CONFERENCIA DE PRENSA DEL JEFE DE GABINETE JORGE M. CAPITANICH EN LA CASA DE GOBIERNO
CAPITANICH.- Muy buenos días a todos y a todas. En primer lugar quería expresar que en el transcurso del día de ayer hemos tenido una evolución positiva y favorable del volumen de reservas en la República Argentina equivalente a 78 millones de dólares, lo cual implica una recuperación en el monto de un modo sistemático en los últimos días y que las reservas se han acrecentado hasta llegar a 30.578 millones de dólares. Es una cifra que tiende a recuperarse después de días que ha experimentado una reducción.
En segundo lugar quería transmitir que en el caso concreto del día de hoy tenemos una agenda muy marcada con la Corte Suprema de Justicia, tenemos una reunión prevista a las 11 y 30 en el ámbito de la Corte, es un tema de agenda abierta. Es una visita de carácter protocolar en el marco del diálogo que inexorablemente debe existir entre poderes del Estado, tanto en materia de asignación de recursos como en temas de interés público. Además en el día de hoy tendremos una reunión con ejecutores de programas de financiamiento internacional para cumplir la meta de saldo favorable entre el flujo de servicios de capital e intereses de deuda pagados por la República Argentina con organismos multilaterales de crédito, sea Banco Interamericano de Desarrollo, Banco Mundial, Corporación Andina de Fomento y los ingresos que efectivamente tiene la República Argentina por la ejecución de los préstamos a través de desembolsos. Hoy tenemos una programación neta equivalente a acumulación en el balance de divisas de 330 millones de dólares proyectados para el año próximo y pretendemos acrecentar eso a través de la negociación particular con cada uno de los organismos. ¿Esto qué quiere decir? Queremos aumentar el grado de ejecución de los préstamos mediante un incremento de los desembolsos con el objeto de ejecutar a mayor velocidad los préstamos para ejecutar las obras de infraestructura, aumentar el volumen de desembolsos, incrementar el volumen de reservas y potenciar la creación de empleo a través del financiamiento internacional a partir de estos organismos multilaterales de crédito, lo cual implica que tenemos que hacer un esfuerzo de coordinación desde el punto de vista de la acción en el territorio, es decir con las provincias, con los municipios y en lo que es atinente a la competencia del Estado Nacional.
También quiero transmitir que efectivamente ayer hemos tenido una apertura de una convocatoria con cinco gremios representativos de los trabajadores docentes con el objeto de analizar la ejecución de las paritarias nacionales, principalmente vinculadas a capacitación en virtud del énfasis que pretendemos establecer en materia de calidad educativa. Como ustedes saben hemos suscripto un convenio hace dos semanas, en ese convenio se asignan los recursos correspondientes por 3 años para un millón de trabajadores docentes con el objeto de dotar de capacitación para cumplir metas de calidad educativa. Hemos hecho un análisis muy riguroso respecto de los avances logrados, tenemos una duplicación prácticamente en la participación del PBI en materia de educación, 67 millones de libros distribuidos, 3,8 millones de netbooks distribuidas, cerca de 1.000 obras de construcción entre nuevas, ampliadas o refaccionadas a nuevas en todo el territorio nacional, con distintas fuentes de financiamiento, sea con financiamiento internacional, nacional o con provincias. Eso es muy importante desde el punto de vista de dotar a la infraestructura educativa con aulas limpias y cómodas. Hemos incrementado el número de matrículas, hemos incrementado sustancialmente la inclusión social educativa, la Asignación Universal por Hijo constituye un rol importante. Es decir, ha habido un avance en inclusión social educativa, en mayor equidad educativa, hay un gran desafío por la calidad educativa. Esto implica no solamente discutir salario con una perspectiva anual o bianual sino también discutir las condiciones de trabajo que nos permitan cumplir estas metas. De eso trataron las reuniones que hemos mantenido ayer y que han sido muy positivas.
Por supuesto hemos hecho un seguimiento de la situación de algunas provincias, tengo la comunicación con el gobernador de La Pampa. Ellos han tenido una manifestación a partir de las 21 del día de ayer y el informe reciente dice que finalmente existen protestas por parte de personal subalterno. Se trabaja sobre el análisis de 12 puntos, el Gobernador me informó que ha estado con el titular de Justicia, con sus funcionarios, durante toda la madrugada, para ameritar esta cuestión y mantendrá informado obviamente al Estado Nacional respecto a la evolución de este tema. Pero como ustedes saben es una cuestión de competencia provincial que implica el análisis por parte de los gobernadores y su capacidad efectiva de resolución.
Por último un mensaje desde el punto de vista internacional. Nosotros teníamos la perspectiva de la presentación de la oferta MERCOSUR – Unión Europea entre el 15 y el 17 de diciembre, se le ha fijado la fecha final de presentación de las propuestas o de intercambio de las ofertas entre MERCOSUR y Unión Europea del Tratado de Libre Comercio, y sorprendentemente hemos tenido una petición por parte de la Unión Europea para prorrogar un mes más la presentación conjunta de las ofertas. Obviamente para nosotros es una cuestión sorpresiva porque permanentemente existía la manifestación por parte de la Unión Europea en el sentido de que las dificultades estaban en torno a la falta de presentación de las propuestas del MERCOSUR, principalmente de Argentina. Nosotros hemos avanzado con nuestros socios del MERCOSUR y en consecuencia estamos listos para la presentación de una oferta unificada mayoritariamente y esperamos que en los próximos 30 días esto pueda resolverse. Quedo a merced de sus preguntas.
PERIODISTA.- Usted había dicho ayer que hay paz y tranquilidad en la República y vemos que hay todavía tres o cuatro focos de conflicto. Inclusive en ese marco querría saber si anoche hubo algún tipo de problemas en la Prefectura por reclamo salarial. En segundo término, si usted me permite, quería volver sobre la cuestión que hace a cómo van a pagar las provincias los aumentos salariales. Hay dos estudios económicos, uno que dice que si bien las provincias se van a beneficiar no pagando 10.000 millones de pesos el año que viene por la refinanciación de las deudas, el costo fiscal del aumento policial a nivel provincial es de 25.000 millones de pesos. Las provincias no tienen esa diferencia, es más, algunas según tengo entendido están pidiendo un anticipo del Gobierno Nacional para pagar el medio aguinaldo.
CAPITANICH.- Nadie puede estimar objetiva y fehacientemente el costo salarial derivado de los acuerdos, porque en definitiva ni nosotros hemos podido obtener esa información de carácter fidedigno y fehaciente para hacer proyecciones cuantitativas que permitan determinar el costo fiscal emanado de las decisiones y/o acuerdos. Por lo tanto aquellos que hacen estimaciones lo hacen desde un criterio meramente especulativo, porque finalmente la composición del salario de un policía tiene una diferenciación cualitativa por categoría, por tipo de componente, y no es lo mismo tener básico que componentes que hacen a una percepción de salario líquido. No obstante lo cual, lo que quiero transmitir es lo mismo de siempre, cada una de las jurisdicciones provinciales cuando promueve una articulación desde el punto de vista de la negociación salarial, sea a través de trabajadores docentes, sea a través de personal de salud pública, sea a través de la seguridad pública, sea a través de la justicia, sea a través de empleados estatales de distintas categorías y organismos descentralizados, lo hace sobre la base de las proyecciones macroeconómicas en materia de percepción de ingresos y obviamente de gasto público para obtener un resultado fiscal primario y financiero. Lo que transmito con esto y con absoluta precisión es que en el marco de esa autonomía cada gobernador ha suscripto acuerdos que tienen la perspectiva de obtener el financiamiento para lograr el cumplimiento de esas metas. Pero vuelvo a insistir, acá ha habido un proceso de extorsión hacia quienes tienen que tomar las decisiones respecto a una modalidad de negociación que puede distorsionar de un modo estructural la política salarial del sector público y aparte generar los mecanismos de incentivos al revés. Un policía -puede ser personal subalterno, suboficiales u oficiales, personal de jerarquía superior- tiene primero un sistema jubilatorio diferente, que tiene un costo fiscal que lo financia cada una de las provincias y/o el Estado Nacional en tanto y en cuanto esas cajas se transfirieron al Estado Nacional. En segundo lugar, cada una de las policías tiene distintos componentes en el salario y a su vez, si efectivamente se incrementa el salario básico eso dispara los salarios de la mayor jerarquía policial. Entonces se distorsiona absolutamente la política salarial para todo el sector público. Usted sabe que un médico tarda no menos de 5 ó 7 años en recibirse, depende de los planes de estudio, más la residencia correspondiente, más lo que significa el ejercicio de su actividad profesional. Entonces, tiene un esfuerzo para estudiar, para obtener un título, lo mismo que un enfermero o un trabajador de la sanidad en diferentes especialidades. Lo mismo un trabajador docente, lo mismo un trabajador de la justicia. No es lo mismo la formación de un policía en distintos grados que la de un profesional en distintos grados. Entonces hay que respetar definitivamente la formación, la antigüedad, la composición del salario, atendiendo a que todos los trabajadores tienen derecho a la dignidad respecto a sus salarios, pero también a la disponibilidad financiera para garantizar la capacidad de pago. Creemos que toda negociación salarial también debe ser compatible con una política económica que tiene en la regla fiscal una condición de carácter esencial. Por eso es muy importante que todas las negociaciones salariales se hagan con la prudencia de entender que la política económica debe privilegiar el crecimiento de la actividad económica. Ese crecimiento de la actividad económica debe priorizar la obtención de ingresos en materia de recaudación fiscal. Pero a su vez los acuerdos en materia salarial también deben estar asociados a la responsabilidad social empresaria desde el punto de vista del no incremento de precios. Es decir, el comportamiento de la evolución de los precios, el comportamiento de la evolución de los salarios, el comportamiento de la organización de la sociedad es lo que tiene que tener como meta y objetivo el crecimiento de la actividad económica, que nos beneficia a todos los argentinos. Por eso hay que ser racionales, prudentes, sensatos, para que en definitiva exista un sistema cooperativo que nos permita cumplir objetivos y metas de gobierno que nos permitan satisfacer las demandas de la mayoría de los ciudadanos.
PERIODISTA.- ... en las provincias y si hubo algún intento en Prefectura.
CAPITANICH.- No, no tenemos ninguna información respecto de ese tema. Lo que quiero transmitir es que es público y notorio lo que ha ocurrido ayer en las provincias de Tucumán, Salta y La Pampa, que es el último reporte que puedo dar con la comunicación del gobernador de La Pampa. Ayer he transmitido claramente que la tendencia era a la normalización y estos hechos han surgido con posterioridad a las manifestaciones que he vertido por la mañana. Lo digo para que no se impute esto como idas y vueltas o contradicciones en mis comunicaciones. La realidad es dinámica, en tanto que es dinámica comunico de un modo dinámico.
PERIODISTA.- Quiero preguntarle por un lado si se va a llevar a cabo un operativo de seguridad, por parte del Ministerio por supuesto, aquí en el Conurbano y en la Capital Federal para los próximos 19 y 20 de diciembre, y por supuesto aprovecho para preguntarle cuál es la situación en Salta también.
CAPITANICH.- Respecto del tema de seguridad pública vuelvo a ratificar la posición del Gobierno, que no es del Gobierno sino de lo que la Constitución, la ley y la jurisprudencia determinan, que es un poder no delegado la seguridad pública. Lo que puede hacer eventualmente el Estado Nacional es establecer un mecanismo de cooperación en apoyo respecto a peticiones formales por parte de los gobernadores de las provincias argentinas. Lo que hacemos nosotros es un sistema de monitoreo para observar potenciales lugares de conflicto y en consecuencia, frente a peticiones formales por parte de los gobernadores, naturalmente podemos acudir en sistemas de fortalecimiento preventivo. Eso es lo que podemos coordinar y hacer.
PERIODISTA.- (Inaudible)
CAPITANICH.- Es una hipótesis y hay que analizarla. Nosotros tenemos recursos limitados, esto es que los agentes de las Fuerzas de Seguridad Nacional, tanto Gendarmería como Prefectura, en muchos casos podemos utilizar a la PSA de Seguridad Aeroportuaria o a la Policía Federal, constituyen un número de agentes limitado para resolver la problemática general. Usted sabe que en general la consolidación del sistema de información indica que en la República Argentina existen aproximadamente 205.000 agentes de seguridad en las 24 jurisdicciones provinciales. En este contexto lo que uno advierte es que la participación relativa de los agentes nacionales es sustancialmente inferior a ello. Ejemplo: son aproximadamente 36.000 los miembros de Gendarmería Nacional. Entonces es muy difícil poder modificar el objeto de seguridad o el objetivo de seguridad de cada una de las fuerzas. Usted sabe que Prefectura Naval tiene un objetivo de seguridad que tiene que ver con el sistema fluvial; en el caso concreto de Gendarmería las fronteras nacionales; en el caso de la Policía Federal principalmente en apoyo o auxiliar de la Justicia para delitos de competencia federal. En consecuencia tomar una decisión por parte del Estado Nacional lo tiene que hacer en el marco de la Ley 24.059 que es la de Seguridad Interior, obviamente en concomitancia con los artículos 6 y 23 de la Constitución Nacional. Tratamos de ser muy cautelosos desde el punto de vista de la efectiva capacidad de intervención que tienen las fuerzas nacionales porque, insisto, se trata de un poder no delegado. Pero el Estado hace un enorme esfuerzo para acudir en cooperación con las provincias que lo requieran.
PERIODISTA.- (Inaudible)
CAPITANICH.- Hoy el Estado Nacional apoya en muchas jurisdicciones y obviamente en la provincia de Buenos Aires hay un número de agentes que están desplegados en materia de seguridad preventiva.
PERIODISTA.- En función de lo que hablamos ayer en materia de inteligencia quería preguntarle, más allá de la expectativa que todos tenemos de que esto no pase más y termine lo que está pasando en las provincias, quería saber si desde el Estado Nacional saben de la existencia de algún otro foco en otra provincia o si están previendo un levantamiento o conflicto en algún lugar donde todavía no haya pasado. Me refiero a lo que pasó ayer en las provincias de Salta y La Pampa.
CAPITANICH.- No tenemos ninguna información en ese sentido. Estamos en comunicación también con la provincia de Tierra del Fuego, con su Gobernadora, que tenemos comunicación en el día de hoy. Ahora mismo estoy recibiendo al Gobernador de la provincia de Santa Cruz. O sea, nosotros tenemos una relación directa con cada una de las jurisdicciones vía los gobernadores de las provincias que nos informan a los efectos de establecer un monitoreo de la situación.
PERIODISTA.- Ministro: quería preguntarle si hay alguna diferencia respecto a la situación de otras provincias con respecto a Salta. Porque, bueno, para saber quiénes son los que protestan, si son policías en actividad también.
CAPITANICH.- Mire, con respecto, vuelvo a insistir, en la provincia de La Pampa hoy están en un proceso de análisis de un petitorio de 12 puntos que tienen distintos niveles de peticiones, desde aspectos políticos, reivindicativos hasta aspectos salariales. ¿Qué ocurre? Bueno, ocurre que, en definitiva, no se prestan servicios en determinados tipos de comisarías o de áreas específicas o dentro del territorio. El Gobernador está trabajando para establecer un mecanismo de solución. En el caso de la provincia de Salta, ha habido una propuesta unilateral por parte del gobernador Juan Manuel Urtubey y no se ha podido todavía resolver esta cuestión, pero hay que ver en el transcurso del día de hoy cómo evoluciona el conflicto. Pero son las jurisdicciones que han tomado público conocimiento respecto a situaciones todavía en proceso de resolución que surgieron ayer.
PERIODISTA.- Ministro: hoy usted se reúne con la Corte Suprema, con los ministros, y primero, quiero consultarle por una opinión del ministro Zaffaroni que ha manifestado que el modelo policial es el mismo del siglo XIX, que todavía no se ha revisado, si a partir de esto cabe la posibilidad de que desde el Gobierno nacional, conjuntamente con todos los gobernadores, se comience a repensar nuevamente este modelo y, segundo, ¿cuál es el estado de las investigaciones con respecto a los hechos de saqueo y si se puede hacer alguna petición a la Corte Suprema para que, en todo caso, se avance con mayor rapidez en la investigación?
CAPITANICH.- No cabe la menor duda que la reunión del día de la fecha será una muy buena oportunidad para hacer un análisis muy riguroso desde el punto de vista de la intervención del Poder Judicial respecto al juzgamiento de estos casos. Porque finalmente, de acuerdo al encuadramiento de carácter normativo, uno puede tomarlo dentro de lo que significa competencia federal o competencia provincial y en consecuencia, sea mediante la intervención de la Justicia provincial o de la Justicia federal, es absolutamente imprescindible que los hechos sean debidamente investigados, no solamente para la penalización severa a quienes hayan sido autores materiales del hecho. Aquí lo que es necesario hacer es una investigación exhaustiva que permita verificar eventuales hipótesis a los efectos de identificar a los autores intelectuales de este hecho. Porque, objetivamente, una acción deliberada de esta naturaleza, no puede ser pergeñada de un modo aislado. Nos parece por el modus operandi que se trata de una estrategia con una finalidad determinada que merece una investigación por parte del Poder Judicial. Y respecto a una reforma de carácter policial, vuelvo a insistir en la naturaleza del problema. O sea, la seguridad pública, al ser un poder no delegado, es una competencia exclusiva de las provincias. Por lo tanto incluye, por parte de las provincias, los procesos de reforma. Ha habido un proceso de transformaciones cualitativas en algunas jurisdicciones respecto a las leyes de seguridad pública. En este sentido, en provincias como Chaco oportunamente, cuando yo era gobernador de la provincia, hemos promovido una ley de seguridad democrática. También en algunas otras provincias, creo que en Río Negro y eventualmente también en Catamarca. Pero son cambios que requieren diseños de un nuevo paradigma. En el caso del juez Zaffaroni, de la Corte Suprema de Justicia, él considera que es necesario tener múltiples policías con un sistema de cercanía con la comunidad. Es decir, descentralización hasta el nivel municipal con cercanía de vecinos para diferenciar claramente lo que significan los delitos comunes de los delitos complejos y dentro de los delitos complejos, la investigación criminal como un motor para resolver adecuadamente los casos de bandas delictivas organizadas. Me parece que es necesario analizar esto en virtud de que países del mundo, como Estados Unidos, tienen diferentes niveles de intervención en materia policial con procesos de descentralización que requieren un cambio en el paradigma en materia de seguridad pública. Aquí hay una primera definición que es muy importante hacer: primero, en muchos casos la opinión pública considera que la seguridad pública es un tema de competencia nacional y, en definitiva, es un tema de competencia provincial, es una primera definición. Y la segunda definición es que debe existir seguramente un debate muy profundo respecto a un paradigma para atender la problemática de seguridad pública. Creo que la descentralización es una idea que puede ser efectiva, pero creo que corresponde al ámbito de cada una de las legislaturas provinciales discutir el alcance y a cada uno de los líderes, que son los gobernadores de las provincias argentinas, respecto a cómo organizar adecuadamente las fuerzas de seguridad. No me cabe la menor duda que el problema central del sistema de seguridad pública se divide en seguridad preventiva, en seguridad vial y el sistema penitenciario provincial. Y, en ese contexto, desde erradicar a las comisarías como lugares de detención de reclusos, hasta modificar sustancialmente los sistemas penitenciarios porque no cumplen estrictamente lo que prevé el artículo 18 de la Constitución nacional respecto a que las cárceles no deben ser para castigo, sino para seguridad. Y en ese contexto es muy importante observar una de las fuentes de conflicto también que existe en las provincias que tiene que ver con el sistema penitenciario. Y respecto a la seguridad preventiva, la división entre delitos comunes y delitos complejos y, dentro de los delitos comunes, por supuesto los mecanismos contravencionales que, en el ámbito de las provincias, tiene jurisdicción a través de una normativa provincial pero también de intervención municipal. Entonces es un tema que hoy requiere un debate muy profundo porque naturalmente no podemos estar a expensas de grupos que se apropian de bienes ajenos o que generan procesos de extorsión para reivindicaciones salariales. Esto no puede funcionar así. La sociedad argentina quiere vivir en paz y en armonía pero, sobre todo, con racionalidad, racionalidad y previsibilidad. Y así no se puede ni tomar decisiones racionales ni se pueden prever adecuadamente las conductas.
PERIODISTA.- Ministro, usted sabe que algunos gobernadores, caso Bonfatti, caso Alperovich, han denunciado ya a algunos efectivos policiales por sedición o han dicho que lo van a hacer en línea por lo expresado por la Presidenta. ¿Qué reaseguro tienen las autoridades democráticas y el pueblo de que va a haber seguridad en torno a estas denuncias judiciales ahora?
CAPITANICH.- Bueno, por supuesto que ahí hay una intervención de carácter judicial que es insustituible y, en ese contexto, creo que es aplicable el artículo 223 y, a su vez también, que tiene de 1 a 6 años de prisión o de 1 a 4 años de prisión. Creo que hay que ver la tipificación desde el punto de vista del delito penal y sus consecuencias desde el punto de vista del cumplimiento de esa pena. Pero naturalmente que es un problema grave y que ha puesto en vilo a la sociedad argentina y que debe actuarse con todo el rigor de la ley. Pero vuelvo a insistir, la hipótesis de análisis por parte del Poder Judicial no solamente debe involucrar a los autores materiales de un hecho, también a los autores intelectuales de los hechos.
PERIODISTA.- Capitanich: días atrás hablábamos de qué efecto dominó pudiese tener este tipo de acuerdos salariales bajo extorsión con otros empleados estatales. Específicamente le pregunto por si hay algún tipo de efecto o ya reclamo en Gendarmería, en Prefectura, en Policía de Seguridad Aeroportuaria, en Policía Federal y si es así o si no, si están analizando algún tipo de pago extra antes de fin de año o algún tipo de negociación salarial de cara al 2014.
CAPITANICH.- No se ha manifestado ningún tipo de reclamos y todas las decisiones que se puedan eventualmente tomar constituyen un ámbito de competencia de la Presidenta de la Nación, que estará evaluando claramente cada una de las decisiones. Pero hoy no tenemos ningún tipo de reclamo.
PERIODISTA.- Inaudible.
CAPITANICH.- Sí, pero advertimos, obviamente, que esto ha generado un tema de preocupación en todas las jurisdicciones provinciales y eso es lo que merece un análisis riguroso.
PERIODISTA.- Ministro: vuelvo un poco a los dichos del juez Zaffaroni, que fue muy duro con respecto a las estructuras de las distintas policías, habló concretamente de una deuda de la democracia, citó ejemplos, me pareció algo parecido como es en Estados Unidos, también citó a Costa Rica como un ejemplo también a seguir en cuanto a las estructuras más profesionales. Mi pregunta es si no llegó el momento de encarar una reforma en serio de las policías cuando parece que una relación, que ya era compleja entre estas policías y la sociedad civil, parecería que se rompió definitivamente y, además, ha generado rupturas entre los propios civiles con vecinos saqueando a vecinos.
CAPITANICH.- Totalmente. Creo que amerita una reforma muy profunda y eso implica un gran desafío por parte de las autoridades provinciales. Nosotros, desde el ámbito nacional, podemos aportar ideas para este debate, pero es una competencia estrictamente provincial y creo que la oportunidad lo merece.
Por último, yo quisiera transmitir una cuestión muy concreta y se lo hago con el respeto a todos y cada uno de ustedes como periodistas. Gonzalo es representante de un medio de comunicación que ayer dijo "contradicciones en los saqueos, las idas y vueltas de Capitanich". Soy muy respetuoso de la libertad de expresión y la verdad que para mí es lo que debe primar en toda sociedad democrática. Pero también quiero someter, y lo hago con la gentileza que siempre me permite Gonzalo y todos y cada uno de ustedes, yo voy a someter si existen idas y vueltas en mis manifestaciones. Por eso le voy a transmitir al Escribano de la Presidencia, al escribano Etchegaray, que verifique la trascripción de cada una de mis manifestaciones, tanto en el video correspondiente o en los videos, como en la descripción correspondiente y ante una ONG como CIPPEC si ha habido contradicciones o idas y vueltas. Me parece que eso es lo que corresponde porque en la República Argentina es muy bueno pensar que un sistema democrático tiene que ser abierto con pluralidad de voces y que debe imperar la máxima libertad de expresión y que la libertad de expresión nos promueva un debate muy claro, pero también la libertad de expresión va ligada a libertad de prensa, de imprenta y de empresa. A mi me gustaría que muchos de los medios de comunicación dejen librado a sus periodistas opinión individual o personal, aún cuando esté en contra de los grupos que representan. Allí tendremos libertad de expresión plural, abierta y democrática en la Argentina. O sea que la libertad de expresión sea para que ustedes puedan opinar libremente, como corresponde, para que todos los medios de comunicación puedan expresarse como corresponde, para que nosotros podamos expresarnos como corresponde, pero también que cuando un trabajador de un medio pueda tener una opinión diferente a la línea editorial del medio pueda expresarse democráticamente. Así seremos auténticamente una sociedad democrática. Muchas gracias.
