Capitanich señaló que Argentina "no está, no estará y no puede estar en default" porque el Estado paga a sus acreedores y aseguró que si los tenedores de bonos de la deuda argentina no pueden cobrar los fondos depositados es por la decisión del juez Thomas Griesa y no del gobierno argentino.

En su habitual conferencia de prensa en Casa Rosada, Capitanich dijo: "Argentina paga, Argentina cumple regular y responsablemente. Es un juez el que impide que los acreedores reciban los fondos que ya han sido depositados", en respuesta a la nueva solicitada publicada por American Task Force Argentina aparecida hoy en medios nacionales.

El funcionario nacional sostuvo que "son los acreedores los que deben pedir al juez" estadounidense Thomas Griesa que libere esos fondos para que sean cobrados y reiteró que "existe una decisión judicial que impide la percepción de ese pago".

El ministro coordinador explicó que "Argentina paga de un modo regular y continuo", y que siempre ha tenido la posición argentina disposición al "diálogo" para "generar las condiciones de negociación".

"Argentina ha propiciado siempre un discurso unívoco respecto a esta posición: promovemos el diálogo para lograr condiciones de negociación justas, equitativas y legales para el 100 por ciento de los bonistas", dijo Capitanich.

El jefe de ministros descalificó el término "default técnico" que utilizan algunos para hablar de la situación argentina, y dijo que "es un eufemismo que no existe" y agregó que este término "es articulado por calificadoras de riesgo o por accionistas que buscan ejecutar acciones contra el país".

El funcionario remarcó en su exposición: "El eufemismo default técnico existe sólo en la literatura de agentes nacionales e internacionales que pretenden poner a la Argentina en una situación en la que no está".

En este sentido, Capitanich advirtió que tampoco hay posibilidades de "un default promovido por un acreedor" y enfatizó: "Argentina no está en default, no va a estar y no puede estar" porque "Argentina paga, Argentina cumple, regular y responsablemente con los acreedores", consignó Capitanich.

En su discurso, el funcionario explicó el accionar de los fondos buitres que " nunca pusieron un centavo en Argentina, sino que -por el contrario- adquirieron acciones a precio vil para promover acciones contra el país, y ahora pretenden establecer recomendaciones para la economía argentina".

Por ello, el jefe de ministros aseveró que la posición nacional es "clara y contundente", y reiteró que "Argentina está dispuesta mediante el diálogo a generar condiciones de negociación". "Es imposible hablar más claro. Hemos concurrido a todas las audiencias", aseguró.

Por último, Capitanich apuntó a "las potencias en el mundo, principalmente los Estados Unidos, que promueven acciones en organismos multilaterales de crédito generando trabas a la aprobación de préstamos para Argentina", y citó el caso del Banco Mundial. En esa misma línea, el funcionario señaló a las calificadoras de riesgo, que cuestionan el riesgo argentino en términos de calificación.

UTA

Por otra parte, Capitanich informó que el gobierno "homologará unilateralmente" el aumento a los trabajadores del transporte de larga distancia en el marco de las negociaciones paritarias si los empresarios no cumplen con el plazo dispuesto para suscribir el acuerdo, y anunció un programa de reordenamiento del transporte.

El jefe de Gabinete adelantó que si las empresas dedicadas al transporte de larga distancia no suscriben las paritarias acordadas o no cumplen con un nuevo marco regulatorio impuesto por el Estado verán vencidos, automáticamente, sus permisos precarios.

"Nosotros consideramos que el rol del Estado es garantizar la prestación eficiente de los servicios, en el marco de la seguridad correspondiente; segundo, se puede ejecutar este programa a través de los permisionarios actuales o no; y que hemos decidido que aquellos que no estén dispuestos a suscribir las paritarias o, eventualmente, a cumplir el marco regulatorio por parte del Estado automáticamente se les vencerán los servicios precarios", aseveró Capitanich.

Luego del levantamiento del paro dispuesto para hoy por la Unión Tranviaria Automotor (UTA), el funcionario nacional anunció que desde el 1° de agosto "caerán los permisos precarios para quienes no presten servicios" y que a tal efecto se establecerá un programa de reordenamiento del transporte de pasajeros que "incluye la licitación de líneas de transporte".

"Tendrán que ingresar a este programa para participar en el proceso de licitación correspondiente en el marco del acuerdo paritario y los que no ingresan tendrán obligación de continuar hasta que el Estado disponga", indicó Capitanich

Al fundamentar la decisión, el ministro coordinador afirmó que "hemos avanzado con representantes de distintas cámaras para evaluar cada uno de los corredores, el impacto de tarifas aéreas, el sistema de frecuencias y los mecanismos para garantizar prestación eficiente del servicio".

En ese contexto, el funcionario anunció que la medida se adopta para "garantizar la prestación eficiente del servicio en el marco de la seguridad correspondiente". "Hemos decidido que aquellos que no están dispuestos a suscribir paritarias o a cumplir el marco regulatorio, automáticamente vencerán los permisos precarios y se promoverá la licitación y ejecución del marco regulatorio", completó el jefe de ministros.

La tendencia del índice de precios es declinante

Capitanich destacó que la tendencia del Índice de Precios al Consumidor Nacional Urbano (IPCNU), que en junio fue de 1,3 por ciento, es "declinante" y se "puede afianzar en el tiempo". "Es un dato objetivo. La tendencia del índice es declinante y eso es positivo para el pueblo argentino. Consideramos que se puede afianzar en el tiempo, con políticas que tiendan a seguir sosteniendo los niveles de actividad y una tendencia declinante en materia de precios", afirmó el jefe de Gabinete.

EL ministro coordinador se refirió al índice que registró durante junio una suba del 1,3%, impulsado por los rubros equipamiento y mantenimiento para el hogar, atención médica y educación, según informó ayer el INDEC. De esta manera, el funcionario explicó el primer semestre del año cerró con un avance acumulado del 15 por ciento, en un escenario en el que se observa una tendencia declinante a partir del pico máximo alcanzado en enero.

Capitanich argumentó que "los mayores estímulos deben estar en expandir la tasa Fondear, y también en las políticas de subsidio de las tasas de intereses", y remarcó la necesidad de "incrementar la tasa de inversión imperiosamente y las exportaciones".

Por último, el jefe de ministros explicó que "están dadas las condiciones para expandir en el segundo semestre las exportaciones de biodiesel, maíz y complejo sojero, en un contexto internacional donde hay inconvenientes para incrementar el volumen de exportación".

Informe sobre pobreza de la UCA

También, el jefe de ministros manifestó que la publicación de la Universidad Católica Argentina - que mañana dará a conocer los resultados de una nueva edición del llamado Barómetro de la Deuda Social y que fueron adelantados hoy por un diario nacional - se realiza en base a "la medición de 5.700 hogares contra los 17.500 que medía el INDEC".

Al respecto, Capitanich señaló "la inconsistencia metodológica" de la medición de la pobreza que realiza el Observatorio de la Deuda Social Argentina de la UCA al indicar que, de acuerdo con sus mediciones, el coeficiente de Gini del país equivaldría al de los países escandinavos.

"Si uno hace la comparación correspondiente, uno observa que el coeficiente de Gini calculado por la UCA da 0,27, o sea que, en definitiva, es absolutamente inconsistente porque determina un índice de pobreza superior con un índice de igualdad que difiere sustancialmente respecto del emanado por el INDEC, que es del 0,41", afirmó Capitanich.

En este sentido, el ministro coordinador recordó que, "de acuerdo con la anterior medición hasta el 2013 del INDEC", ese coeficiente era del 0,41, mientras que el derivado del último estudio difundido era de 0,27, o sea -subrayó- "prácticamente la igualdad de los países escandinavos". "Nosotros observamos una inconsistencia metodológica en su publicación", sostuvo el jefe de Gabinete.

Al poner el acento en la disparidad del coeficiente de Gini emanada del estudio de la UCA en relación al oficial, Capitanich explicó que "mide el grado de igualdad en la distribución del ingreso en una sociedad", y que "más cerca a cero implica más igualdad y más cerca a 1, más desigualdad".

Publicidad oficial

Al ser consultado sobre un incremento en el presupuesto de la publicidad oficial, el funcionario precisó que la asignación de la publicidad oficial desde 2009 en adelante tiene "un incremento sustancial en la participación de los medios de comunicación del interior del país" porque "se trata de una pauta con carácter de sentido federal".

Capitanich sostuvo que la publicidad oficial con respecto a la privada es "inexistente", y subrayó que es "no más del 3%, en un mercado que es equivalente a 30 mil millones de pesos y una cobertura del 73% en cinco empresas" y con "la medición del rating asociada a las principales empresas que reciben pautas".

En ese sentido, el jefe de ministros señaló que "para 2013 había 1.228 proveedores lo que permite acceso a la información y garantía de equidad distributiva de pauta publicitaria para todo el país".

Asimismo, Capitanich afirmó que la publicidad privada en el país "está hiperconcentrada y parte de la manipulación se debe a los sistemas de medición", al tiempo que manifestó como una "falsedad absoluta" que desde la publicidad oficial es posible la manipulación de los medios de comunicación.

A continuación, el ministro coordinador subrayó que es "absolutamente necesario y prioritario por parte del Estado garantizar las información y el acceso a la información en todo el país, y eso se está cumpliendo a partir del incremento y expansión de proveedores de distintas provincias".

Finalmente, el funcionario concluyó su encuentro con la prensa asegurando que "si uno toma 2009-2013 el 143% es el incremento de la publicidad privada versus 81,9% de la publicidad oficial", y subrayó que "existe plena transparencia y publicación de las partidas como corresponde".