La Presidenta de la Nación sostuvo que el actual funcionamiento del Poder Judicial “exige una democratización para darle mayor legitimidad a uno de los poderes del Estado, tal vez el más importante, porque es el último lugar donde se revisan los actos” del gobierno y en el que “se decide la vida, la libertad y el patrimonio de los argentinos”.

La Jefa de Estado afirmó que la batería de proyectos “forma parte también de un proceso que se inició hace una década”, cuando, a partir del gobierno de Néstor Kirchner se le dio “legitimidad a un Poder Ejecutivo que venía sumamente desprestigiado”. Indicó que los proyectos ingresarán “una parte por el Senado, y otra lo hará por la Cámara de Diputados, de manera que no se amontonen en una sola cámara”, y su tratamiento pueda ser más rápido.

Acciones para la democratización de la justicia

• Reforma del Consejo de la Magistratura para que los miembros sean elegidos por voto popular. Se amplía de 13 a 19 miembros: además de legisladores, jueces y abogados, se integrarán cinco académico de diferentes extracciones. No serán elegidos por voto los representantes del Poder Ejecutivo y el Legislativo.

• Ley de ingreso democrático al Poder Judicial: Ya no se privilegiará para ser juez al que ya pertenezca al Poder Judicial. Se implementará un concurso previo para cubrir vacantes. Para evitar favoritismos, el ingreso de empleados y funcionarios al Poder Judicial será por examen, y si los postulantes exceden los cargos a cubrir, se realizará concurso público.

• Nuevo Registro Público de Causas en todos los tribunales para mejorar el acceso de la información.

• Ley que establezca la obligatoriedad de presentación de las declaraciones juradas del Poder Judicial y del Poder Legislativo, igualando los requisitos exigidos al Poder Ejecutivo.

• Regulación de medidas cautelares contra el Estado para agilizar las sentencias definitivas. No podrán superar los seis meses las resoluciones de fondo.

• Se crearán tres Cámaras de Casación: Contenciosa Adminsitrativa Federal; Nacional y Federal del Trabajo y la Seguridad Social; y Federal y Nacional en lo Civil y Comercial,  para aliviar trabajo de la Corte Suprema y unificar la jurisprudencia.

Además se actualizarán los Códigos Civil, Comercial y Penal y se reformarán los códigos procesales para modernizar los procesos judiciales y acortar plazos.

La Primera Mandataria aseguró que “la medida cautelar ha dado origen a un nuevo derecho, el derecho cautelar. A través de presentar medidas cautelares, se interrumpe la aplicación de leyes, se dilata durante años. Y es más: las medidas cautelares se deciden in audita pare. El Estado no se entera, no se le corre traslado, como ocurre con cualquier causa”.  “Tal vez el hecho más conocido es el de la ley de medios audiovisuales: tres años que se ha sancionado una ley por amplia mayoría”, recalcó.

Cristina Fernández sostuvo que dichas medidas cautelares “han devenido en graves conflictos jurisdiccionales. Hay juzgados en los cuales hay radicadas miles de medidas cautelares, que han implicado pérdidas para el Estado y un gran negocio para muchísimos estudios jurídicos”. “El Estado son los 40 millones de argentinos y principalmente aquellos sectores, que por su vulnerabilidad, requiere un Estado lo más transparente y lo menos opaco posible”, expresó.

Por otra parte, la Presidenta remarcó que la reforma constitucional de 1994 a “los partidos políticos como el único camino por el cual se debe ejercer la democracia”, por lo cual enfatizó que la reforma planteada para el Consejo de la Magistratura “no es politización o partidización de la Justicia”.

Afirmó que “una cosa es la tarea jurisdiccional, que no puede someterse al voto popular, y otra cosa es ser parte de un organismo que conduce y dirige a un poder del Estado”. “Los académicos o científicos – que integren el cuerpo - provendrán de distintas ciencias, para conformar un Consejo de Magistratura plenamente consustanciado con lo social, y no corporativo de los abogados”, aseguró.

Respecto a los jueces subrogantes, la Jefa de Estado recordó que algunos “determinan medidas cautelares, luego se retiran o se declaran incompetentes”, por lo que su designación “estará en manos del Consejo de la Magistratura y no de cada cámara”. “No puede ser patente de corso ser juez subrogante o jubilado para ocupar una vacancia”.

Acerca de la publicación obligatoria de todas las causas en Internet, indicó que el objetivo es que cuando salen las sentencias, “no sean un delivery judicial”. “No puede ser que haya causas que duerman el sueño de los justos, y otras que salgan para que haya un impacto mediático y digan que hay un poder judicial independiente”, expresó.

Afirmó que con la democratización de la justicia se debe “lograr que la sociedad se involucre. Muchos dirigentes le tienen temor a la participación de la sociedad, pero es el mejor reaseguro para que se actúe con responsabilidad”.

La Primera Mandataria indicó que las declaraciones juradas de los miembros de los tres poderes del Estado “podrán ser consultadas a través de Internet”, en consonancia con lo que ocurre actualmente con las de los miembros del Poder Ejecutivo. “Es la declaración que se presenta ante el organismo recaudador, no hace falta tener ganancias para presentar la declaración ante la AFIP”, señaló.

Asimismo, Cristina Fernández consideró que “es absurdo querer aplicar el código que rige a los ciudadanos particulares al Estado nacional”. Por tanto, sostuvo que las cautelares contra el Estado deben “buscar proteger el interés público: el particular debe probar que el perjuicio no es recuperable”.

También expresó que ante cada medida cautelar “el tribunal tendrá que dar vista al Estado” y enfatizó que “si tiene derecho a defenderse un ciudadano, como no va a tener derecho a defenderse el Estado, que representa a los 40 millones de argentinos”.

La Presidenta aseveró que a través del proyecto la cautelar no podrá “superar los seis meses como plazo razonable, para llegar a una medida de fondo”. “Cualquier juez puede dictaminar como inconstitucional una ley; pero no puede estar cinco años para determinar si es inconstitucional”, recalcó.

Opinó que “cuando alguien cree que por defender su derecho, tiene que impedir que otros ciudadanos lo ejerzan, es necesario que la justicia equilibre los derechos de toda la sociedad”.

Respecto a medidas como el bloqueo a destilerías, sostuvo que “no podemos más aceptar la violencia, la coacción. Quiero vivir en una sociedad donde cada ciudadano tenga derecho a vivir en paz”. “Por eso queremos una justicia legítima, ágil, y democrática para todos los argentinos”, señaló

“Necesitamos jueces que estén dispuestos a jugarse por una sociedad democrática, de la misma manera que hubo presidentes que se jugaron para construir una sociedad más justa, más equitativa”, aseguró la Jefa de Estado. Y enfatizó que se el objetivo es tener “jueces que permitan que el Estado pueda seguir funcionando y conjuntamente con la sociedad”.

Asistieron al acto el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Ricardo Lorenzetti; el ministro de Justicia, Julio Alak; la presidenta del Senado, Beatriz Rojques de Alperovich y el titular de la Cámara de Diputados, Julián Domínguez, entre otras autoridades.