinciales, a las empresas del sector privado, puedan aprovechar las oportunidades que se generan a partir de una apertura adicional de mercado.
También es importante remarcar que desde el punto de vista del plan energético, no hice hincapié en la aseveración anterior, las inversiones que se han generado por parte de la República Argentina en estos últimos 11 años, alcanzan a casi 9.000 megavatios entre lo ya ejecutado y en proceso de ejecución con 5.500 kilómetros de red de alta tensión de inversión, a los efectos de lograr el sistema energético interconectado a nivel nacional con la construcción de un sistema federal. También un incremento del 30 por ciento en los gasoductos de carácter troncal con la perspectiva de abastecimiento de un flujo regular de provisión de alta calidad de servicio eléctrico a 3,7 millones de hogares, también para la provisión de gas natural de 2,1 millones de hogares y con el incentivo que significa la construcción del gasoducto del Norte, y obviamente la recuperación de YPF para incrementar aún más los niveles de producción en materia de exploración y explotación de gas y petróleo.
Por último, con respecto al tema de ProEmpleo, tiene que ver con la unificación de recursos que serán asignados para potenciar los incentivos a la contratación por parte del sector privado. En este sentido nosotros observamos que en el período interanual hemos tenido más 0,5 por ciento de recuperación del empleo, menos 0,3 respecto al trimestre anterior en virtud de lo que significa la evolución de carácter estacional.
Entendemos claramente que situaciones que tienen que ver con suspensiones no constituyen despidos, sino cuestiones de carácter transitorio, que a partir de la potenciación del programa REPRO, que es recuperación productiva, tiende precisamente a generar las condiciones para lograr que no solamente se preserven los puestos de trabajo, sino que también se generen condiciones para el incremento.
Quiero transmitir esto, porque por ejemplo, la industria de la construcción oscila entre 370.000 empleos a 407, 415.000 empleos. Nosotros hemos dicho la semana anterior, por expresa instrucción de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, que el flujo de asignación de recursos para la construcción de viviendas con recursos del Estado, pasa de 8.000 a casi 16.000 millones de pesos para este año, y 30.000 millones de pesos el año próximo, lo cual implica cerca de 108.000 unidades habitacionales en procesos de construcción o a construir. Eso implica claramente un impacto muy significativo en los números de empleos, depende de las viviendas que se terminan y de las que inician, obviamente oscila entre 35 y 60.000 empleos.
Eso implicará un nivel de recuperación adicional del empleo en la industria de la construcción. A su vez, PROCREAR tiene una alta participación en la dinamización en los procesos de asignación de créditos para la potenciación del sector.
Y recordemos que la matriz de insumo-producto de la construcción es principalmente proveniente de producción nacional, con lo cual es un factor que al mismo tiempo potencia la creación de empleo, aumenta la capacidad de consumo de la población y no genera tensión en el mercado de divisas. Por lo tanto, son cuestiones que forman parte de incentivos muy significativos.
También hemos observado no solamente el impacto de la industria automotriz y de autopartes, con la prestación de servicios de comida o delivery también para las prestaciones de estas mismas empresas. Por lo tanto, hemos identificado la situación de cada una de las empresas y estamos trabajando para la generación del uso de estos incentivos que permitan no solamente la preservación del empleo, sino la perspectiva de seguir generando empleo en el transcurso de este y el próximo año.
PERIODISTA.- Buen día Ministro: dos consultas. Por un lado saber si hay alguna nueva convocatoria por parte de Daniel Pollak, el mediador, para una nueva reunión con representantes de los fondos buitres. Y en este mismo aspecto, cómo sigue el gobierno, si tiene alguna opinión, respecto a lo que ha transcendido de negociaciones entre representantes de bancos argentinos, empresarios con representantes de los fondos buitres. Por otro lado, qué seguimiento hacen del rechazo que ha generado la Ley de Hidrocarburos, teniendo en cuenta que en la provincia de Chubut la Legislatura rechazó adherir al proyecto del Ejecutivo y hoy haría lo mismo la provincia de Neuquén.
CAPITANICH.- Respecto al tema del diálogo para establecer condiciones de negociación justas, equitativas, razonables, legales y sustentables para el ciento por ciento de los bonistas, como plantea la República Argentina, no hemos recibido notificación formal, solamente versiones periodísticas respecto a este tema. De manera que cuando exista notificación formal, seguramente la República Argentina responderá, como todo país soberano que a su vez, ante la presentación ante la Corte Internacional de La Haya, ha planteado claramente la violación de sus respectivas inmunidades como país soberano, por parte de un poder del Estado en el caso de Estados Unidos.
En segundo lugar, lo que quisiera transmitir con respecto al tema de las negociaciones eventuales entre el sector privado, no incumbe y no es responsabilidad del Estado.
Y aprovecho la oportunidad porque muchas veces analistas y columnistas de diarios y revistas ponen en mi boca cosas que yo nunca dije, o reuniones de las cuales yo nunca participé. En primer lugar quiero transmitir lo siguiente, yo jamás he tenido una conversación telefónica con el señor Jorge Brito. Segundo, jamás he tenido una reunión con el señor Jorge Brito. Tercero, jamás he tenido una reunión con ninguna entidad representativa del sector financiero.
Digo esto porque he visto innumerables cantidad de veces opiniones en este sentido. No me incumbe a mí esa responsabilidad. Obviamente el Banco Central y su presidente lo tienen que hacer por una cuestión básica o de superintendencia financiera y cambiaria, y es parte regular en el sistema de relaciones que tiene la máxima autoridad con el sistema financiero. Pero la participación del sector privado, sea a través de empresas, sea a través de bancos extranjeros o bancos nacionales, desde el punto de vista de un posible mecanismo de arreglo, es una cuestión entre privados. Esto puede generar desde la adquisición de una opción hasta la compra del juicio hasta distintas opciones, pero eso no incumbe y no es competencia del Estado Nacional.
El Estado Nacional ha fijado una posición, es una posición muy clara, explícita y contundente, que surge claramente del contrato de fideicomiso que precisamente está perfectamente estipulado en el prospecto.
Entonces nosotros hemos resaltado claramente desde la cláusula 3.5, 4.1, en fin, hemos propiciado no solamente a través de los avisos legales, sino también a través de declaraciones públicas, a través de comunicados oficiales y a través de solicitadas, lo que para la República Argentina significa la cuestión de negociación que tiene que ver con el tema de fondos buitres.
La posición de República Argentina no es antojadiza, es la de un país soberano que defiende la plena vigencia de un contrato que significa ley para las partes y que ningún juez de un modo unilateral puede romper o quebrar, porque eso obviamente atenta a la seguridad jurídica en el desenvolvimiento de las relaciones contractuales. Por eso tenemos esta posición, porque uno advierte muchas veces que muchos analistas creen que esta es una epopeya desde el punto de vista político, que le genera solamente réditos al gobierno, y confunden epopeya o épica con el verdadero sentido de la defensa del interés nacional de un país soberano. En definitiva ser un país soberano significa defender sus inmunidades y defender claramente su condición en el marco del ejercicio pleno del derecho internacional. Ejercer sus derechos, eso significa para la comunidad internacional la defensa de los intereses de un país soberano y sus respectivas inmunidades. Esto debe entenderse con absoluta claridad. El pueblo argentino, de un modo contundente y mayoritario, casi 72%, apoya la posición que la presidenta de la Nación sigue en esta materia, por una razón muy sencilla, porque tiene que ver con el sentido común y tiene que ver con legítimamente defender los intereses de la República Argentina como país soberano. Entonces no podemos soslayar esa condición.
En segundo lugar, respecto al tema de la posición de las provincias petroleras. La verdad es que yo he dicho en varias ocasiones, y lo dije el otro día en mi informe ante el Senado de la Nación, que precisamente la presidenta de la Nación, doctora Cristina Fernández de Kirchner y también oportunamente el presidente Néstor Kirchner, transmitieron claramente, como convencionales constituyentes de la reforma de 1994, la defensa del dominio originario de las provincias argentinas. Fue el mismo presidente Kirchner quien promovió la ley corta para la reglamentación adecuada de la reforma constitucional en una ley. Precisamente se generaron las condiciones por parte de la presidenta de la Nación para expropiar el 51% de YPF como una nave insignia para establecer mecanismos de profundización de estrategias de exploración y explotación hidrocarburífera, por una razón muy sencilla, porque YPF en manos privadas tenía un declino, o sea una caída profunda en los niveles de producción que nos llevó a importar energía o combustibles. Pero a su vez también el sector privado, a través de concesiones no cumplía los contratos correspondientes. Entonces de lo que se trata aquí es de observar que en la misma expropiación del 51% que promovió la presidenta de la Nación de YPF, el 49% de esa participación le corresponde a las provincias, por lo tanto éstas constituyen parte de la garantía de la defensa irrestricta de una política energética que tiende al autoabastecimiento. Y paralelamente con eso, de lo que se trata es de discutir claramente estrategias para maximizar los procesos de inversión de aquí en adelante, tanto en producción de gas y petróleo convencional como no convencional. ¿Y en este sentido cuáles son los aspectos centrales del proyecto? Primero, unificación del sistema de evaluación de normas ambientales, para la evaluación del impacto ambiental de las inversiones. Segundo, plantear claramente la unificación desde el punto de vista de los mecanismos de imposición fiscal en los distintos niveles de gobierno, para evitar un mecanismo de imposición que altere los procesos de localización de inversiones. Tercero, establecer un sistema unificado de licitación pública de carácter internacional para generar inversiones que tengan un marco regulatorio que implique previsibilidad respecto de las mismas. Este es el núcleo central que tiene que ver con procedimientos licitatorios, con evaluación del impacto ambiental y con los sistemas de imposición fiscal en los distintos niveles de gobierno, tanto provinciales como municipales, desde el punto de vista de los niveles de previsibilidad respecto a la inversión y a la renta emanada de la inversión correspondiente. Me parece que son cuestiones centrales y que hacen a la previsibilidad de la inversión, por lo tanto entendemos que son absolutamente compatibles con la estrategia de autoabastecimiento energético, las propuestas que han emanado por parte del Poder Ejecutivo. De manera que las consideraciones particulares de las provincias pueden ser sujeto de análisis pero esta es la cuestión central, creo que lo que propone el Estado Nacional es absolutamente claro, palmario y evidente, porque aparte en definitiva nadie se salva solo, como decía el general Juan Domingo Perón, o lo arreglamos entre todos o no lo arregla nadie, y la verdad es que cuando es necesario generar las condiciones para importar combustible o energía de un modo transitorio hasta lograr el autoabastecimiento es necesario observar el esfuerzo que hace el Estado Nacional. Por lo tanto se trata claramente de un modelo en donde se puedan conjugar los intereses nacionales con el de las provincias para maximizar los volúmenes de inversión y lograr, en el plazo más corto posible, el autoabastecimiento energético. Tanto más rápido tengamos autoabastecimiento energético, más rápido resolvemos los problemas macroeconómicos de orden estructural en la República Argentina.
PERIODISTA.- En los últimos días se han escuchado voces de distintos referentes del sector empresarial pidiendo una devaluación del peso, entre ellos el titular de la UIA, Héctor Méndez, quien dijo que con los actuales niveles del tipo de cambio es imposible exportar. Quisiera saber la opinión del gobierno y si el Poder Ejecutivo considera que el tipo de cambio es una variable a discutir o modificar en los próximos meses.
CAPITANICH.- Son los mismos que cuando existe una depreciación del tipo de cambio fustigan al gobierno porque ha habido depreciación. La verdad es que palos porque bogas, palos porque no bogas, es parte de las consideraciones que tienen los distintos actores económicos en la República Argentina. Pero lo cierto es que uno debe tener en cuenta lo que se denomina el tipo de cambio real efectivo de largo plazo y eso depende claramente hoy de la recomposición del mercado externo. La demanda externa ha disminuido sustancialmente en el comercio mundial, producto de la caída en la participación de las economías desde el punto de vista del proceso de crecimiento económico. Entonces tenemos que tener la capacidad para recuperar volumen de exportación. El volumen de exportación se recupera no solamente por cantidad sino también por condiciones en materia de precios y eso tiene que ver con demanda externa, que es un factor muy decisivo para incrementar aún más el influjo de divisas, y eso permitiría claramente incrementar el volumen de inversión. Y eso implicará hacer más competitiva la economía. Por eso hemos trabajado claramente una agenda que tiene que ver con logística integrada y con instrumentos que promuevan la inversión y el comercio. Ejemplo, cuando se inaugura una central nuclear como Atucha II obviamente aumenta la oferta de energía a menor costo y eso implica una condición muy importante para el desenvolvimiento de la actividad económica. Entonces lo que necesitamos es combinar recuperación de la demanda externa vía crecimiento del comercio mundial, más inversión en logística integrada para bajar los costos de producción de bienes y servicios a nivel local, y generar las condiciones para que esto implique más inversiones. Por eso muchas veces, y esto no solamente por lo que pueda llegar a decir la UIA, también los sectores del campo siempre tienen esta lógica de crítica sistemática al gobierno. Fíjese que se quejan teóricamente por ciertas restricciones desde el punto de vista de la exportación de carne, efectivamente la exportación de carne tiene mucho que ver con la productividad en el mercado doméstico. O sea, nosotros tenemos 62% de destete contra 92% de Estados Unidos, eso implica necesidad de incrementar la productividad e incrementar la inversión para la producción de forraje, y mejorar sustancialmente la producción de kilos. Esto tendría más volumen y obviamente más disponibilidad para las exportaciones. Pero al mismo tiempo tenemos un mercado que es absolutamente libre para exportar como la soja, y resulta ser que se quejan por supuestas restricciones en materia de exportación de carne, y cuando tienen una liberación plena para exportar soja no exportan porque se quejan de las condiciones macroeconómicas de exportación. La verdad que uno siempre observa este juego tan perverso respecto a los actores sociales en el sentido de no identificar sus objetivos con los objetivos estratégicos del país.
PERIODISTA.- Permítame llevarlo nuevamente al tema fondos buitres. En la última audiencia del viernes el juez Griesa amenazó con declarar a la Argentina en desacato. Usted recién hablaba de la Argentina país soberano, pregunto qué implica un desacato por parte de un país, ¿restricciones económicas, llevar a los gobernantes a una corte internacional, qué quiere decir el juez con desacato?
CAPITANICH.- Eso habría que preguntarle al juez Griesa para que explique, porque la verdad es que en la condición de país soberano no existe una orden de desacato sino violando efectivamente la inmunidad soberana del país. Y la verdad es que esto requiere claramente una lógica de análisis absolutamente distinta. Cuando la República Argentina hace la presentación ante la Corte Internacional de La Haya también específicamente se establece que si no acepta la jurisdicción por parte de Estados Unidos debe el mismo Estado promover una solución a la controversia en forma pacífica, tal cual lo prescribe la Carta de las Naciones Unidas, la Carta de la OEA y el derecho internacional. Por lo tanto Estados Unidos es responsable por la actuación de uno de sus respectivos poderes, que es el Poder Judicial, independientemente de la independencia del funcionamiento de los mismos por parte del sistema republicano. Entonces nos parece que es absolutamente claro que aquí cambian los roles, aquí existe claramente una competencia por parte del Departamento Ejecutivo, o sea el Poder Ejecutivo en Estados Unidos, en virtud de que se trata efectivamente de la afectación de las relaciones bilaterales entre ambos países, producto del monopolio de las relaciones exteriores que ejerce el Poder Ejecutivo, claramente, porque cuando se trata de un país soberano y de violación a sus respectivas inmunidades es necesaria la intervención del Poder Ejecutivo, precisamente en virtud de la incumbencia en materia de política de relaciones exteriores. De manera que eso es lo que uno espera, que en definitiva Estados Unidos promueva una solución pacífica de esta controversia en el marco de la política exterior, que es de su exclusiva incumbencia y competencia. Muchas gracias.
