CONFERENCIA DE PRENSA DEL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS, JORGE CAPITANICH, EN LA CASA DE GOBIERNO

CAPITANICH.- Buenos días a todos y a todas. En principio quiero referirme en la presente conferencia de prensa a la sentencia emanada de la Corte Suprema de Justicia, que todavía el Estado Nacional no ha sido notificado, pero seguramente por cuestiones formales se lo hará en el día de la fecha. Ha ratificado el fallo de la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal sala 4. Esto implica que obliga al Estado a que en el plazo de 30 días en el que quede firme la sentencia, tiene que presentar un plan de distribución de publicidad oficial a Canal 13 en paralelo con el resto de los canales análogos. La sentencia tiene disparidad de criterios respecto a los jueces, hay tres jueces que son precisamente el presidente de la Corte Lorenzetti, el doctor Carlos Fait y Juan Maqueda, que han suscripto los trece considerandos de la sentencia, y otros no coincidieron o tienen observaciones diferentes como el juez Zaffaroni que remite el expediente a dictamen de la Procuradora o del mismo modo otra actitud respecto a otros miembros de la Corte respecto a la cuestión de la sentencia. Pero lo importante es que de estos tres miembros que establecen la suscripción de los 13 considerandos de la sentencia, consideran que el Estado ha incumplido criterios del fallo Perfil y que esa conducta viola principios constitucionales, que a su vez promueve el desconocimiento de la división de poderes, que resulta inadmisible en un estado de derecho y que implica un grave deterioro del estado constitucional democrático, eso en síntesis. Nosotros queremos responder enfáticamente a esto de la siguiente manera. Primero, es falso, de falsedad absoluta que el Estado nacional incumple el fallo en el caso Perfil. El Estado ha cumplido y cumple cabalmente el fallo desde el mes de abril del año 2013, a partir del cual se presenta en Juzgado de Primera Instancia la acreditación de sus cumplimientos. En el caso concreto la Editorial Perfil plantea objeciones que son inválidas en virtud de comparar peras con manzanas, en definitiva la sumatoria total de las pautas de publicidad incluye no solamente la asignación de pautas con recursos del Estado sino también en compensación de dación en pago del decreto 1145 del año 2009 vigente, por lo tanto son cuestiones absolutamente no comparables.

Y lo que nos causa preocupación es que la Corte Suprema de Justicia pretende arrogarse precisamente la voluntad del legislador estableciendo criterios de distribución de pautas de la publicidad oficial. Esto verdaderamente para nosotros implica violación flagrante de la división de poderes. Hay cuatro jueces obviamente que no convalidaron esta postura, pero nos parece muy importante que genere este fallo de la Corte Suprema de Justicia un debate profundo en la República Argentina asociado a algunas cuestiones de carácter esencial. Me parece muy importante que el debate sea sobre la base de la libertad de expresión y de la libertad de empresa, y también de la vigencia plena de un principio inalienable del sistema republicano que es la publicidad de los actos de gobierno.

¿Por qué transmito este debate entre libertad de expresión y libertad de empresa? Porque existirá plena, absoluta e irrestricta libertad de expresión en tanto y en cuanto ustedes como periodistas, como trabajadores de la prensa, puedan opinar de manera sistemática en contra de la editorial a la cual representan. A mí me gustaría saber si efectivamente todos los periodistas tienen toda la libertad para escribir sistemáticamente en contra de la editorial del diario que les paga sus respectivos sueldos o de los medios de comunicación orales, escritos o televisivos. Me parece que ese es el gran debate, porque hace a la esencia de la libertad de expresión. Por ejemplo, que en grupos que están asociados a Papel Prensa, que en plena dictadura militar se asociaron con la dictadura más genocida del país para apropiarse de Papel Prensa, con el objeto de establecer un mecanismo que garantice la provisión de un insumo a bajo costo destruyendo la competencia. Eso verdaderamente debería o merece que los mismos diarios puedan publicar todos los días el esclarecimiento activo de los hechos en contra de la línea editorial, sin ocultar. Porque en general la información no solamente implica expresar vivamente la misma, es decir la información, sino también el ocultamiento manifiesto y, en muchos casos, doloso de la información. Todos sabemos que el gran debate precisamente en Argentina y en el mundo tiene que ver con esta relación. Porque paralelamente con esto, si la Corte Suprema de Justicia o la Justicia se arroga la voluntad de legislador y establece un parámetro administrativo de cómo distribuir pautas de publicidad oficial, del mismo modo entonces debería obligar a los medios de comunicación a divulgar, por el ejercicio efectivo del principio de la división de poderes y del principio de publicidad de los actos de gobierno, cuando se inaugura una vivienda, porque es cumplir con un mandato constitucional y del principio de publicidad de los actos de gobierno, cuando se inaugura una obra de agua potable, cuando se inaugura una obra de redes cloacales, cuando se inaugura una obra de carácter energética, por ejemplo de energía atómica o hidroeléctrica, o de una ruta o de una autovía. Muchas veces, y ustedes lo saben, la presidenta de la Nación ha tenido que utilizar la cadena nacional para divulgar estas obras, y el día ulterior en los diarios principalmente opositores no salía ni siquiera un renglón respecto a la obra o el número de obras que se inauguraban, porque eran no solamente a través de un discurso explícito, sino también a través de teleconferencias en distintos lugares del país.

Entonces me parece que es absolutamente necesario y justo que ese debate se profundice en la Argentina, que este sea el inicio de un gran y profundo debate, en donde participen los periodistas, los trabajadores de prensa, ustedes que interactúan permanentemente, para defender una posición de profunda libertad de expresión. Todos sabemos que en Argentina y en el mundo existe un debate respecto al poder y básicamente el poder cambiante y el poder inalterable, el poder económico verdaderamente es el poder inalterable, y el poder económico tiene una estrategia desde el punto de vista de concentración de acción psicológica a través de los medios de comunicación y a su vez un sistema de influencia corporativa en el Poder Judicial. Qué rara casualidad que ambos poderes concentrados no tengan la manifestación de la voluntad popular. Los políticos, que tanto somos criticados por esos factores de poder, nos sometemos todos los días a la luz y a la consideración pública y también nos sometemos periódicamente a la voluntad popular. Precisamente esa acción promovida por los grupos económicos concentrados y mediáticos concentrados con acción psicológica establece líneas de acción para desestabilizar gobiernos, para debilitar a los gobiernos, para quitar confianza y credibilidad a los gobiernos. De manera que aquí de lo que se trata es del debate más profundo en la República Argentina, que es el debate del poder, el poder en la Argentina y el poder en el mundo, el poder inalterable oculto y el poder visible. El poder visible es aquel que emana de la voluntad popular, el poder oculto es el que emana de la acción psicológica derivada de grupos económicos a través de agentes encubiertos o explícitos. Este es el debate y por eso celebramos que este fallo brinde esta posibilidad. Pero no es un problema del oficialismo, también es un problema de la oposición. Este es un problema de los actores políticos del sistema nacional y universal, porque esta es la dimensión respecto a cómo influye el poder en sus diferentes manifestaciones. ¿O acaso no se hacen guerras preventivas para vender armas? ¿Quiénes financian las guerras preventivas o la carrera armamentista? Las financian los grupos económicos concentrados que promueven y venden armas, en donde la muerte no les importa un bledo. Esto ocurre en el mundo; el tráfico de armas o el tráfico de estupefacientes o el lavado de dinero a través de activos financieros, a través de paraísos fiscales que los promueven las grandes potencias. Este es el principal debate del mundo y eso implica un debate abierto, plural y democrático.

Por lo tanto me parece que es absolutamente necesario observar con rigurosidad esta cuestión, porque finalmente el Estado es ejercido por un gobierno que a su vez es elegido por la voluntad popular por un período determinado de tiempo. Ahora bien, el poder económico a través de acciones explícitas o implícitas pretende gobernar siempre, por fuera de la voluntad popular, solamente favoreciendo a sus propios intereses.

Por eso me parece que así como una vez el 7 de junio del año 1810 se creó La Gaceta por Mariano Moreno, que era el órgano de difusión de la Revolución de Mayo, me resulta interesante una pregunta: ¿cuál sería el fallo de la Corte Suprema de Justicia en ese momento? ¿Regularía la publicidad oficial para transmitir las medidas revolucionarias de un cambio profundo o estaría atendiendo la pauta oficial provista por el virrey Cisneros? Esta es la discusión profunda, entender claramente el rol que tienen muchas veces los medios de comunicación respecto a procesos de cambio que se dan en esta cuestión. Y obviamente, con mucho respeto, la tribuna de doctrina del diario La Nación ha sido un instrumento de profunda difusión política de don Bartolomé Mitre y todos sus herederos. Y dicho sea de paso es muy bueno pensar como actúa la Corte Suprema de Justicia, con absoluta equidad, porque hace 10 años hay una acción de amparo donde el Estado promueve la percepción de una deuda equivalente a 350 millones de pesos por deuda impositiva, precisamente con el diario La Nación, y hasta ahora no se ha expedido, 10 años. La verdad que se ha expedido más rápido en esta cuestión, sería bueno tener equidad de trato a los efectos de poder valorar adecuadamente la cuestión.

Lo que me parece importante y está muy en relación con esto, son las declaraciones de Miguel Bein. La verdad que me sorprendieron, como un economista que ha sido viceministro de Economía de José Luis Machinea en oportunidad de la presidencia de Fernando de la Rúa, donde ha determinado con mucha claridad que los mercados venían envalentonados de hacer volar al gobierno por los aires. Lo que nosotros expusimos con mucho énfasis lo ha expuesto una personalidad en materia económica como es Miguel Bein.

También quería transmitir que se ha establecido un proceso de análisis junto a la industria de los medicamentos para retrotraer los precios al 15 de enero, desde la semana que viene en todo el país por 18.000 productos. Asimismo y por iniciativa de la industria ellos han planteado una disminución de 600 precios a diciembre, que es lo que pretende ser divulgado a través de una lista de publicación por parte de la industria, y serán distribuidos a casi 12.000 farmacias. Paralelamente la Secretaría de Comercio ha detectado comportamientos dispares en la evolución de precios de los diferentes laboratorios y se analizarán los casos particulares que han tenido incrementos injustificados. Aquí tenemos una denuncia del 6 de febrero realizada por tres asociaciones de consumidores, que tendremos la oportunidad de analizar.

Por último quiero decirles que en materia de inspecciones y sanciones los incumplimientos que se constatan –porque ustedes lo preguntaron- son de la Ley 24.240 de Defensa del Consumidor y 22.802 de Lealtad Comercial. Hay muchas infracciones, pero lo que quiero darles son los números en general y esto va a salir publicado en el transcurso de esta semana: 125 actas labradas a partir del 27 de enero, a dictaminar en áreas legales 36 y 10 resoluciones sancionatorias próximas a publicación. Quedo a la espera de sus respectivas preguntas.

PERIODISTA.- Dos consultas le quería formular. La primera está vinculada al área del Ministerio de Transporte y tiene que ver con la resolución publicada en el Boletín Oficial respecto a las cesión que se hace de la concesión de los ramales Mitre y Sarmiento a Roggio. ¿Qué es lo que determinó que el gobierno tome esta medida y qué nos puede decir al respecto? Otro tema, Fútbol para Todos. Durante el fin de semana hasta que se inició el torneo hubo muchísimas versiones y entre ellas también se publicó con respecto a Marcelo Tinelli que usted había presentado la renuncia y estaba molesto. Eso es lo que yo quería saber.

CAPITANICH.- Con respecto a eso desmiento categórica y enfáticamente, como ya lo hice. En segundo lugar, Fútbol para Todos ha tenido más de 5.000 horas de transmisión, un equipo que viene trabajando con mucho énfasis y seguirá trabajando naturalmente respecto a los objetivos y metas que nos hemos fijado, de manera que eso se va a cumplir regularmente.

Respecto a la cuestión asociada al tema transporte no quiero opinar porque seguramente lo hará el ministro Randazzo en el día de la fecha, así que lo van a escuchar a él.

PERIODISTA.- Consultarlo por el viaje de una delegación de diputados uruguayos a Malvinas, qué posición tiene el gobierno al respecto, fue para firmar acuerdos comerciales y hasta cerrar un posible viaje de Montevideo a las islas, y si tiene algo que ver con alguna traba comercial que habría impuesto la gestión del gobierno.

CAPITANICH.- Nosotros daremos a conocer la posición argentina a través de Cancillería en el transcurso del día de la fecha. Y respecto también a una opinión manifestada por el ministro de Economía de la República hermana del Uruguay, consideramos que es absolutamente inadmisible la injerencia respecto a la intromisión en decisiones que tiene un país soberano como la República Argentina. Siempre tenemos una visión de hermandad con los pueblos y naturalmente de relaciones diplomáticas con los gobiernos y en ese sentido pedimos reciprocidad desde el punto de vista del respeto. Nosotros no tenemos ningún tipo de diferencia ni pretendemos inmiscuirnos ni asesorar ni brindar ninguna posición respecto a medidas o decisiones económicas que se adopten. Y mucho menos desde el punto de vista de la conducción del Estado. Por lo tanto las expresiones del ministro de Economía de la República hermana del Uruguay las consideramos desafortunadas y de una injerencia indebida respecto a la decisión soberana que tenemos como país.

PERIODISTA.- Dos consultas. ¿Qué evaluación hace de la reunión que mantuvo ayer la Presidenta con el titular de una de las CGT, Antonio Caló? En esta misma consulta, teniendo que ver con el tema paritarias, ¿cuándo el gobierno se va a reunir con los gremios que representan a los trabajadores del Estado? Por otro lado, como gobernador en uso de licencia, ¿qué opina, qué fue lo que pasó ayer en la provincia del Chaco con la represión a distintas organizaciones sociales que estaban protestando?

CAPITANICH.- En principio le transmito mi posición de no efectuar ninguna opinión respecto a hechos acaecidos en mi provincia, en virtud de que existe la responsabilidad por parte del gobernador en ejercicio, que es el doctor Juan Carlos Bacileff Ivanoff, en el marco de las atribuciones conferidas por el artículo 141 de la Constitución Provincial. Amén de eso también considero que las autonomías provinciales, en virtud del artículo 5 de la Constitución Nacional, implican el desenvolvimiento de las acciones. Desde el punto de vista personal siempre considero que el diálogo debe ser el instrumento y la herramienta para la búsqueda de consensos respecto a determinado tipo de problemática. Sinceramente siempre he tratado de ser respetuoso en el funcionamiento de las autonomías provinciales y no tener injerencia en materia de decisiones, ni tampoco obviamente de opiniones porque entiendo que cada uno de los poderes debe ser ejercido con la responsabilidad competente en cada una de las autonomías provinciales.

Respecto al tema de la CGT, la reunión que ha tenido la Presidenta ha sido satisfactoria en el sentido de analizar varios tópicos de la realidad. Creo que va directamente en relación a lo que manifesté ayer por la mañana desde el punto de vista de las paritarias, su alcance de carácter anual, y también la evolución de la incidencia del precio de los medicamentos en el funcionamiento de las obras sociales. A partir de ese análisis exhaustivo entiendo que la Presidenta promueve y fortalece el diálogo con los distintos sectores sindicales, precisamente en la defensa de los intereses de los trabajadores. Y respecto al sector público, como usted sabe el Estado tiene en algunos casos un rol o una injerencia como empleador y en otros casos simplemente como factor de intervención en la fijación de determinados pisos de negociación. El caso típico es en materia docente, donde uno tiene la opción solamente de contribuir a la fijación del piso, pero cada una de las jurisdicciones provinciales son los efectivos empleadores y los que establecen estrategias de negociación salarial en cada una de sus jurisdicciones. En ese sentido existen dos modalidades desde el punto de vista de la negociación salarial en paritarias por ejemplo en materia docente. Una puede ser la decisión unilateral del piso por parte del Estado Nacional y otra es por consenso con los actores intervinientes. Esas son las dos opciones que seguramente se evaluarán en el transcurso de estos días. La otra cuestión que tiene que ver con el Estado como empleador, tiene paritarias de carácter anual y en definitiva es lo que se va a utilizar en el transcurso de este semestre, pero todavía está en plena vigencia la paritaria anterior. Muchas gracias.