Generación de 6 millones de nuevos puestos de trabajo, bajando la desocupación del 26% al 6,9% en el último cuatrimestre de 2014. Además 14.456 cooperativas y 11.715 mutuales fueron constituidas en el período 2003 – 2010 creando 750 mil empleos, lo que alcanza aproximadamente al 10% del Producto Bruto Interno.
Restitución de la convenciones colectivas de trabajo para negociar salarios. En 2003 hubo 203 convenios entre trabajadores y empresarios, mientras que en 2009 ascendieron a 1286.
Reinstalación del Consejo del Salario Mínimo, Vital y Móvil, el mecanismo democrático para que los representantes de los trabajadores (CGT y CTA), los empresarios y el Estado, establezcan nuevos pisos para el salario mínimo, vital y móvil. Este instrumento había estado desactivado por 14 años. El salario mínimo pasó de 200 pesos en 2003 a 6.060 pesos a partir del 1 de enero de 2016, con un incremento de 2930%, siendo la mejor remuneración mínima de América Latina.
Incremento del trabajo registrado: En el tercer trimestre del año 2003, el 49% de los trabajadores no estaban registrados en el sistema de la Seguridad Social. En 2014 ese porcentaje fue reducido al 33,1%.
Programa Proemplear, con los objetivos de preservar puestos de trabajo y promover el empleo y regularizar el trabajo no registrado. A partir de la implementación del PROEMPLEAR, los jóvenes que participan del PROGRESAR se encuentran habilitados a acceder a las acciones de entrenamiento para el trabajo e inserción laboral del Ministerio de Trabajo.
Ley de Movilidad Jubilatoria que garantiza a los jubilados dos aumentos automáticos por año. Desde que la ley fue aprobada en 2008, la jubilación mínima aumentó un 523,05%, llegando a los 4.299,06 pesos, a partir del 1 de septiembre de 2015. Desde marzo de 2003 a marzo de 2015 la mínima aumentó su valor 28 veces y el haber medio 16 veces. Desde la aplicación de la Ley de Movilidad, el haber jubilatorio tuvo una fuerte recomposición en relación con el Salario Mínimo Vital y Móvil pasando del 62% al 77,7%.
Programa de inclusión previsional a través de la jubilación para amas de casa, jubilación anticipada para desocupados que aún no cumpliendo con la edad jubilatoria, cuenten con los 30 años de aportes requeridos y jubilación automática para trabajadores autónomos. Tras la última moratoria previsional, lanzada en septiembre de 2014, hay 552.061 nuevos jubilados en la Argentina. Así, el sistema previsional contempla un total de 8.031.294 prestaciones, lo que implica una cobertura récord en la historia del país. De ese total, 6.531.283 son jubilaciones y pensiones y 1.500.011 Pensiones No Contributivas. Actualmente, la Argentina tiene la tasa de cobertura previsional más alta de todo el continente americano, dado que el 97% de las personas con edad para jubilarse lo pueden hacer, mientras que una década atrás se ubicaba en el 65%.
Eliminación del sistema de AFJP y creación del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA). En noviembre de 2008 el Congreso aprobó un proyecto del Ejecutivo que reestatizó el sistema previsional. En ese momento, diez AFJP administraban 90 mil millones de pesos de los trabajadores, cobrándoles comisiones por administración del 33 % de sus aportes. Ese año la rentabilidad promedio del sistema había sido de -2,5 por ciento, ocasionándole una pérdida al fondo de 8000 millones de pesos. Desde que la ANSES se hizo cargo de los fondos previsionales que manejaban las AFJP, las inversiones totales representan el 9,8% del PBI. En julio de 2015, el Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) alcanzó los 550.717 millones de dólares. Además, la ANSES gasta sólo 2,57% de sus recursos en administrar el FGS, cuando las AFJP cobraban $3.200 millones en concepto de comisiones.
Ley de Protección de las Acciones del Estado Nacional en el Fondo de Garantía de Sustentabilidad. Declara de interés público la “protección de las participaciones sociales del Estado nacional que integran la cartera de inversiones del Fondo de Garantía de Sustentabilidad del Sistema Integrado Previsional Argentino (FGS) y las participaciones accionarias o de capital de empresas donde el Estado nacional sea socio minoritario”. La norma prohíbe la transferencia de esas acciones sin previa autorización del Congreso de la Nación con mayoría especial, es decir, con los votos de los dos tercios de sus miembros
Mejoras en la distribución del ingreso. El coeficiente de Gini, que mide la desigualdad del ingreso (cero indica total igualdad, uno indica la mayor desigualdad) , en 2004 se ubicaba en 0,471; en 2012 descendió a 0,364.