PALABRAS DEL JEFE DE GABINETE, JORGE CAPITANICH, DURANTE EL CONGRESO FEDERAL SOBRE REFORMAS LEGISLATIVAS, EN MAR DEL PLATA, PROVINCIA DE BUENOS AIRES.
Muchas gracias, muy buenas tardes noches ya a todos y a todas, para mí es un gran gusto, como Jefe de Gabinete de Ministros, de la República Argentina, por mandato y representación de nuestra Presidenta, la Doctora Cristina Fernández de Kirchner, expresar las salutaciones a todos y cada uno de ustedes, que han participado en este congreso federal, sobre Reformas Legislativas, un congreso que ha contado destacados participantes, juristas de notas nacionales e internacionales, miembros de la sociedad civil, magistrados, funcionarios y por supuesto, en el contexto de un debate profundo, sobre reformas estructurales en materia legislativa en nuestro país.
Por eso, es oportuna este congreso para establecer, por lo menos, tres cuestiones esenciales para exponer: en primer lugar, formular una breve reseña histórica respecto a la introducción de los cambios, desde el punto de vista del sistema judicial, desde el año 2003 a la fecha; en segundo lugar, establecer claramente los objetivos y metas, de la gestión, que encabeza la Presidenta Cristina Fernández de Kirchner, para los años 2014 y 2015 y por último, asumir claramente nuevos desafíos que tienen que ver con cambios de carácter legislativos y a su vez procesos de aplicación, normativa que garanticen la defensa de derechos esenciales para cada uno de los habitantes de territorio argentino.
En primer lugar, quiero transmitir que el Presidente Néstor Kirchner oportunamente impulsó la auto-limitación de sus facultades, mediante aquel decreto 222, del año 2003, que tuvo su correlato también en el decreto 588, precisamente con el objeto de establecer un proceso de selección de los miembros de la Corte Suprema de Justicia, a los efectos de establecer un criterio que implicaba procedencia, género y especialidad a los efectos de garantizar el funcionamiento de un Poder Judicial, que inexorablemente esté a la altura de los cambios estructurales en el sistema político. Y me parece que es importante también observar una política de derechos humanos que ha permitido que la República Argentina lidere en el concierto de las naciones del mundo un impulso bajo principios esenciales irrenunciables de memoria, verdad y justicia para la declaración de insanablemente nula de las leyes de Punto Final y Obediencia Debida y que valoraron un reconocimiento en el ámbito nacional e internacional. (APLAUSOS).
Estás reformas de orden estructural, desde el punto de vista de la selección y también de la organización en el Sistema Judicial, ha marcado un sendero conjuntamente con un crecimiento sistemático de la actividad económica, del Producto Interno Bruto que implicó un crecimiento de la recaudación tributaria, y a su vez también del financiamiento del Poder Judicial con un sistema automático de transferencia de recursos que a su vez ha permitido no solamente un incremento sustancial de los recursos para el funcionamiento del Poder Judicial, sino también para el incremento sistemático de la remuneración de magistrado y funcionarios. Y eso es preciso reconocer.
En ese contexto de mejoramiento de la asignación de recursos implica también la responsabilidad de los respectivos poderes del Estado para la administración de estos recursos no solamente respecto a las remuneraciones, sino también respecto a la infraestructura edilicia, respecto a la tecnología informática, respecto a la capacitación, respecto a un modelo de prestación de un servicio de Justicia de calidad, de eficiencia y con acceso a todos los habitantes y ciudadanos. Y eso, obviamente, no solamente requiere de recursos, sino que requiere de organización y de una capacidad efectiva de gestión que garantice el acceso de Justicia a todos los habitantes.
En segundo lugar, quisiera referirme a los objetivos y metas que ha instruido la Presidenta de la Nación, para que quienes compartimos este panel tengamos la responsabilidad de transmitirlo a toda la sociedad y a todo el pueblo argentino: nosotros en la actualidad tenemos, aproximadamente 980 jueces, camaristas y miembros de tribunales orales y un número aproximado de 220 vacantes, para lo cual nuestro objetivo y nuestra meta es impulsar y propiciar un funcionamiento adecuado del Consejo de Magistratura, que ha demostrado de un modo elocuente la capacidad de articular un sistema de consensos para la elección de sus autoridades, con el objeto de garantizar su funcionamiento para lograr la cobertura del ciento por ciento de las vacantes, con el acuerdo del Honorable Senado de la Nación, de acuerdo a la Ley 26.376.
Nos parece a nosotros que es una meta que implicará definitivamente adecuar precisamente el funcionamiento del Poder Judicial, conforme a mecanismos que garanticen su plena aplicación. También es muy importante sostener que con el inicio de las sesiones ordinarias, en el Congreso de la Nación, cuya apertura será precisamente el día sábado, primero de marzo, con la presencia de la Presidenta Cristina Fernández de Kirchner, nosotros consideramos que en la agenda legislativa es posible, durante el mes de marzo, lograr el tratamiento de la revisión, o sea de la media sanción restante para el Digesto Jurídico, que implicará reducir todo el plexo normativo existente de leyes y decretos – de casi 32.000 casos – a aproximadamente 3.200 leyes. Y eso me parece que es muy importante desde el punto de vista de lo que ha significado, desde la reforma constitucional de 1994 hasta la constitución de las comisiones específicas, hasta el gran trabajo que han formulado desde el Ministerio de Justicia, a los efectos de lograr el proyecto correspondiente y el tratamiento en las cámaras. Por lo tanto, el Senado de la Nación seguramente lo tratará, en el mes de marzo, y en consecuencia será convertido en ley de la Nación.
Del mismo modo que es necesario precisar el tratamiento de la Ley de Responsabilidad del Estado, conjuntamente con el tratamiento del Código Civil y Comercial, que ya cuenta con media sanción, por parte del Senado de la Nación, y será seguramente tratado en el ámbito de la Cámara de Diputados de la Nación. Como ustedes saben si no tiene ningún tipo de reforma será convertido en ley, de lo contrario volverá nuevamente en revisión al Senado, pero ineludiblemente en el transcurso del próximo trimestre, a partir del mes de marzo, el Código Civil y Comercial de la Nación, con más de cien calificados juristas, con un sistema de consulta pública, con un nivel de debate profundo en nuestra sociedad argentina se convertirá seguramente en ley. (APLAUSOS).
A su vez la Presidenta de la Nación ha recibido una iniciativa por la comisión específica, respecto a la reforma del Código Penal, iniciativa que será girada al Honorable Congreso de la Nación y que se espera que durante el año 2014 podamos tener el debate correspondiente en el ámbito del Congreso – en ambas cámaras – y seguramente obtener la reforma correspondiente y vamos decididamente a impulsar el primer Código Contencioso Administrativo Federal, que es un desafío que seguramente se establecerá en este año legislativo. (APLAUSOS).
Y por supuesto, también, existe otro gran desafío que es la Ley Orgánica del Servicio Penitenciario Federal, para propiciar la desmilitarización y generar las condiciones también de inversiones, en materia de Centro Federal Penitenciario, de Cuyo, en Mendoza, que es una obra que debe ejecutarse y también la licitación del Complejo Penitenciario Federal, de Mercedes, que es otra de las asignaturas pendientes desde el punto de vista de inversión en materia de infraestructura edilicia. (APLAUSOS).
No obstante lo cual, es absolutamente necesario generar las condiciones, porque comparto lo que decía Horacio recién, respecto a los roles específicos de los gobernadores de las provincias argentinas, no solamente en términos de cumplimiento efectivo del mandato constitucional del artículo 18 de nuestra Constitución nacional, sino también del mejoramiento de la infraestructura y del pleno funcionamiento de los mecanismos de prevención contra la tortura en lugares de encierro.
La experiencia que tiene la provincia del Chaco, es una experiencia muy positiva y creo definitivamente debería ser extendida a cada una de las provincias argentinas porque implica un fuerte compromiso de participación de la sociedad civil para la prevención de este tipo de torturas en lo lugares de encierro.
De manera que nos parece que, atento a la historia reciente de una eficaz decisión desde el punto de vista del proceso de selección de jueces hasta la asignación presupuestaria hasta el mejoramiento de la organización del sistema judicial y con el proceso de modificación de carácter estructural de estas normas precedentemente consideradas, creo que se da un andamiaje desde el punto de vista de reforma estructural en el sistema judicial que merece el reconocimiento de la sociedad argentina.
Y, por último, quisiera expresar desde una perspectiva estrictamente política lo que considero que son los enormes desafíos que tenemos por delante, tanto quienes tenemos la posibilidad de ejercer circunstancialmente responsabilidades en el ámbito del Poder Ejecutivo, como así también los que tendrán o tienen responsabilidades en el Congreso como diputados o senadores y también magistrados y funcionarios.
Los enormes desafíos en la sociedad moderna, implican interpretar expresamente su propia dinámica, sus exigencias y sus demandas. Y en este contexto, nos parece muy importante observar que en un contexto de ampliación sistemática de derechos civiles, de derechos políticos y de derechos sociales, la Justicia no puede estar ajena a ello. La Justicia debe garantizar el pleno ejercicio de estos derechos y debe garantizar el pleno acceso por parte de los habitantes y de los ciudadanos.
En consecuencia, los derechos no deben ser expresados solamente desde el punto de vista potencial, deben ser expresados en la praxis y eso equivale a lograr los mecanismos de acceso por parte de todos los habitantes y de todos los ciudadanos.
Creo que es el gran desafío, pero también existen desafíos que se expresan con notoriedad en la discusión coyuntural, como por ejemplo, la plena garantía del ejercicio de libertad de expresión y el rol desde el punto de vista del Estado para garantizar el funcionamiento de una sociedad plural, abierta y democrática en donde la injerencia del Poder Judicial debe estar limitada al pleno cumplimiento de esta garantís constitucional, pero no subrogar la competencia de la voluntad del legislador para fijar pautas que impliquen injerencia en el poder administrador respecto a la asignación de recursos.
La libertad de expresión debe ejercerse en forma amplia y plural, pero también debe exigirse la plena garantía por parte de los distintos poderes del Estado en el cumplimiento de sus respectivas competencias.
Y a su vez, asumir en un contexto de concentración del poder económico a escala planetaria la necesidad de que el Estado se erija en un artífice de la regulación económica, para lo cual, la evolución de la aplicación del derecho económico a escala nacional e internacional debe inexorablemente proteger los derechos de consumidores y de usuarios.
Por lo tanto, esto exige definitivamente una nueva organización del sistema jurídico tendiente a tutelar un bien jurídico esencial que es, precisamente, la plena vigencia de los derechos del consumidor y de los usuarios.
En este sentido, quiero expresar que el sistema económico internacional promueve la inequidad distributiva, promueve la concentración económica, promueve el ejercicio abusivo del poder, promueve la posición dominante desde la articulación de monopolios y oligopolios que generan a través de su posición dominante y de su abuso de poder económico, un proceso a partir del cual se genera una concentración de riqueza que promueve lo que todos hoy sabemos, que el 1 por ciento de la población mundial concentra el 43 por ciento de ingreso y que el 50 por ciento de la población mundial concentra tan solo el 2 por ciento del ingreso.
Esa inequidad distributiva, tiene su correlato en la concentración económica y la concentración económica tiene correlato en el abuso de posición dominante y eso exige un Estado con capacidad regulatoria para regular adecuadamente la posición monopólica o la posición oligopólica o la defensa de la competencia a los efectos de que nadie pueda imponer arbitrariamente un precio alterando el funcionamiento de una cadena de carácter económica y comercial que genera, por un lado, una exacción de riqueza al productor que tiene menos compensación y, por otro lado, una exacción abusiva del ingreso del consumidor que es el más perjudicado. Y que, en consecuencia, genera un posicionamiento de carácter estratégico en la posición dominante.
Esto exige una revisión clara de las instancias administrativas y judiciales y esto exige que efectivamente nos pongamos del lado del consumidor y del usuario y esto exige que desde el Estado seamos capaces de establecer los criterios regulatorios adecuados para que la democracia política se transforme en democracia económica para lograr equidad y justicia distributiva. De lo contrario, propender a la convivencia de una sociedad democrática en forma armónica y civilizada, contrasta con la inequidad para el ejercicio efectivo de los derechos.
Si pretendemos que el Derecho sea aplicado de un modo universal y de un modo equitativo, entonces es absolutamente necesario garantizar que el Estado sea ejercido por gobiernos legítimamente elegidos por la voluntad popular que, en definitiva, se traduce en la clara visibilidad del ejercicio efectivo de una acción.
Por eso, nos parece que es parte de los desafíos que tenemos que asumir en el futuro: cómo garantizar que, a partir de un nuevo marco normativo y de una efectiva aplicación por parte de la Justicia, seamos capaces de defender a consumidores y usuarios evitando el poder abusivo desde el punto de vista económico para que en definitiva, nadie pueda apropiarse del excedente de la cadena de valor ejerciendo una posición dominante. Lo vemos hoy en donde advertimos que muchos comerciantes y muchos empresarios, de un modo inescrupuloso, aumentan los precios afectando el poder adquisitivo del salario de los trabajadores y de los consumidores.
Esa, es una responsabilidad de todos; ese, será un desafío colectivo y, ese, es el mensaje que inexorablemente tenemos que ser capaces de asumirlo, de garantizar el debate y de profundizarlo en el transcurso de este año para que, finalmente, podamos vivir en una sociedad abierta, plural, democrática y equitativa.
Muchas gracias. (APLAUSOS)
