CONFERENCIA DE PRENSA DEL MINISTRO DE JUSTICIA JULIO ALAK Y DEL SECRETARIO DE JUSTICIA JULIÁN ALVÁREZ, EN EL MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS.

ALVÁREZ.- Muy buenas tardes a todos, los convocamos para realizar esta conferencia de prensa a los efectos de comunicar una serie de medidas, que vamos a tomar en relación con los saqueos que se han producido en algunas provincias y las situaciones con fuerzas de seguridad pública que han dejando de prestar sus servicios de seguridad.

El grupo que tenemos consolidado, con el Ministerio de Seguridad y el Ministerio de Justicia, detectó que en las redes sociales se vienen pluralizando una serie de convocatorias a distintos grupos, a distintos sectores que se encuentran incentivados, que se encuentran fogoneados por distintos sectores políticos y acto seguido el ministro de Justicia va a estar comunicando las medidas tendientes a la investigación penal correspondiente, con relación a estos hechos.

En las pantallas se encuentran las filminas que muestran – y se puede observar - estos hechos y el accionar de estas personas, que se están convocando a saquear los supermercados chinos, expresamente, el día 20 de diciembre o los días rondantes al 20 de diciembre. Hemos encontrado que estás páginas de Facebook se encuentran vinculadas entre ellas y que entre ellas distintos actores, redes y grupos organizados están convocando a realizar y consolidar una serie de saqueos en la provincia de Buenos Aires y en distintos lugares del país.

Nosotros vemos con alarma y estamos determinados a realizar las acciones tendientes necesarias, a los efectos de que se reprima penalmente, se investigue penalmente. Tenemos buenos antecedentes, el año pasado, en relación con unos hechos sucedidos que ustedes conocen, en los Carrefour, la Justicia Federal de Campana investigó y a un año de estos hechos se encuentran procesados todos los autores del mismo. En este sentido, el Ministerio de Justicia va a coordinar las acciones correspondientes con los ministerios públicos fiscales y va a realizar las denuncias penales que correspondan a los efectos de que se lleven adelante estás investigaciones.

El hecho concreto, que estás páginas de Facebook que convocan, mediante una red organizada, a realizar los saqueos que estamos expresando, genera claramente un clima de desestabilización y se encuentran incentivadas por distintos sectores políticos. La verdad que nosotros, desde el Gobierno Nacional, nos encontramos muy asombrados que estos sectores políticos, a días del festejo por los 30 años de democracia, y que se caracterizan estos sectores políticos por jactarse de la democracia y de la seguridad como eje de campaña electoral, hoy, en la mayoría de los casos hagan un silencio total, a los efectos de repudiar las actitudes de estos grupos organizados y, en algunos casos, directamente la promuevan. Es el caso del ex policía, de la provincia de Buenos Aires, el ex jefe policial, Salvador Baratta, hoy concejal por el massismo, concejal por el Frente Renovador que se encuentra expresamente manifestándose en los medios de comunicación a los efectos de advertir que si no se cumple con las solicitudes que este ex jefe de la policía - vinculado con los terribles hechos que dieron con la muerte de Kosteki y Santillán, en el año 2002, y con distintos hechos de violencia, un referente de lo que conocimos como “la maldita policía”, este ex policía cesanteado, dado de baja y desplazado de la Policía provincial, en el año 2011, hoy concejal – repito – por el Frente Renovador se encuentra haciendo declaraciones como las que le voy a expresar, en este momento. Hoy, a la mañana, en Ciudad Gótica, con Jorge Rial, manifestó expresamente que “hay que hacerle lugar a los reclamos sindicales de la policía porque si no – dice – si en Córdoba hubiera habido un sindicato policial no hubiéramos llegado al extremo, me entiende, de parar una provincia que saqueen toda la provincia”. Después inmediatamente dice: “nosotros desde nuestro gremio, el sindicato que represento yo, estamos parando doce conflictos y expresamos que esperen hasta el lunes a ver qué resolución se tomaba”. Estás declaración, al contrario, de significar y llamar a la paz por un dirigente político, un concejal del Frente Renovador, lo que hacen es extorsionar a los gobiernos municipales, a los gobiernos provinciales y al gobierno nacional de que si no se le hace lugar a un reclamo, que tiene su propia discusión: la de formalizar un sindicato o un gremio pasa lo que sucedió en Córdoba o directamente se promueven los saqueos.

Creemos que estas redes sociales, estos grupos organizados, que nosotros vamos a promover las medidas que el ministro inmediatamente anunciará, deben ser investigados y deben ser investigados también las vinculaciones de estos grupos, que se encuentran expresados en las redes sociales con distintos sectores de la política argentina.

Por supuesto, tenemos que ser claros y concretos y analizar el espectro total de la realidad y observar que un hecho y el otro no pueden ser escindido como dos hechos distintos, digo, los reclamos que se están haciendo con este referente ex policía, referente político del massismo con estás páginas de Internet, donde se están convocando y estamos convencidos que van de la mano y vamos a solicitar a la Justicia que se investigue y se realicen las acciones que correspondan.

Le voy a dar la palabra al ministro, que nos va a expresar cuáles son las acciones que en este momento, está tomando el Gobierno Nacional, al respecto.

ALAK.- Buenas tardes, antes estos hechos con un detalle bastante exhaustivo y con elementos documentales ha desarrollado el Secretario de Justicia de la Nación, queríamos informarles que estos hechos el Ministerio de Justicia de la Nación y el Ministerio de Seguridad de la Nación han podido comprobar en forma fehaciente que los saqueos no son espontáneos, sino que son organizados.

Todos los medios de comunicación han podido difundir, incluso, visiones muy claras de que atrás de los saqueos hay una organización que los estimula, que los induce y que, por otra parte, se da en forma concomitante, simultánea a una medida de fuerza que van en contra de la ley de la fuerza de seguridad. Porque sabemos que la seguridad pública, en la Argentina, y en todos los países del mundo es un servicio público esencial.

El carácter de esencial de la seguridad – al igual que la salud pública – significa que ningún ciudadano puede ser privado de ella. Esto lo sabe perfectamente un aspirante a ingresar a cualquier fuerza policial y de seguridad en la Argentina. Es decir que quien ingresa a una institución policial sabe, en forma inicial, clara y contundente, que no puede recurrir a medidas de fuerza por el carácter de esencialidad de ese servicio público. Por lo tanto, más allá de cualquier reclamo que se quiera hacer, vinculado a los salarios, a la vestimenta o a otro tipo de remuneraciones, todo se puede analizar en el marco de la Constitución y de las leyes; lo que no se puede privar a la población argentina de un servicio público esencial como es la seguridad pública. Además que se dé en forma simultánea con saqueos, esta claro que no son espontáneos, sino auto-organizados y que tiene, además, un componente muy claro y lo han difundido claramente los medios de comunicación: no obedecen a una necesidad alimentaria, obedecen a necesidades de saqueo o de robo de artículos, en muchos casos artículos del hogar, electrodomésticos y en otros casos suntuarios, se han robado joyerías. Por lo tanto, no hay una necesidad alimentaria como sucedió décadas pasadas, atrás de saqueos, que tampoco se justifican para nada. Por lo que estos saqueos no tienen ningún cariz social o alimentario.

Por otra parte, también, se producen en una época del año que ya es una reiteración de hechos, de intentos de saqueos y alteración del orden público repetitivo. Generalmente, estos sectores que no respetan la ley  y que atentan contra el orden público, elijen diciembre de una manera anualizada, prácticamente. Incluso no tiene que ver con el nivel de legitimación de un gobierno popular, cuando la Presidenta de la Nación fue electa por el 54 por ciento de los votos, semanas después, también hubo intentos de saqueos, con niveles de coordinación, que luego la Justicia determinó, procesó y condenó a sus autores. Por lo tanto, también creemos que en la elección del año, de la temporalidad del año, del mes también surge claramente que hay indicios de una organización delictiva organizada detrás.

Como bien dijo el Secretario de Justicia estamos en vísperas de celebrar los argentinos 30 años de democracia, que lo logramos por medio del esfuerzo de miles de ciudadanos argentinos, miles de los cuales dieron su vida por el sistema democrático y no queremos que esta acción de saqueadores, que lo hacen sin una necesidad social clara, ni tampoco miembros de fuerza seguridad que tienen como norma fundamental la prohibición de medidas de fuerzas, empañe una celebración que es del pueblo argentino.

 Creemos que esto, más allá de cualquier tipo reivindicación salarial, que puede ser analizada en el contexto de cualquier ministerio provincial o eventualmente en cualquier gobernación provincial empañe una sentida celebración del pueblo argentino, porque se estaría afectando ahí sí creemos valores que el pueblo argentino ha reconquistado felizmente en estos 30 años, como fue conmemorar 30 años de dirigencia ininterrumpida del orden constitucional y democrático.

Para afrontar esta tarea hemos profundizado los niveles de coordinación entre el Ministerio de Seguridad de la Nación y el Ministerio de Justicia de la Nación, a través de la subsecretaría de Política Criminal. Por lo tanto, se está haciendo un seguimiento diario, horaria diríamos de quiénes son los que promueven los saqueos y el secretario de Justicia hizo una breve presentación de algunos casos. Que se sepa claramente que un saqueo es una violación a la ley, que son delitos que se cometen claramente y que la Justicia va a actuar con toda firmeza, como también lo hará ante quienes deben prestar un servicio público esencial, en la Argentina, como es el servicio público de la seguridad y no lo están cumpliendo en estos momentos.

Hoy la población argentina necesita que la policía la cuide, nadie está diciendo que no se pueden analizar necesidades que puedan ser propias de cualquier institución, pero el ámbito, el modo y la modalidad de plantear esas necesidades no son la privación de ese servicio a nuestra población. Nuestra población hoy necesita la protección de un servicio público indispensable, como es la seguridad pública, para eso paga impuestos, para eso cumple con la ley y quienes deben ser los que la protejan a los que cumplen con la ley no pueden estar incumpliendo con la ley.

Por eso, vamos a efectuar las denuncias penales correspondientes a los episodios que se están dando en estos momentos. ¿Cuáles son los delitos que se están configurando, en estos momentos? delitos muy graves, que no sólo atentan contra las leyes, sino también contra la Constitución Nacional, como es la alteración del orden público.  Sabemos que luego que las democracias en Latinoamérica lograron definitivamente evitar que las fuerzas armadas interrumpan o alteren los órdenes constitucionales, hoy, no van a tolerar que las fuerzas policiales sustituyan la alteración o el condicionamiento a los gobiernos constitucionales. Esto que se ha dado en otros países, quizás el caso más reciente ha sido en Ecuador, no se va a permitir aquí, en la Argentina. Por lo tanto, llamamos una vez más a la reflexión para que la fuerza de seguridad pueda analizar y solicitar a los gobiernos correspondientes sus necesidades, pero que depongan la privación del servicio público de la seguridad de inmediato. Además, se están – con esta privación de la seguridad -  promoviendo de forma indirecta robos agravados gravísimos contra la población argentina, contra comercios, extorsiones y amenazas. Se plantea deponer medidas de fuerza e indirectamente se dice: “si no deponemos las medidas de fuerza va a haber más saqueos y más robos”. Esto no puede ser una manifestación de quienes son servidores del orden público y que tienen la noble y delicada tarea de la protección de la población. La intimidación pública también es un delito que se ha verificado, la incitación a la violencia colectiva, lo ha mostrado claramente el Secretario de Justicia, cómo a través de las redes sociales se está incitando a la violencia colectiva.

Se está anunciando días precisos, como si fuera una convocatoria popular, para el saqueo. Esto también es un delito penal gravísimo, que quienes son titulares de esos sitios van a ser y están siendo  investigados por la Justicia para ser procesados y condenados.

Por último, y reiteramos nuestra exhortación, a que los miembros de las policías provinciales depongan esta actitud, más allá – reitero – de las necesidades que puedan plantear y queremos manifestar, además, que la Justicia –especialmente los ministerios públicos fiscales en las provincias -  están manifestando un alto compromiso para imputar y procesar a quienes realizan saqueos y también a quienes no cumplen con el servicio público de la seguridad pública. Y quiero destacar dos casos: uno, vinculado con la provincia de Buenos Aries y otro, vinculado al gobierno federal.

En el caso de la provincia de Buenos Aires quiero destacar una decisión de la procuradora general de la provincia, la Dra. Falbo, que acaba de dictar una resolución por la cual los 720 fiscales de la provincia de Buenos Aires, han sido puestos en guardia permanente, más allá de las fiscalías temáticas que conducen, priorizando especialmente el procesamiento, la investigación, la imputación y la condena y la detención de todo ciudadano que inicie una acción vinculada al saqueo o esté organizando actividades de saqueo, como así también a los efectivos de la fuerza de seguridad que abandonan las fuerzas de trabajo que tienen que integrar. Estos 720 fiscales se suman a los fiscales que deben estar en turno, en las fiscalías de la provincia de Buenos Aires, y van a trabajar todos los días, sábados y domingos, las 24 horas.

Por lo tanto, hoy, el Ministerio de Seguridad de la provincia de Buenos Aires dispone de 720 teléfonos de fiscales, de primer nivel, de la provincia, para convocarlos de inmediato a los efectos de la imputación, el procesamiento y la detención y eventualmente el pedido de pena, de quienes saqueen a la población o no cumplan con el servicio de la seguridad pública.

Y lo otro, la Procuradora General de la Nación se apresta a dictar, en momentos más  - la Dra. Gil Carbó – una resolución por la cual todos los fiscales federales de la Nación, que están cumpliendo servicios en todo el territorio nacional, van a priorizar fundamentalmente tener en cuenta los hechos de saqueo y de cumplimiento de la prestación debida del servicio de la seguridad pública. Porque se está alterando la seguridad y esto es un valor federal, una garantía federal, que es el orden público, más allá del robo, más allá de la no prestación del servicio de una fuerza provincial, también, es competencia federal. Por lo tanto, la Justicia Federal ha decidido intervenir y esto es un claro mensaje que estamos transmitiendo a quienes tienen el deber indelegable de cuidar a la población argentina.

Y además convocaremos para el próximo viernes, en la Cuidad de Córdoba, a todos los procuradores generales de las provincias argentinas, a todos los fiscales generales de las provincias para que junto a la Procuradora General de la Nación y al Secretario de Seguridad de la Nación, podamos coordinar y darle la máxima precisión a los procesos de investigación, imputación y procesamiento de quienes no están cumpliendo con la ley y a quienes están realizando saqueos a los comercios o a hogares argentinos. Esto lo decimos, también, en el marco de la necesidad de que hemos visto que en muchas provincias argentinas instituciones como la iglesia argentina, han ido a respaldar a los gobiernos provinciales y a exhortar a las fuerzas policiales para que depongan actitudes de privar a la población del servicio público de la seguridad. Lo decimos, tal y como dijo el Secretario de Justicia, nos llama la atención de que aún hoy la oposición política no haya hecho una convocatoria a las fuerzas de seguridad, a los efectos de que los reclamos se planteen sin dejar de prestar el servicio público de la seguridad y también a toda la población a que depongan cualquier intento de saqueo. Muchas gracias.  

PERIODISTA.- La primera pregunta es la siguiente: ¿está fuerte hoy el Gobierno de la Nación para afrontar semejante revuelta en todo el país? Digo, un Gobierno que ganó con más del 50 por ciento de los votos, y sin embargo, hay algunos focos de fuerzas de seguridad que se le animan a plantear esta discusión en materia salarial que termina en definitiva dejando indefensa a la población. La segunda pregunta era si para ustedes y también para los gobiernos provinciales, si no faltó un poco de inteligencia para no llegar a esto. ¿Se podría haber hecho un trabajo previo de inteligencia para evitar lo que pasó? Y la última pregunta es si tienen identificado a algún otro dirigente, recién hablaban del ex concejal del Frente para la Victoria, hoy con Sergio Massa, Salvador Baratta, si hay algún otro dirigente opositor que ustedes sientan que está detrás de toda esta movida.

ALAK.- En cuanto a la primera pregunta, la fortaleza, obviamente que el Gobierno tiene toda la fortaleza que le da la Constitución, leyes y de ser uno de los gobiernos más legitimados de la historia argentina por el voto popular. Por lo tanto, el Gobierno tiene la fortaleza suficiente para poder enfrentar esta situación de ilegalidad. Todos los días el Gobierno nacional debe enfrentar situaciones de ilegalidad de diferentes actores de la comunidad para lograr que nuestro país viva en paz y la población viva en paz. Por lo tanto, acá no se trata de discutir fortaleza, que el Gobierno evidentemente la tiene y no tiene ningún inconveniente en enfrentarla, sino de lo que se trata es que todos responsablemente quienes son protagonistas de los saqueos, quienes son protagonistas de la debida prestación del servicio público esencial de seguridad, trabajemos para desactivar esta alteración del orden público. Incluyo las instituciones argentinas, incluyo a los medios de comunicación, que creo que también tienen un compromiso con la paz social argentina y que deben tributar también a que esa paz social se logre lo más rápidamente posible. En cuanto a los dirigentes que puedan haber intervenido…La inteligencia previa obviamente que existe y que ha sido puesta en manos de los servicios de seguridad correspondientes y también se ha ofrecido en su debido momento a las provincias. Las provincias también cuentan con fuerzas de seguridad propia, conviene recordarlo también aunque parezca obvio, la seguridad provincial es una facultad no delegada por las provincias argentinas al Gobierno federal, está en la Constitución nacional. Por lo tanto, al tener bajo su responsabilidad la seguridad las provincias argentinas, tienen sus policías correspondientes y las policías tienen sus áreas de inteligencia. Por lo tanto, creo que es una pregunta más vinculada a un gobernador que al Gobierno federal. En cuanto a otros protagonistas políticos, el secretario de Justicia le puede responder.

ALVAREZ.- En relación a las tareas de inteligencia, bueno, producto de las tareas de inteligencia es que se ha determinado la necesidad que el ministerio de Justicia el día de mañana esté realizando la denuncia penal correspondiente donde se van a solicitar fervientes medidas de prueba a los efectos de determinar las vinculaciones que existen entre estas redes sociales que estamos mostrando, estas distintas páginas Web y los distintos dirigentes políticos. Nosotros tenemos como antecedentes los distintos trabajos que se vienen realizando en la Justicia nacional, en la Justicia federal y en la Justicia provincial como, por ejemplo, el caso que decía recién de Campana. Yo tengo el auto de procesamiento del 12 de febrero de 2013 donde efectivamente, a partir de las denuncias que habíamos realizado, se procesa a los actores de los saqueos que se realizaron en ese momento en Carrefour y se encuentra en momentos de demostración la vinculación de esos actores con los distintos actores políticos. Recuerden que en ese momento, hablamos de Moyano, de un hombre de Moyano que hoy está procesado en esta causa penal. Con relación al caso de Baratta, es un caso paradigmático porque este es un concejal que la vez fue ex jefe de la Policía provincial y es hoy un referente político del Conurbano, de la Tercera Sección Electoral, siendo que el cargo que ostenta de concejal es por el Frente Renovador y está promoviendo estos hechos. En el caso de Baratta, es un caso que él no hizo público a través de sus declaraciones y lo que se induce de las declaraciones. Si no le hacen lugar a los planteos gremiales que realizamos, esto va a dar lugar a saqueos. En este momento, apelando a la memoria colectiva de lo que significa en nuestro país un 20 de diciembre o a los finales del año. La verdad que es una discusión política de fondo muy relevante donde se está discutiendo algunos sectores, evidentemente desestabilizadores, de lo más rancio de la policía, de lo que nosotros conocemos como “maldita Policía”, apelando a esa memoria colectiva con otra realidad social que está a momentos de realizar los festejos por los 30 años de democracia. Yo creo que hay que convocar a la sociedad también a una reflexión en este sentido. En lo relativo a otros referentes políticos, se va a determinar judicialmente a partir de los elementos de prueba que nosotros aportaremos pertinentemente ante la Justicia a través de las investigaciones que tenemos realizadas en las direcciones de política criminal tanto en el ministerio de Justicia como en el ministerio de Seguridad.

PERIODISTA.- ¿Qué se sabe en cuánto a los sitios de Internet que reflejaron estas cosas y cuáles serían las penas…?

ÁLVAREZ.- En este momento nosotros tenemos identificados 6 sitios de Internet con alta concurrencia que tienen vinculación entre sí. Nosotros en este momento estamos haciendo la investigación respectiva con relación al 6D de cada uno de los actores que se manifiestan en estos sitios de Internet y comunicándonos con Freebook argentina para que tome las medidas pertinentes relativas a las redes sociales.

PERIODISTA.- El tema de las penas…

ÁLVAREZ.- El tema de las penas, recién lo comunicaba el Ministro, dependiendo de la calificación del delito, el robo agravado tiene entre 11 y 15 años de prisión.

PERIODISTA.- Dos cuestiones: una, la que tiene que ver con los sitios de Facebook que promueven los saqueos, ¿tienen que ver solamente con la provincia de Buenos Aires o han detectado de otros lugares del país?

ÁLVAREZ.- Sobre todo de la provincia de Buenos Aires pero también de Tucumán.

PERIODISTA.- Y lo que quería preguntarles es si podría ser más preciso, porque usted apunta directamente con el Frente Renovador, contra Salvador Baratta, quería saber si hay, más allá de este reportaje en el programa de Jorge Rial, que usted decía las declaraciones que uno puede compartirlas o no, ¿cuáles serían los vínculos directos que hay entre Frente Renovador, Salvador Baratta y la gente que está realizando los saqueos y si hay algunos otros partidos políticos también anotados con vínculos directos, más allá de estas declaraciones que uno pueda compartir de Baratta?

ÁLVAREZ.- Los vínculos se tienen que demostrar en el respectivo proceso judicial que nosotros estamos denunciando. Nosotros estamos expresando hoy de forma categórica la existencia de estos grupos que se organizan mediante redes sociales, sabemos cómo son utilizadas las redes sociales a estos efectos y a la vez, expresando lo que significan estas declaraciones en términos que leía recién expresamente, bueno, que un ex jefe de la Policía desplazado que hoy está queriendo crear un sindicato. Dice “nosotros el fin de semana paramos casi 12 conflictos en diferentes lugares -bueno, 12 conflictos que él conocía evidentemente- y les dijimos que esperen hasta el lunes a ver qué resolución se tomaba”. Yo creo que esto no es propio de un ciudadano, de un dirigente político responsable que esté diciendo que “esperen hasta el lunes”, que si no esperan hasta el lunes, puede pasar lo que pasó en Córdoba, como dije precedentemente. En Córdoba, como no hay un sindicato, pasó que pasó. Entonces, “estamos en este momento reclamando y si no nos dan lo que nosotros pedimos -dice Salvador Baratta- va a pasar lo que pasó en Córdoba”. Creemos que esto es una falta de responsabilidad total de un dirigente político, en este caso de Salvador Baratta.

PERIODISTA.- Quería preguntarles concretamente, para aclarar un par de ideas, porque, Ministro, usted recién habló del caso de Ecuador, que en su momento el presidente Correa lo había ligado a una intentona de golpe militar. Pero, por otro lado, los gobernadores en algunos casos dicen “no es toda la Policía la que está levantada, es un 10 por ciento, un 5 por ciento”. ¿Tanta fuerza tiene este movimiento, actúa coordinado a nivel nacional como para que se plantee un caso similar al de Ecuador?

ALAK.- No, quiero dar más precisiones. Decíamos en referencia a los 30 años de democracia que hemos dejado atrás dictaduras militares en donde utilizaban a las fuerzas armadas para condicionar a los gobiernos democráticos. Por lo tanto, decimos que un gobierno democrático puede estar condicionado por una sola cosa que es el voto popular. Es el voto popular, el voto de los ciudadanos los que pueden modificar o no las políticas de un gobierno democrático y no puede ni antes las fuerzas armadas ni ahora bajo actitudes de extorsión las policías provinciales. Por lo tanto, en Ecuador se dio un caso que las policías ecuatorianas querían imponer bajo extorsión al presidente Correa determinadas políticas públicas que el presidente Correa no accedió. Nosotros no queremos que se modus operandi que se en otros países de Latinoamérica, se dé aquí. Debe ser clara la reflexión a todo nuestro pueblo y es claro que la seguridad es un servicio público no esencial. No lo decimos nosotros, lo dice la ley. Por lo tanto, no puede dejarse de prestar ese servicio más allá de que haya mesas de diálogo entre las policías y los ministerios respectivos, en este caso, provinciales.

PERIODISTA.- ¿Pero usted cree que la Policía está buscando un movimiento para derrocar a este Gobierno?

ALAK.- No, lo que nosotros decimos es que no puede bajo métodos extorsivos, condicionarse las políticas  salariales de los gobiernos, en estos casos provinciales, porque son gobiernos democráticos. Por lo tanto, pueden haber mesas de diálogo, haber conversaciones, los sindicatos policiales de gente que porta armas, en Argentina está prohibidos, por el hecho de que la portación de armas es incompatible con la sindicalización, eso no habíamos dicho nosotros solos, lo ha dicho históricamente la Justicia argentina y no hay ley que autorice la sindicalización. Por lo tanto, cualquier tema de necesidades de una fuerza, se puede plantear en los ministerios policiales respectivos. Lo que no puede hacerse, es no prestar el servicio público de la seguridad y también queremos dar más precisiones. Queremos que la mayoría de los efectivos de las fuerzas policiales, está acatando la ley y no está perturbando el orden público. Es una minoría  que genera un impacto mediático importante, lo vemos permanentemente en las pantallas de televisión, la que no quiere subordinar su accionar a la ley. A esos sectores les decimos: señores, eso es ilegal. Quien integra una fuerza de seguridad, no puede dejar de prestar el servicio público. El Gobierno no pretende imputar, procesar o condenar a esos integrantes de las fuerzas de seguridad. Lo que pretende el Gobierno es que se deponga esa actitud, que no persista el delito de la comisión de un delito como es la no prestación del servicio público de la seguridad y la protección de nuestro pueblo. Estamos acá porque nuestro pueblo quiere la protección que se merece por pagar los impuestos que paga para contribuir al mantenimiento de las fuerzas de seguridad en todo el país.

PERIODISTA.- Lo último que quería preguntarle es si está prevista una reunión con gobernadores para tener una coordinación política para actuar frente a este hecho y si les consta que hay una conexión entre los sectores políticos y la Policía o los propietarios de estos sitios de Facebook.

ALAK.- Bueno, el secretario de Justicia dio recién elementos documentales claros de que existen conexiones. La reunión con los gobernadores será un tema que excede el ámbito del ministerio de Justicia. Sí nosotros podemos decir que tenemos una coordinación muy estrecha  y permanente con el ministerio de Seguridad de la Nación y que hemos convocado para el próximo viernes a la ciudad de Córdoba atrás del Consejo Federal de Procuradores y Fiscales a todos los procuradores y fiscales de la Argentina para que, junto al Procuraduría General de la Nación y el secretario de Seguridad de la Nación, vayamos ajustando cada vez más las políticas de información, las políticas de imputación, de procesamiento y, eventualmente, de detención de las personas que están saqueando hogares, llevando temor al a población. Nuestra población no merece que la Policía no la cuide. Nuestra población merece que la Policía la cuide. Y la Policía, si tiene algún reclamo, tiene las vías institucionales para plantearlo y no es la no prestación del servicio público de seguridad.

PERIODISTA.- Inaudible.

ALAK.- Nosotros estamos trabajando para que la actitud de los policías que no cumplen con el servicio público de seguridad, se deponga de inmediato. Nuestra hipótesis es que depongan las medidas de fuerza y lo que sí estamos haciendo, es cada vez más incrementando la coordinación, estamos en un Estado federal, queremos coordinar las políticas con las provincias. La seguridad, reitero, es una facultad de las provincias argentinas no delegada en el Gobierno federal y es indispensable respetar la organización institucional argentina, respetar las autonomías provinciales, respetar sus facultades. Por lo tanto, sí vamos a seguir profundizando la coordinación con las Justicias provinciales y las fuerzas de seguridad provinciales.

PERIODISTA.- Ministro: ¿está previsto por parte del Gobierno de la Nación establecer un mecanismo de subsidios o de créditos a tasa blanda para todos aquellos que han sido víctimas de saqueos y que perdieron todo?

ALAK.- Ese es un tema que excede el ámbito del ministerio de Justicia. Es un tema que habría que plantearlo a nivel de relaciones de gobernadores con la jefatura de Gabinete o a nivel de otras áreas, pero no con nosotros. Gracias.