CAPITANICH.- Muy buenos días a todos y a todas. La recaudación del mes de julio fue de 107.090 millones de pesos, implicando un crecimiento del 33,4 por ciento. Desde esa perspectiva, la acumulación de recursos proveniente de la Administración Federal de Ingresos Públicos alcanza a 656.729 millones de pesos en los primeros 7 meses del año, lo cual implica una evolución positiva equivalente al 34,7 por ciento comparado con el mismo período interanual.
En este sentido hay una incidencia de múltiples factores, el IVA neto tuvo un incremento del 29,9 por ciento, en junio había tenido un 28,6 por ciento de la variación interanual. El IVA proveniente de importaciones también tuvo un crecimiento del 33 por ciento, y el Impuesto a las Ganancias tuvo un comportamiento positivo equivalente al 40,1 por ciento anual en términos de comparación interanual. Obviamente esto implica que la recaudación impositiva marca un sendero desde el punto de vista de la actividad económica, el financiamiento y el impacto en materia del resultado fiscal tanto primario como financiero para el sector público nacional.
En segundo lugar, como ustedes saben, la presidenta de la Nación ayer tuvo una jornada muy intensa, y en el transcurso de la tarde generó una serie de acciones muy amplias, por lo tanto es muy difícil sintetizar la cantidad de acciones pero quiero sintetizar por lo menos algunas.
Primero, en teleconferencia junto al gobernador José Luis Gioja de la provincia de San Juan, también el ministro de Defensa, Agustín Rossi, inauguraron la fábrica de explosivos en Jachal, San Juan, que es la quinta unidad productiva de la Dirección General de Fabricaciones Militares, que tiene un efecto de incidencia tanto en el Gran Cuyo como en Catamarca, y logra definitivamente un proceso de sustitución de importaciones y construcción e instalación de un planta para la producción de un explosivo pulverulento Xipolex. Estas soluciones técnicas de logística y de operación del servicio minero, tienden a garantizar lo que estimula el Estado Nacional junto a las provincias argentinas, esto es lograr que la actividad minera tenga una agregación de valor en toda la cadena.
En este sentido, el 85 por ciento del mercado minero está en esa zona, cerca de 150 kilómetros a la redonda en donde está instalada esta fábrica, genera 40 empleos directos a partir de ahora, pero durante toda la ejecución de la obra ha tenido cerca de 800 trabajadores tanto en obra como en talleres, o sea en forma directa e indirecta. Han tenido cerca de 43 profesionales de asistencia directa de Fabricaciones Militares, 42 personas directas iniciales van a ser efectivamente las personas que trabajarán con una inversión de 77,1 millones de pesos, 700 toneladas de explosivo Xipolex que tiende luego en perspectiva a duplicar esa capacidad productiva en los próximos años, e implica una superficie cubierta de casi 5.242 metros cuadrados.
O sea, objetivamente, esta planta implica, primero, lograr la integración de la cadena de valor minera, segundo promueve sustitución de importaciones, tercero genera una integración de carácter vertical de toda la actividad minera desde el punto de vista de su cadena de valor, con una asignación de recursos que tiende a generar actividad económica en provincias argentinas y obviamente en localidades que están enancadas o radicadas en lugares de exploración y explotación minera.
En segundo lugar, puedo citar desde el subsidio de 6 millones de pesos para el Hospital Sor María Ludovica para 900.000 personas de atención en La Plata, Berisso, Ensenada; tiene aproximadamente 320.000 consultas de carácter anual, 340 camas. También todo el desarrollo de cibersalud, toda la tecnología del Hospital Roffo, el Instituto de Histología y Embriología de Mendoza, la asignación de recursos para la reforma en materia de infraestructura para el Hospital de Clínicas.
En fin, creo que ha habido un proceso de asignación de recursos de un modo sistemático en la República Argentina en los últimos 11 años, pero ayer ha configurado un compendio de inversiones de orden estructural tanto en materia de infraestructura sanitaria, como en materia de ciencia e investigación y tecnología, como en el complejo minero para la integración de la cadena de valor.
Pero también quiero destacar una inversión que es muy significativa para el Norte de la República Argentina, cual es precisamente la inversión del gasoducto del Norte. Es una inversión muy significativa, porque tiene 3 etapas. La primera etapa es precisamente el proceso de adquisición de caños y la ejecución de obra de colocación de los mismos. Esto implicó ayer la suscripción de los contratos correspondientes para su ejecución, paralelamente la licitación de los caños y la obra civil de la segunda etapa, y en tercer lugar y en forma simultánea, lo que significa la construcción de los ramales secundarios y la estructura de financiamiento por parte de la Corporación Andina de Fomento para la red domiciliaria, que incorpora aproximadamente 80 localidades sobre un total de 103 que se van a cubrir efectivamente a través de esta estrategia de financiamiento equivalente a 200 millones de dólares.
Es muy importante sostener que en forma paralela se están haciendo todos los estudios técnicos correspondientes para la etapa ulterior que tiene que ver con la extensión del gasoducto para la provincia de Corrientes y también para la provincia de Misiones.
Como ustedes saben, la República Argentina en las provincias del Chaco, Formosa en forma integral, Misiones en forma integral, el caso de Corrientes en forma parcial y Santa Fe, el Norte de Santa Fe, carecían absolutamente de la provisión de gas en red domiciliaria. El gas forma parte del 49 por ciento de la matriz energética argentina; tiene una alta participación en el proceso de generación eléctrica y dentro de megavatios de capacidad instalada, desde el punto de vista del sistema energético nacional.
Y a su vez, por injerencia directa por parte del Estado, tiene un alto componente de subsidio para motorizar el proceso de uso de este insumo estratégico para el desarrollo industrial. La industria tiene un alto subsidio en la Argentina en términos de costo energético, con el objetivo de incentivar la cadena de valor para agregar valor y para motorizar un proceso de producción de bienes y servicios en toda la cadena de valor. Y obviamente tiene un subsidio explícito en el consumo directo para el usuario final, lo cual implica un incremento en el ingreso disponible.
Dicho esto, lo que quiero transmitir, lo digo ya como chaqueño, para un chaqueño, para un formoseño, para un santafesino del Norte o para un correntino o para un misionero, estas son obras anheladas o soñadas durante generaciones y generaciones de habitantes, porque implica no solamente el reaseguro para un mejor nivel de calidad de vida, sino también el reaseguro para los incentivos correspondientes para la radicación de nuevas industrias que implican la potenciación en la generación de producción y empleo.
Por lo tanto, en el Norte Argentino estamos muy agradecidos no solamente por este tipo de obras, sino por todo lo que significa desde la Hidrovía Paraná Paraguay, en términos de señalización, balizamiento y dragado, la recuperación de los puertos fluviales tanto públicos como privados, el desarrollo del sistema ferroviario, también la provisión del gasoducto y también la matriz energética con las redes desde el punto de vista de los electroductos que han garantizado un mejor incremento de la oferta energética.
O sea, son obras que implican una auténtica y profunda reparación histórica. Entonces lo que les quiero transmitir es, aquel habitante que tenía que usar parte de la energía calórica básica que es el tema de la leña, el carbón, luego ha recurrido a la cocina de gas pero precisamente con garrafa, y tener la posibilidad de recurrir a este insumo estratégico tanto para el desarrollo industrial como para el consumo domiciliario, verdaderamente es un salto extraordinario en calidad de vida.
Por lo tanto, creemos que esta obra podrá ser ejecutada lo más rápidamente posible en términos de la garantía del financiamiento en el presupuesto, y a su vez también, porque con el financiamiento complementario para las redes domiciliarias, también generará mucho empleo, casi 10.000 empleos se prevén en términos del efecto multiplicador.
Y ayer también se firmaron los convenios con las universidades públicas de la región para la capacitación de gasistas. Y esto también tiene un valor muy importante en términos de nuevas oportunidades para personal calificado que tenga acceso a nuevos empleos.
PERIODISTA.- Buenos días, Capitanich: quería consultarle, el juez neoyorquino Thomas Griesa confirmó al special master Daniel Pollack, y quería saber si Argentina va a seguir participando de esta instancia de diálogo o no. Y referido al mismo tema, escucho y leo voces de la oposición, no veo ningún otro programa o propuesta alternativa de negociación, en general todo el arco opositor entiende la situación de no violar la cláusula RUFO y negociar después de enero. Ahora sí hay críticas con respecto a que se podía haber hecho algo antes, se podía haber negociado algo antes con los fondos buitres para no haber llegado a esta situación judicial. Ayer la Presidenta decía: nos equivocamos porque laburamos. ¿Es en este sentido? ¿Hubo algún momento de negociación con los fondos buitres en estos últimos años que el gobierno desperdició o alguna crítica que se pueda hacer, una autocrítica que se pueda hacer el gobierno?
CAPITANICH.- Hay una contradicción en sí misma en el sentido de que si existe una prohibición expresa de cualquier negociación que puede ser violatoria de la cláusula RUFO por el plazo correspondiente que rige hasta el 31 de diciembre del año 2014, y paralelamente se dice que podría haber habido una negociación antes, entonces es absolutamente inentendible, es una posición contradictoria en sí misma.
Nosotros claramente entendemos que el mediador Daniel Pollack definitivamente no ha sido imparcial, muy por el contrario ha sido manifiestamente parcial. No ha sido imparcial, ha sido manifiestamente parcial, ha sido permanentemente vocero de los fondos buitres en el proceso de diálogo iniciado por el gobierno argentino. La presidenta de la Nación ha ratificado la voluntad de la República Argentina de propiciar el diálogo, pero diálogo con el objetivo de lograr condiciones de negociación que siempre, reiteramos, son las mismas, justas, legales, sustentables y obviamente equitativas, en el marco de la reestructuración del ciento por ciento de los bonistas.
Entonces creemos que esta decisión del juez Griesa ratificando al mediador Daniel Pollack, en definitiva es ratificar la misma posición por parte del juez que no entiende adecuadamente las dificultades de este proceso. Y a su vez entendemos objetivamente que el rol del mediador es propiciar condiciones de negociación, lo cual implicaría automáticamente convencer al juez para el otorgamiento de un stay, o sea de una medida cautelar que permita el plazo determinado para fijar condiciones de negociación. Es tan simple la solución de esta cuestión que precisamente llama la atención de por qué no se instrumenta.
PERIODISTA.- ¿Es falta de comprensión o mala voluntad?
CAPITANICH.- Claramente, nosotros entendemos que hay una situación de carácter objetivo, mala comprensión por un lado, incapacidad manifiesta por el otro, clara parcialidad respecto a la posición de los fondos buitres y la marcada incompetencia para resolver un problema que ellos mismos han generado. La posición de la República Argentina ha sido muy clara al respecto y creo que lo hemos ratificado en innumerable cantidad de oportunidades.
Respecto a las críticas, podemos hacer un análisis de las críticas de la oposición, plantearon el tema de la prórroga de jurisdicción, en definitiva lo que nosotros afirmamos respecto a prórroga de jurisdicción es que esta prórroga de jurisdicción fue modificada en el año 1976, y que los procesos de reestructuración voluntaria de deuda determinaban las condiciones de la jurisdicción para la renegociación, pero que en definitiva esta no es una cuestión imputable a este gobierno.
En segundo lugar, este gobierno toma una deuda y va cancelando obligaciones de carácter financiero por 190.000 millones de dólares, en 11 años. Por lo tanto reduce la exposición de deuda pública prácticamente a menos del 10% de la deuda pública en manos privadas en moneda extranjera. Y a su vez en definitiva tiene que hacerse cargo de una deuda que no generó, por el principio de continuidad jurídica del Estado, sobre la base de la restricción desde el punto de vista de la jurisdicción y en ese contexto de maniobras especulativas de grupos minúsculos. Si uno analiza desde Martin Wolf, en Financial Times, hasta Andrés Oppenheimer y otros analistas que objetivamente siempre han sido extremadamente críticos con la República Argentina, mantienen una posición favorable a la posición argentina porque básicamente la posición argentina es razonable, es muy clara y se ajusta claramente a derecho. Por eso ayer hemos propiciado, a través de la Comisión Nacional de Valores, una instancia de investigación por maniobras de carácter especulativo y fraudulento. Y a su vez creemos que es indispensable ratificar esta posición. Por lo tanto la República Argentina ha hecho lo que tiene que hacer, que es defender su condición de país soberano, defender su posición porque entendemos claramente los efectos colaterales respecto a tomar decisiones que no estén ajustadas claramente a la Constitución y a las leyes.
PERIODISTA.- En las últimas horas tanto usted como el secretario General de la Presidencia, Oscar Parrilli, ratificaron la idea del gobierno de continuar recolectando apoyos internacionales, tanto en la ONU como en el G-20, pero también de recurrir a la Corte Internacional de La Haya. Quisiera saber si el gobierno maneja tiempos para la presentación ante La Haya y eventualmente para la obtención de alguna resolución al respecto. Y si también considera el gobierno, que como señalan algunos analistas, la presentación ante La Haya podría afectar la relación del país con Estados Unidos, teniendo en cuenta que implicaría no sólo embestir contra los fondos buitres sino contra el Poder Judicial norteamericano.
CAPITANICH.- Cuando existe una controversia jurídica de carácter internacional uno puede recurrir a distintas instancias y también obviamente a estrategias diferentes. Puede recurrir al método de opinión consultiva, con preguntas determinadas respecto al problema que se pretende resolver; en segundo lugar se puede estipular un sistema denominado de introducción de instancias con o sin medida cautelar, para lo cual es absolutamente imprescindible identificar por lo menos tres cuestiones, primero la verosimilitud del derecho; segundo la urgencia, que en este caso se aplica claramente, y tercero la jurisdicción, que puede o no ser aceptada por la otra parte. Lo importante es que frente a una controversia de carácter internacional que implica una disputa entre estados, obviamente hay instancias de carácter internacional que pueden ser utilizadas para la resolución de esta disputa. Esa es una cuestión central.
La segunda cuestión, independientemente de esto, que tiene que ver con la responsabilidad emergente como Estado en una controversia de carácter internacional, es absolutamente imprescindible observar que el mundo, el sistema financiero, el sistema económico internacional, está reclamando la cobertura de un vacío jurídico y legal. ¿Cuál es este vacío jurídico o legal? La inexistencia de un proceso de reestructuración de deuda voluntaria de países soberanos que estén debidamente regulados, desde el punto de vista del ejercicio de las mayorías. Ejemplo, en una ley de concursos y quiebras, en cualquier país del mundo, cuando se da una controversia entre privados, y en el caso de Estados Unidos controversia pública, el caso famoso de Detroit, con su quiebra de casi 19.000 millones de dólares, existe una instancia que tiene que ver con la aceptación por parte de la mayoría de acreedores y el cumplimiento obligatorio de la minoría que no acordó. Ejemplo, si existe una deuda y existe la aprobación del 66% por parte de los acreedores, se vuelve obligatoria para el 34% restante. Acá no existe eso, por eso vuelvo a insistir, Argentina luego de un proceso de reestructuración del 2005 y reapertura en el 2010, generó las condiciones para reestructurar su deuda de un modo voluntario, logró el 92,4% de adhesión, pero el 1%, denominado fondos buitres, toma una deuda desde el 2008 con 48,7 millones de dólares, logra una sentencia de 832 millones de dólares, con 1608% de rentabilidad en dólares. Por lo tanto ese es un nivel de usura convalidado judicialmente que es inaceptable para las buenas prácticas, inclusive del sistema capitalista.
Lo que decimos es que frente a un vacío de carácter jurídico legal a nivel internacional, es absolutamente imprescindible que intervengan otros resortes de la comunidad internacional. Por ejemplo es necesario propiciar un debate de carácter internacional vía conferencia para determinar mediante una convención y un procedimiento de aceptación de los países, un marco regulatorio para procesos de reestructuración de deuda de carácter voluntario en países soberanos. Porque finalmente eso es lo que va a generar una regla y los incentivos van a ser claros, van a estar claros para los acreedores y van a estar claros los desincentivos para el accionar de fondos buitres que se aprovechan de su condición, teniendo a un sistema judicial perverso y que en su cadena más profunda está absolutamente corrompido por la incidencia de este tipo de intereses.
Entonces nos parece que el mundo no puede estar en la existencia de un anarco-capitalismo, que el mundo no puede estar ante un sistema financiero voraz que tiende a una concentración ilimitada de riqueza, el mundo no puede estar definitivamente con la espada de Damocles de grupos minúsculos, oligárquicos, que pueden generar este tipo de acciones que conspiran contra la estabilidad del sistema económico y financiero internacional. No hay ningún grupo minúsculo, amparado por ningún juez de ninguna instancia, o de ningún sistema judicial, que puede vulnerar la condición de un país soberano, porque eso implicaría inequidad desde el punto de vista del trato de países miembros de la comunidad internacional. Por eso creemos que queda claramente una instancia para la discusión: Asamblea de Naciones Unidas, queda la instancia de la convocatoria a una conferencia, queda la instancia para que especialistas de todo el mundo puedan participar de una convención; que esta convención establezca un marco regulatorio para el proceso de reestructuración de deuda, y que ese marco permita generar incentivos para la reestructuración voluntaria de países soberanos y genere no solamente penalizaciones sino desincentivos claros para la acción minúscula de fondos buitres que finalmente distorsionan el funcionamiento del sistema.
PERIODISTA.- Hay dos conflictos gremiales en estos días, uno de ellos es el de los docentes. ¿Tiene previsto el gobierno hacer un llamado a nivel nacional? Más allá de que se ha dado en la ciudad de Buenos Aires, también en la provincia de Buenos Aires y son conflictos más localizados, la consulta primera es si el gobierno va a hacer un llamado a nivel nacional a los docentes para evitar que estos conflictos se den en otras provincias. Y el otro es el de los bancarios. Si bien el gremio ha dicho que tiene un buen diálogo tanto con usted como con el ministro Tomada, se siguen dando repetidamente paros bancarios con distintos reclamos, entre ellos el del impuesto a las ganancias. La consulta es si va a haber algún tipo de reunión para evitar este conflicto bancario.
CAPITANICH.- Con respecto al tema de paritarias docentes, de ningún modo se propicia la reapertura de paritarias de carácter nacional, que rigen por un año. En segundo lugar, quiero transmitir claramente que el proceso de negociación de carácter salarial en paritarias implicó en un contexto en donde la perspectiva era precisamente la tendencia declinante del índice de precios, tal cual se ha logrado. Por lo tanto no existe causal de reapertura de ninguna negociación de carácter salarial en paritarias, cuando la tendencia claramente es declinante en el nivel de precios. Muy por el contrario de lo que se puede argumentar desde el punto de vista de cambio de las condiciones.
Por último, si existen otros factores que tienen que ver con cuestiones de infraestructura u otro tipo de inversiones, eso forma parte de una cuestión que incumbe claramente a cada uno de los gobernadores de las provincias, con sus respectivas representaciones de carácter gremial. En el caso de las paritarias nacionales, tenemos un claro objetivo en el transcurso de este semestre de seguir trabajando con los procesos de capacitación, de propiciar el debate sobre convenciones colectivas de trabajo para el tema de paritarias docentes, y también los mecanismos que impulsan el cumplimiento de objetivos y metas de calidad educativa, que es parte de lo que oportunamente suscribimos en el contexto de paritarias al inicio del presente ciclo lectivo.
Y respecto al otro tema que tiene que ver con el paro bancario, hemos analizado claramente con distintos representantes de trabajadores la incidencia del impuesto a las ganancias y hemos concluido tres cuestiones esenciales: primero, que abarca al 10,4% de los trabajadores; segundo, que no ha habido ninguna variación desde el punto de vista del Decreto 1242/13, esto implica que los trabajadores y jubilados que no estaban alcanzados con el impuesto en el último cuatrimestre del año tampoco lo están para el transcurso de este año 2014. En tercer lugar, existen múltiples iniciativas en el ámbito del Congreso, que presentan ciertas inconsistencias desde el punto de vista técnico, problemas desde el punto de vista de la proyección cuantitativa en materia de datos, y a su vez un debate sobre el tema de la curva respecto al comportamiento del mínimo no imponible.
Pero definitivamente lo que se debate en esencia es si determinados niveles de ingresos deben o no pagar impuesto a las ganancias, y este es un debate de carácter filosófico más estructural, esto es que el impuesto a las ganancias grava manifestación de capacidad contributiva y en consecuencia debemos tener un efecto redistributivo desde el punto de vista de la imposición de las cargas públicas. En este sentido lo que quiero transmitir es con absoluta objetividad: del 100% del sistema de seguridad social, el 60% se financia con aportes y contribuciones, esto es puestos de trabajo, paritarias y más aportes y contribuciones; y el 40% con impuestos. De ese 40% con impuestos, prácticamente la mitad se financia con impuesto a las ganancias. El impuesto a las ganancias para personas físicas y jubilados en la República Argentina alcanza un financiamiento de casi 55.000 millones de pesos. Esto tiene una incidencia muy fuerte desde el punto de vista de la inclusión social para muchas políticas públicas activas. Por ejemplo el plan PROGRESAR proyectado implica erogaciones entre 12.500 y 15.000 millones de pesos por año. Cuando uno observa las políticas activas en materia de incremento, o la aplicación de la movilidad jubilatoria para el haber jubilatorio mínimo y otras políticas conexas, son 93.000 millones de pesos anualizados. Entonces si queremos objetivamente generar políticas públicas de carácter redistributivo que impliquen desde Asignación Universal por Hijo hasta haber jubilatorio mínimo, hasta garantizar oportunidades para la terminalidad educativa y el empleo para los jóvenes, tenemos que tener recursos, y éstos se obtienen de una sola manera, con la recaudación tributaria derivada de la manifestación de capacidad contributiva. Entendemos claramente que hay muchos estamentos de parte de trabajadores que por su nivel de ingresos tienen más ganancias o perciben más ingresos que otros, en consecuencia, a nadie le gusta pagar impuestos y están en todo su derecho de protestar y reclamar, pero también siempre es bueno tener el vaso lleno y el vacío, en el sentido de que algunos protestan porque tienen que pagar impuestos que consideran teóricamente excesivos, pero hay hermanos nuestros que muchas veces necesitan esa mano solidaria que le da el que más tiene al que más necesita, esto es esa persona que todavía no ha encontrado un empleo digno, esa persona que tiene un empleo informal, esa persona que está enferma, esa persona que en muchos casos necesita la acción del Estado. Por eso creo que hay que tener un debate muy claro, porque si no pareciera ser que todos tenemos el mismo grado de importancia en la discusión correspondiente, y creo que es bueno pensar que para cumplir determinado tipo de metas, para erradicar la pobreza, la indigencia, para garantizar al máximo los procesos de inclusión social, es necesario contar con recursos, y los recursos hay que obtenerlos legítimamente del sistema tributario, y dentro del sistema tributario de los que más ingresos obtienen. Muchas gracias.
