"Me dijo que en breve se pondrá en contacto con nosotros, dándonos la respuesta tanto de Gran Bretaña como de los otros miembros del Consejo de Seguridad", subrayó el funcionario. Sostuvo que las expectativas de la Argentina pasan porque "las Naciones Unidas cumplan con su objetivo de preservar el diálogo entre los países para resolver conflictos".

Consultado en rueda de prensa sobre el deseo de los isleños de mantener su nacionalidad británica, Timerman explicó que, según la ONU, "primero está la soberanía y luego está la autodeterminación" y que "esa población llegó después de la invasión, esa población no es autóctona, ni siquiera son colonos que llegaron antes de la independencia argentina; por eso, en 1965 la ONU se expidió diciendo que el conflicto es entre Gran Bretaña y la República Argentina, que lo que se debe resolver es un tema de soberanía".

"La Argentina ha mantenido el respeto hacia los intereses y la forma de vida de los isleños", aseguró Timerman y cuestiónó que Gran Bretaña recurra al argumento de la autodeterminación de los pueblos: "¿En Hong Kong les preguntó a los habitantes cuales eran su deseos o sus intereses?", ironizó el funcionario, y agregó que "la Argentina ha apoyado todos los procesos de autodeterminación del mundo; no creo que Gran Bretaña pueda decir lo mismo".

Durante la conferencia, el canciller detalló la denuncia y la información presentada ante la ONU, que evidencia la militarización de la zona y los alcances de fuego en la región latinoamericana (ver informes adjuntos ) y pidió a Gran Bretaña que "desista de esta escalada militar que está llevando a cabo en el Atlántico Sur".

Los alcances de la denuncia

El comunicado presentado al secretario general de Naciones Unidas, Ban Ki Moon, expresa que “una vez más, la República Argentina se ve en la obligación de alertar a la comunidad internacional, a través de los órganos principales de las Naciones Unidas, sobre la creciente militarización británica de las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur y los espacios marítimos circundantes que son parte del territorio nacional argentino y al estar ilegalmente ocupados por el Reino Unido son objeto de una disputa bilateral de soberanía, reconocida por las Naciones Unidas.

El Gobierno argentino, reiteradamente, ha destacado que esa creciente militarización británica es contraria a la búsqueda de una solución pacífica a la disputa de soberanía, constituyendo una afrenta para la región toda y creando una tensión innecesaria en el Atlántico Sur.

La preocupación del Gobierno argentino se ha acrecentado recientemente con las declaraciones y decisiones adoptadas por el Gobierno británico de carácter netamente provocativo, cuyo corolario es la creación de una situación en el Atlántico Sur no deseada ni por la Argentina, ni por la región.

No pueden ser interpretadas de otra manera, entre otras, las declaraciones del Primer Ministro David Cameron del pasado 18 de enero cuando, frente al Parlamento y refiriéndose a las fuerzas militares de las islas Malvinas, señaló que había convocado al Consejo de Seguridad Nacional para discutir dicha cuestión. Ello estuvo acompañado por el alarde del Ministro de Estado para las Fuerzas Armadas del Ministerio de Defensa, Nick Harvey, quien manifestó también ante el Parlamento, el pasado 16 de enero, que la base militar de las Islas Malvinas cuenta con un vasto número de recursos militares, los que incluyen fuerzas aéreas, navales y de tierra con capacidad de ser reforzadas, si fuera necesario. En la misma línea, el pasado 15 de enero, se manifestó el Canciller británico William Hague quien agregó una mención a la reciente remodelación del aeropuerto militar de las Islas. Julien Brazier, miembro de la Comisión de Defensa de la Cámara de los Comunes británica calificó, el pasado 1 de febrero, al reciente despliegue militar británico como un mensaje para la Argentina “muy poderoso y oportuno”.

Argentina cuenta con información que, en el marco del reciente despliegue militar británico en las Islas Malvinas, alerta sobre el envío de un submarino nuclear con capacidad para transportar armamento nuclear al Atlántico Sur. La Argentina, así como otros países de la región a pedido de la Argentina, requirieron información con relación al transporte de armas nucleares en el Atlántico Sur al Reino Unido. Este país se negó a otorgar información alguna que permitiera corroborar o desmentir un hecho de tal gravedad que afecta a países con los cuales pretende mantener relaciones diplomáticas normales.

Tal conducta, que ya tiene antecedentes similares, ha contribuido a aumentar la preocupación del Gobierno argentino por esta escalada militar.

En 2003 el Gobierno Británico, luego que la prensa denunciara los hechos, admitió el ingreso de navíos en forma secreta con armamento nuclear en el Atlántico Sur y que, además, ocurrieron incidentes con motivo de su manipulación. El Gobierno Argentino denunció el incidente ante la ONU.

La introducción de armas nucleares en el Atlántico Sur es una contradicción al Tratado de Tlatelolco del cual Gran Bretaña es parte, cuyo fin es la desnuclearización militar de América Latina, habiendo todos los países sudamericanos renunciado a las armas de destrucción masiva.

Eso hace de los archipiélagos en disputa una pieza fundamental del esquema estratégico británico de naturaleza y alcance globales, donde se concentra un enorme poderío militar y el único nuclear de la región; pudiendo concluirse que la infundada defensa por el Reino Unido de la autodeterminación de los 2.500 isleños no es mas que una excusa para el establecimiento de una poderosa base militar que sirva a sus intereses estratégicos en el Atlántico Sur con proyecciones a la Antártida, al Pacífico y al Indico.

La tensión creada por los hechos referidos se ha incrementado con la llegada a las Islas Malvinas del Príncipe Guillermo, segundo en la línea de sucesión al trono británico, en su condición de alto oficial de las fuerzas armadas británicas para realizar ejercicios aeronavales. Sin entrar a considerar las implicancias políticas de esta decisión, ésta se ve agravada al verse acompañada por el envío al Atlántico Sur de un destructor misilístico de última generación, de la misma clase del recientemente enviado por el Reino Unido al Golfo Pérsico, zona que por su alta volatilidad no resulta comparable a la del Atlántico Sur.

Lo que hoy está ocurriendo es una nueva etapa del incremento de la presencia militar británica en el área en disputa. En efecto, en el año 2004, el Gobierno británico jerarquizó la base militar de las Islas Malvinas, extendiendo su ámbito operacional a espacios que exceden al área disputada. Más aún, en el año 2010, la República Argentina denunció ante la Organización Marítima Internacional, los ejercicios misilísticos británicos en áreas marítimas aledañas a las Islas Malvinas, que ponían en riesgo la seguridad de la navegación en el Atlántico Sudoccidental.

Simultáneamente la nueva Revisión de la Seguridad y Defensa Estratégica británica, presentada en octubre de 2010, muestra el verdadero objetivo estratégico de la base militar establecida en las Islas Malvinas: contar con un centro de apoyo para el despliegue militar británico a escala global. Huelga señalar que ese objetivo es ajeno a los intereses de la región.

La escalada militar británica preocupa no sólo a la Argentina sino también a los países del área y fuera de ella. La Cumbre Iberoamericana en diciembre de 2010 y en octubre de 2011, y la Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR) en octubre de 2011, se sumaron a la Argentina en el rechazo al despliegue militar británico en la zona.

Esta situación se enmarca en la reiterada negativa del Reino Unido a reanudar las negociaciones que ordenan las Naciones Unidas y en sus ilegales medidas unilaterales que involucran la exploración y explotación de recursos naturales renovables y no renovables del área de la controversia. Ello en abierta violación de lo dispuesto por la Resolución 31/49 de la Asamblea General de la Naciones Unidas, que requiere que ambas partes se abstengan de adoptar decisiones que entrañen la introducción de modificaciones unilaterales en la situación de las Islas mientras se encuentre pendiente de solución la controversia de soberanía entre los dos países.

Las ilegítimas exploraciones hidrocarburíferas desarrolladas por el Reino Unido en aguas adyacentes a Malvinas - e intensificadas a partir del año 2010 -, además de ser contrarias a la Resolución 31/49 antes mencionada, se llevan adelante en las difíciles condiciones del Atlántico Sur, en un medio ambiente marino, hasta el presente, prístino. Estas actividades, también, son motivo de particular preocupación para la Argentina toda vez que implican un grave riesgo ambiental que puede producir una catástrofe ecológica, como la ocurrida recientemente en el Golfo de México.

Tales ilegales actividades han sido rechazadas por el MERCOSUR y los Estados Asociados, la UNASUR y la CELAC. Los dos primeros a fin de prevenir o evitar que ellas se realicen han acordado informar a la Republica Argentina sobre el movimiento de buques con cargas vinculadas a la exploración y explotación de hidrocarburos en las áreas ocupadas por el Reino Unido.

La ilegal actividad británica pesquera en el área de la controversia se ha visto agravada, también, con la adjudicación unilateral a terceras banderas por parte del Reino Unido de derechos de propiedad sobre recursos pesqueros por un plazo de hasta 25 años, creando de ese modo hechos consumados que ponen de relieve, una vez más, el rechazo británico a solucionar la disputa a través de negociaciones bilaterales.

A la luz de lo anterior, la conducta del Reino Unido en relación a la disputa de soberanía resulta incompatible con sus obligaciones como miembro de las Naciones Unidas, en virtud de las disposiciones de la Carta, relativas al arreglo pacífico de las controversias internacionales. Ello resulta particularmente grave en su condición de miembro permanente del Consejo de Seguridad, órgano encargado de velar por la paz y seguridad internacionales.

Más grave aun es que, en momentos en que el mundo debate la necesidad de controlar y disminuir el riesgo nuclear, un miembro permanente del Consejo de Seguridad envía el mensaje contrario.

La República Argentina reitera su disposición a reanudar las negociaciones, ya largamente postergadas, para alcanzar una solución pacífica de la disputa de soberanía sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur y los espacios marítimos circundantes”.