Señor Vicepresidente de la Nación; señor presidente provisional del Senado; señor presidente de la Cámara de Diputados; señores gobernadores; señores ministros del Poder Ejecutivo Nacional; señores jefes del Estado Mayor Conjunto y de los Estados Mayores Generales de las Fuerzas Armadas; señores legisladores; miembros del Cuerpo Diplomático; señoras y señores: vengo a dejar inauguradas las sesiones del Honorable Congreso de la Nación como lo dispone el inciso 8 del artículo 99 de la Constitución de la Nación Argentina, en esta ocasión prevista por nuestra Ley Fundamental para que en mi carácter de Presidente dé cuenta ante la Asamblea Legislativa del estado de la Nación, repasando lo que hasta aquí hemos recorrido, verificar lo que estamos haciendo y marcar los rumbos que debemos seguir, de eso se trata.

Es preciso siempre recordar de qué situación venimos; vamos de a poco superando con esfuerzo lo que constituyó la peor crisis de nuestra historia; vamos escalando peldaño a peldaño lo que ha sido y todavía es el calvario de la Argentina. Venimos del infierno intentando todavía salir de él, por eso debemos actuar con memoria. Deberemos repasar los hechos que marcan con toda contundencia a veces cuánto hemos avanzado, otras veces cuánto nos falta recorrer y otras tantas cuánto cuesta reconstruir lo que ha sido destruido.

La propia naturaleza de los problemas que hoy enfrentamos nos marca que el rumbo ha sido el correcto y nos marca también que el esfuerzo debe ser continuado. Nuestras crisis recurrentes han obstaculizado la permanencia de las políticas correctas, han impedido que se continúe un mismo rumbo. No queremos volver al pasado, queremos con memoria, verdad y justicia construir las bases de un sólido futuro.

El año que pasó será recordado como el año en que logramos estructurar una solución estratégica al problema de la deuda externa de la República Argentina, permaneciendo fieles a nuestra convicción de evitar más sacrificios y sufrimientos a nuestro pueblo y fortaleciendo la capacidad autónoma de nuestro país.

La economía argentina ha iniciado un proceso de crecimiento sostenido. Lo que en un principio fue interpretado por los analistas de siempre como una mera recuperación temporaria puede ya considerarse sin lugar a dudas como el inicio de una nueva etapa en el modo de funcionamiento de la economía del país. Disciplina fiscal, reducción de la carga de la deuda, prudencia monetaria, superávit externo, crecimiento de las reservas, vigoroso crecimiento y diversificación de las exportaciones, aumento de la inversión productiva, reversión de la fuga de capitales, creación de millones de puestos de trabajo genuinos, recuperación del poder adquisitivo de los salarios, reducción de la pobreza y la indigencia, inicio de la reversión del deterioro en la distribución del ingreso, son solo algunos de los rasgos característicos que señalan el comienzo de esta nueva etapa que debe resultar un proceso genuino de desarrollo que permita dejar atrás años de declinación persistente.

Como consecuencia de las inadecuadas y en ocasiones irresponsables políticas económicas del pasado, Argentina perdió hace décadas su lugar entre las naciones prósperas y es todavía un país notoriamente empobrecido y particularmente injusto; todavía no hemos salido del infierno. Consolidar esta nueva situación es el punto de partida para comenzar a revertir esta historia y para volver a instalar la noción de progreso y cohesión social de nuestra Patria.

Nuestra economía lleva 15 trimestres, para ser más precisos 37 meses consecutivos de crecimiento ininterrumpido y el PBI acumula desde el punto mínimo de la depresión un incremento del 36 por ciento. Este es un hecho inédito en los últimos 100 años de la historia económica de nuestro país. (Aplausos)

Durante 2005 el crecimiento de la actividad económica cerró con un alza del 9,1 por ciento, una de las tasas de crecimiento más elevadas del mundo. De esta manera el PIB ya ha superado en más de un 7 por ciento los máximos correspondientes del período de la precrisis. En términos per cápita luego de una contracción superior al 23,2 por ciento desde el inicio de la recesión, hemos recuperado en un corto lapso los niveles previos con un crecimiento promedio del producto por habitante de casi un 7,3 por ciento anual.

Nuevamente hay que remontarse hasta las primeras décadas del siglo pasado para encontrar un desempeño semejante. El vigoroso crecimiento de los últimos años se vio caracterizado por una notoria recuperación de la producción, de las actividades generadoras o ahorradoras de divisas cruciales para un país endeudado como el nuestro. La participación a precios corrientes en estos sectores en el PIB bajó así del 23,5 por ciento del 2001 al 36 por ciento en el 2005. Dentro de este grupo de actividades fue el sector industrial el que lideró claramente la recuperación al mostrar un crecimiento superior al 50 por ciento y una contribución al aumento del PIB de casi un cuarto del total desde el fin de la crisis, lo que pone de manifiesto el énfasis de las políticas actuales en la reconstrucción del dañado tejido industrial.

En esta línea, los recientes acuerdos alcanzados con nuestro socio mayor del Mercosur, plasmados en el mecanismo de adaptación competitiva, permitirá una sana integración productiva y una expansión equilibrada y dinámica del comercio regional. Estos acuerdos son la señal elocuente de la prioridad que el gobierno le otorga al proceso de reindustrialización del país y a la recuperación del espíritu original que guió el diseño de los primeros acuerdos integradores.

Asimismo, entre las actividades generadoras de divisas, el sector agropecuario se caracterizó por un notable dinamismo en respuesta a las favorables condiciones de rentabilidad generadas por la combinación de una paridad competitiva y un favorable contexto de los precios internacionales. Durante la última campaña agrícola se alcanzaron niveles récords de cosechas de 84 millones de toneladas. El favorable desempeño de este sector se tradujo en una palpable mejora de la situación de varias economías regionales que fueron uno de los motores de la recuperación de lo que hoy implica que el crecimiento económico sea mucho más equilibrado desde el punto de vista de la vasta geografía de nuestro país.

A diferencia de lo ocurrido durante la década pasada, sin embargo el proceso de crecimiento tendió a abarcar de manera equilibrada al conjunto de las actividades económicas, generalizándose también a los sectores productores de bienes y servicios no transables, entre ellos los de mejor desempeño resultaron ser aquellos con mayor relación con el sector productor de transables. Se destacó la fuerte recuperación de la actividad de la construcción en especial aquella con fines reproductivos que duplicó su producción desde la crisis y los rubros de transporte y comunicaciones y la actividad del comercio experimentaron cada uno de ellos un aumento de más del 40 por ciento desde lo peor de la crisis. Además y pese a la magnitud de la crisis financiera que indujo el colapso de la convertibilidad, la situación del sistema bancario experimentó una notable mejoría recomponiendo aceleradamente su liquidez.

Desde principios de 2004 el crédito al sector privado comenzó a recuperarse y hoy estos préstamos mantienen una tasa de aumento cercana al 30 por ciento anual. El fuerte crecimiento del empleo, la recuperación de los salarios reales, la mayor confianza de los consumidores y la reaparición del crédito, redundaron en una significativa alza del consumo que creció un 30 por ciento desde el fin de la crisis.

La contribución del consumo al crecimiento estuvo acompañada no obstante por el aporte de otros componentes de la demanda agregada, cruciales para garantizar la sostenibilidad del proceso de crecimiento en curso. En particular se observó un notable dinamismo de la tasa de inversión luego del derrumbe del 60 por ciento en términos reales de estas variables durante la crisis que condujo al colapso de la convertibilidad. Gracias a la recuperación posterior de aproximadamente 150 por ciento la formación de capitales ya se ubica en los niveles máximos de 1998.

Para poner en perspectiva la gravedad de la crisis y la notable recuperación subsiguiente, la tasa de inversión en términos del PIB pasó del 11 por ciento, un porcentaje que no alcanza siquiera para reponer el capital que se amortiza anualmente, a más del 21 por ciento al tercer trimestre del 2005. Por supuesto que tenemos que reforzar esta tendencia incrementándola 2 ó 3 puntos por lo menos.

De este modo, luego de que la crisis provocara una contracción en el stock de capital, la economía volvió a ampliar su capacidad instalada y se espera que este año, merced en buena medida a las políticas de estímulo adoptadas, vuelva a hacerlo en forma vigorosa, habida cuenta de los numerosos proyectos en curso y próximos a ser ejecutados. La acumulación de capitales y su correlato de creación de empleo, encontraron también condiciones particularmente propicias como consecuencia de la certidumbre para el horizonte de negocios resultante del exitoso proceso de reestructuración de la deuda pública.

La existencia de un panorama fiscal sostenible contribuye indudablemente a un escenario de mayor previsibilidad a la hora de proyectar el comportamiento futuro de variables macroeconómicas claras. En efecto, uno de los fundamentos del camino hacia la consolidación económica halla su origen en la sensible mejora operada en la situación de las cuentas públicas. Merced a una prudente política del gasto, a una adecuada administración tributaria y al propio resultado de la recuperación económica, el superávit primario consolidado de 2004 y 2005 registró niveles inéditos superiores en promedio al 4,8 del PIB, un valor que constituye otro récord histórico.

En esta mejora del resultado fiscal consolidado fue crucial la mejora de los controles y el mayor cumplimiento tributario por parte de los contribuyentes, dando lugar luego de años de despilfarro del manejo de la cosa pública a un círculo virtuoso de austeridad en el manejo de los recursos fiscales y consecuente mayor disposición de los ciudadanos a sostener con sus aportes las políticas gubernamentales.

La fuerte posición de las finanzas públicas ha permitido recuperar el uso de la política fiscal para lo que fue creada, por un lado para contribuir a suavización de los vaivenes de la economía mediante las políticas contrasísmicas y por el otro para retomar los fines nobles de la política económica utilizando las herramientas disponibles para ayudar a moderar arbitrariedades en la distribución de la riqueza.

Por su parte, la exitosa culminación del proceso de reestructuración de deuda soberana en cesación de pago, con el inédito ahorro de 67.000 millones de dólares, permitió comenzar a restablecer la solvencia de largo plazo de las finanzas públicas. (Aplausos)

De cara al futuro, al contribuir a eliminar un factor de incertidumbre recurrente, alineando los compromisos financieros con la verdadera capacidad de pago del país, la reestructuración contribuyó de manera decisiva a la sostenibilidad del proceso de crecimiento en curso, reforzando los fundamentos de la actual configuración macroeconómica. Aunque se exigirán sin duda sostenidos esfuerzos de ahorro fiscal de aquí en más el nivel y el perfil de la deuda pública son hoy manejables. La relación deuda-PIB alcanzaba en julio de 2005 el 64 por ciento y si se neteasen las reservas sólo el 42 por ciento.

Los indicadores de solvencia mostraron una notable mejoría al compararlos con los de diciembre de 2001. El stock de deuda bruta, por ejemplo, pasó a representar de 5, 4 veces las exportaciones a sólo 3,5 veces. También se ha reducido la vulnerabilidad por descalce de monedas, al crecer la deuda denominada en pesos de un 3 por ciento al 47 por ciento del total. La estrategia de reducción paulatina pero sistemática de carga de la deuda que durante las últimas tres décadas condicionó en forma recurrente el desempeño económico del país, no terminó allí. En esta línea, un verdadero hito ha sido la histórica decisión de cancelar en forma anticipada y completa los pasivos por alrededor de 10.000 millones de dólares por el Fondo Monetario Internacional después de casi 50 años de dependencia financiera con este organismo. (Aplausos) Lo que implicó una reducción de alrededor de 5 puntos del PIB adicionales sobre la deuda bruta consolidada.

El pago al Fondo Monetario Internacional se tradujo además en una reducción sensible de las necesidades de financiamiento de corto plazo, al tiempo que permitió un sustancial ahorro de intereses. Mucho más importante aún, eliminó uno de los factores de condicionalidad que atenazaba la posibilidad de desplegar una política económica autónoma en línea con las verdaderas necesidades de nuestro país y de nuestra sociedad.

A no equivocarse entonces, el margen de maniobra y los grados de libertad recuperados como consecuencia de este histórico paso son los que permitirán precisamente desplegar una política de desarrollo responsable y dejar atrás las políticas de sacrificio permanentes que siempre recaían sobre los mismos sectores en aras de un supuesto bienestar de futuro que sólo condujeron en definitiva a la ruina económica del país.

A no equivocarse entonces, este no es sólo un triunfo y un mérito de este gobierno, es un logro de todo el pueblo argentino y de la República Argentina, en tanto no era deudor un gobierno en particular sino todo el país. Vale aclararlo, ya que muchas voces opositoras parecieran entristecerse cuando se obtienen estos resultados positivos.

En el frente externo el superávit en cuenta corriente, que se situará este año seguramente sobre el 2,5 del PIB, se ha logrado gracias a una notable expansión de las exportaciones que ya alcanza los 40.000 millones de dólares anuales y que no incluye aquí lo que se obtiene en divisas por turismo que viene al país y que todos los países del mundo sí lo incluyen, con lo cual nuestras exportaciones estarían ya por arriba de estos 40.000 millones de dólares.

Un dato quizás más importante aún es que nuestras ventas al exterior han comenzado a modificar su perfil. Argentina vende cada vez más productos de alto valor agregado, las exportaciones industriales son hoy en volumen un 60 por ciento superiores a las del promedio de la convertibilidad. Durante el año que pasó las cantidades exportadas de manufacturas de origen agropecuario e industrial crecieron un 15 por ciento. La diversificación también alcanza a los destinos de nuestras exportaciones. En promedio durante la convertibilidad vendíamos a 160 países, hoy Argentina vende en más de 200 plazas en el exterior y en cuanto a las exportaciones industriales la cantidad de destinos pasó de 130 a 180.

El aumento de las exportaciones permitió sostener una necesaria recuperación de las importaciones, pero de éstas a su vez las divisas resultantes no fueron utilizadas para adquirir principalmente bienes de consumo como en el pasado; las compras ahora se concentran, y esto es muy importante, en bienes de capital e insumos para la producción, que crecieron desde el fin de la crisis en un 70 y 50 por ciento respectivamente. Las importaciones de bienes de consumo que representaban casi un 20 por ciento durante la convertibilidad, hoy solamente representan un 10 por ciento de nuestras compras. Aún con este aumento de las importaciones, Argentina mantuvo elevados saldos comerciales superavitarios, la balanza comercial registró durante los últimos 3 años un superávit promedio anual de alrededor de los 13.000 millones de dólares.

La fuga de capitales entre tanto ser revirtió, y desde el 2004 se observan entradas netas de fondos del exterior; implementamos un conjunto de políticas de regulación de los flujos de capital con el objetivo de mantener el ahorro externo, el nivel compatible con su contribución positiva al crecimiento a largo plazo, evitando así el ingreso al país de capitales especulativos de corto plazo.

Ha sido importante la acumulación de reservas que de un mínimo de 8.250 crecieron hasta 28.000 millones de dólares posibilitando la histórica decisión de cancelar la deuda con el Fondo y mitiga riesgos que enfrenta nuestra economía, aumentando la autonomía en la toma de decisiones de la política económica.

En suma, en los frentes fiscal y externo la economía argentina muestra saludables superávit gemelos en cada uno de los últimos 3 años, una situación inédita en la historia económica contemporánea de nuestro país. La recuperación económica produjo asimismo una notoria mejora de los indicadores sociales. El nuevo entorno macroeconómico favorecedor de las actividades intensivas en empleo, permitió una apreciable mejora en la situación de los trabajadores; la tasa de desocupación pasó del 23,3 en mayo de 2002 a un 10,7 en el tercer trimestre de 2005 y a 10,1 en el cuarto trimestre del 2005. (Aplausos).

Dios quiera que a fines del año 2006 nos podamos acercar a un dígito en la tasa de desocupación para recuperar algo que siempre fue histórico en la República Argentina.

Esta abrupta reducción del desempleo es más meritoria todavía porque se dio en un contexto en el que muchos argentinos se reincorporaron a la búsqueda de empleo por la sostenida mejora de las perspectivas del mercado de trabajo. De esta manera la economía creó 2 millones 800 mil empleos genuinos desde el comienzo de la recuperación. Esto permitió que más de 1 millón 700 mil argentinos dejaran de ser desempleados y que 1.100.000 trabajadores adicionales se incorporaran al mercado del trabajo. Al final de 2005 la cantidad de desempleados era la mitad de los que se contaban a principios de 2003.

Además durante el 2005 se crearon casi 300 mil puestos de trabajo genuinos; de cada 100 nuevos asalariados, 92 son asalariados registrados que cuentan con aportes jubilatorios y protección social, cuando en la década anterior la relación era de cada 100 sólo 60.

El empleo formal del sector privado creció en el último año a una tasa de 9,7 resultando la más alta de la última década, se crearon en ese período 60 mil empresas que ocupan en conjunto 200 mil trabajadores.

Durante el año que pasó el salario mínimo se elevó de 450 pesos a 630, lo que representa un aumento del 40 por ciento, muy por encima de la inflación. El haber jubilatorio mínimo pasó de 308 a 390, lo que implica un aumento del 27 por ciento, y para los mayores de 65 años el haber tuvo un aumento adicional de 30 pesos, lo que implica un aumento total del 36 por ciento. Mientras tanto el poder adquisitivo de los asalariados registrados creció un 28 por ciento de su punto mínimo, setiembre del 2002, y un 12 por ciento en este último año.

En el 2005 se homologaron 568 acuerdos y convenios colectivos, es decir un 63 por ciento más que los 348 del 2004, un 83 por ciento de esas negociaciones estipularon aumentos salariales.

El aumento del empleo, la recuperación de los salarios reales en un contexto de acentuado de la productividad del trabajo y las políticas de ingreso del Gobierno han permitido una importante reducción de los niveles de pobreza e indigencia, que durante la crisis habían alcanzado valores inéditos para nuestro país. Así de un pico de pobreza del 57,5 por ciento y de indigencia del 27,5 por ciento de la población se pasó a una tasa de pobreza del 34 por ciento y a una indigencia del 12,5 por ciento respectivamente. Lo que significa que alrededor de 6 millones de personas lograron dejar la pobreza y 4 millones y medio de argentinos abandonaron su condición de indigentes. (Aplausos)

A partir de este primer día de marzo ningún docente argentino estará por debajo de la línea de pobreza pues se le garantizarán 840 pesos mensuales de haber mínimo inicial. (Aplausos)

Estos factores se tradujeron en una mejora en los indicadores de la distribución del ingreso, aunque este camino muestra ser ríspido y sinuoso. El coeficiente Gini, una medida standard de distribución de los ingresos, observa una mejora continua, especialmente desde fines del 2003, fecha a partir de la cual observó una caída de 4 puntos porcentuales.

Todos los resultados mencionados, si bien constituyen un conjunto de condiciones necesarias de ninguna manera agotan las políticas deseables para alcanzar el progreso económico, sostenido, estable y socialmente inclusivo. Tenemos por delante un conjunto de desafíos relacionados fundamentalmente con el mantenimiento de la estabilidad, el aumento sostenido de la tasa de inversión y el pago de la deuda social. Una configuración macroeconómica estable, que no esté basada en desequilibrios sociales sino en la preservación de equilibrios básicos que los planos fiscal y externo, es la condición sine qua non para su sostenibilidad y para evitar la acentuada volatilidad típica del ciclo económico argentino, limitando así la probabilidad de nuevas crisis macroeconómicas financieras, que son las más regresivas, que afectan de manera desproporcionada a los más pobres.

Al mismo tiempo, para ellos resulta crucial preservar un rasgo inédito de la salida de la crisis, que fue haber mantenido un entorno de baja inflación pese a la significativa depreciación de nuestra moneda. Precisamente en los últimos meses se ha observado una cierta aceleración inflacionaria que reconoce su origen en una serie de factores concomitantes. Por un lado la suba de precios internacionales de los commodities y las crecientes exportaciones de alimentos que han provocado cierta inflación de origen importado.

Además, en un contexto de crecimiento y de fuerte recuperación de la demanda agregada, la generalización de la mayor actividad económica de todos los sectores de la economía se ha traducido en un esperable ajuste de precios relativos entre servicios y bienes que se da bajo una forma de alza transitoria de niveles de precios.

Por otro lado, luego de observarse un aumento en los márgenes de beneficio de las firmas se ha producido una recomposición relativa de la situación de los asalariados, como consecuencia de un mayor poder de negociación asociado a la notoria recuperación de empleo.

En algunos casos estos cambios han provocado cierta presión por el lado de los costos. En este sentido el crecimiento de la productividad y la rentabilidad deben ser tenidos en cuenta a la hora de actuar con consistencia respecto a la evolución salarial, a fin de darle un curso oportuno y justo al conflicto distributivo. En este contexto resulta crucial evitar que los agentes interpreten como permanente un fenómeno inflacionario, que es de naturaleza transitoria, y que el Estado y los propios consumidores asuman una actitud activa en defensa de los intereses en esta lucha. Los poseedores de capital deben modificar su comportamiento. En el viejo modelo aumentaban sus márgenes de ganancias vía desocupación y salarios a la baja generando empobrecimiento. (Aplausos)

Tiene que entenderse que nuestro modelo de crecimiento con equidad e inclusión está arraigado sobre todo en el incremento de la demanda interna y no puede permitirse que unos pocos se aprovechen del resto, desequilibrando vía precios, de modo que con los mismos ingresos pueda comprarse cada vez menos. (Aplausos)

Incrementar la producción invirtiendo, cuidar el círculo virtuoso de la demanda, producción, inversión, precios competitivos, mayor consumo interno, es central. Hemos dado fuerte impulso a los acuerdos de precios necesarios para estabilizar expectativas y evitar la aparición de mecanismos de propagación que den lugar a efectos de segunda vuelta y amenacen con imprimir una inercia propia al proceso de suba de precios.

Por más que algunos crean que debemos recurrir a las recetas que nos llevaron a la recesión en los años 2000 y 2001 y que trajo las consecuencias que este país tiene, seguiremos y confiamos fuertemente en los sectores productivos argentinos y en los sectores del trabajo, pero nunca más las recetas ortodoxas y exclusivas que han llevado al pueblo al enfrentamiento y al hambre. (Aplausos)

Actuaremos con firmeza en defensa del bolsillo de los consumidores, utilizando todas las herramientas con que contamos, para evitar que la avaricia de algunos afecte por vía de aumento de precios la capacidad de consumo de nuestro pueblo. Esta estrategia se complementa con una administración racional de políticas macroeconómicas consistentes, que logren asegurar la convergencia de la economía al ritmo del crecimiento sostenible de largo plazo, al estimular inversiones que determinarán un aumento continuo de la oferta de bienes y servicios.

De esta manera el renovado impulso de la inversión constituirá el punto de partida para asentar las bases de un desarrollo continuo en cantidad y calidad de nuestras fuerzas productivas, más inversión significa más productividad, innovaciones, estabilidad macroeconómica, mayores salarios y una perspectiva creíble de desarrollo nacional.

Es necesario continuar con las políticas que han permitido modificar el signo de los indicadores sociales. La creación de empleos dignos, con salarios justos, que permitan a los trabajadores acceder a la seguridad social y a una jubilación decorosa, es el punto de partida para todo país que se precie de querer alcanzar un desarrollo no sólo económico sino también social y humano. (Aplausos) El trabajo decente es la principal fuente de creación de riquezas, el vehículo que a través hombres y mujeres sostienen a sus familias y una herramienta básica para el progreso social. El trabajo decente asegura la movilidad social, la cohesión de las comunidades, el desarrollo de largo plazo y la transformación económica hacia un país en el cual valga la pena ver crecer a nuestros hijos. (Aplausos)

Buscamos que el empleo vuelva a ser el motor del crecimiento, el principal mecanismo de distribución del ingreso, lo más importante como política social de inclusión. Pudimos instalar nuevas pautas de funcionamiento en la dinámica de empleo que debemos proteger y consolidar. La búsqueda de la mejora de la calidad del trabajo y la consecuente reducción de la informalidad laboral tuvo en el Plan Nacional de Regulación del Trabajo a su mejor herramienta. En su lanzamiento se fiscalizaron casi 200 mil empresas, relevando a más de 600 mil trabajadores, el 50 por ciento de estas fiscalizaciones se realizaron durante el 2005. La expansión de oportunidades laborales permitió que un número significativo de beneficiarios del Programa Jefes de Hogar tengan empleo genuino, desde el inicio de la actual gestión más de 400 mil beneficiarios se incorporaron al mercado del trabajo. (Aplausos)

Se han desarrollado acciones destinadas a las personas beneficiarias del Programa Jefes de Hogar, de los cuales más de 1 millón 200 mil ya cobran con tarjeta magnética garantizando mejores niveles de transparencia en el cobro de los beneficios. Hoy podemos decir que 150 mil beneficiarios han realizado acciones de formación para el trabajo o se encuentran finalizando su escolaridad, es decir que han sido incluidos en el sistema formal de educación. Además se han invertido casi 151.450.000 mil pesos en la compra de materiales para pequeños proyectos de obras públicas en 1.482 municipios y comunas, mejorando a través de 5.700 proyectos la infraestructura educativa, sanitaria y de salud con la participación y el trabajo de 123 mil beneficiarios del Programa Jefes de Hogar.

En este marco el Gobierno Nacional ha iniciado progresivamente la reformulación de los programas de ingresos sociales, en especial el más extenso, Jefas y Jefes de Hogar Desocupados, que comprende a más de 1.400.000 beneficiarios.

Estas reformas tienen hoy dos objetivos: posibilitar la inserción o reinserción laboral de los beneficiarios con probabilidad de ingresar en el mercado laboral formal y la disminución de la vulnerabilidad social de los que se ubican en una situación estructural más desventajosa. Allí se inscriben los programas Seguro de Capacitación y Empleo a cargo del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, y el programa Familias por la Inclusión Social a cargo del Ministerio de Desarrollo Social. Ambos programas incluirán durante 2006 a más de 700 mil beneficiarios actuales del programa Jefas y Jefes de Hogar ampliándose a un millón en el 2007. Se prevé además la formulación de nuevas iniciativas que den respuesta superadora a la situación de los beneficiarios que no encuadren en aquellas.

Diariamente damos la pelea contra la cultura del no se puede. Un papel importante en esta lucha se juega en la construcción de un Estado presente, promotor, que gestione a favor del bien común. La planificación y la inversión en obras públicas han tenido y tendrán efectos directos en la modificación de la estructura productiva, la consolidación de la expansión del nivel de actividad, la creación de empleo, la demanda de insumos y proveedores. El presupuesto para obras e inversión en el 2005 fue de 7.678 millones, un 79 por ciento mayor que en el 2004, con un ritmo de ejecución el 14 por ciento superior al año anterior.

Hemos ejecutado en viviendas obras por 3.109 millones de pesos, es decir 2,6 veces más que en el 2004, un 4,4 veces más que en el 2003. Los programas federales han permitido poner en construcción 175 mil soluciones habitacionales y terminar 60 mil soluciones habitacionales que benefician a más de un millón de personas.

Se pudo dar servicio de agua a más de un millón de personas y colocar 2.000 kilómetros de cañerías. Con el Plan Agua + Trabajo, de un impacto social muy relevante, se construyen redes de agua a través de cooperativas conformadas por trabajadores que se encontraban desocupados y beneficiarios del Plan Jefas y Jefes de Hogar.

En el conurbano bonaerense y Tucumán se ha conseguido reincorporar al ámbito laboral a más de 3.300 familias, proveer de agua potable a 425 mil vecinos y realizar más de 6 mil conexiones domiciliarias.

En materia de infraestructura hospitalaria se encuentra en construcción el hospital de Florencio Varela y se iniciarán obras en el hospital Materno Infantil de la ciudad de La Rioja, el Hospital de Clínicas Nicolás Avellaneda de San Miguel de Tucumán, el Hospital Guillermo Rawson de San Juan, el Hospital de Niños doctor Héctor Quintana de San Salvador de Jujuy.

En el programa nacional de 700 escuelas se han licitado la totalidad de los establecimientos educativos con una inversión de 1.200 millones de pesos. Este programa permitirá albergar a más de 500 mil alumnos en 717 escuelas que representan 7.000 aulas y 1 millón de metros cuadrados a construir. A la fecha ya hemos terminado 60 escuelas.

Durante el 2005 se firmaron convenios específicos para la ejecución de 70 obras en 22 universidades nacionales por 88 millones de pesos, y actualmente hay 40 obras en ejecución, 3 finalizadas y 27 obras en licitación.

La inversión en obras viales fue un 40,2 superior al año 2004. Se encuentran en ejecución 247 obras viales por 6.750 millones de pesos y se han licitado obras por 2.585 millones de pesos. Cuando asumimos el Gobierno las inversiones comprometidas alcanzaban para cubrir el 51 por ciento de la red. Hoy las inversiones comprometidas cubren el 90 por ciento de la red, 34.353 kilómetros.

Para alcanzar estas cifras se ha ido incrementando la ejecución en obras que en el 2005 alcanzaron los 2.000 millones de pesos, cuatro veces más que lo ejecutado en el 2003.

Además de las obras de mantenimiento de la red vial se vienen llevando a cabo obras de importancia estratégica como la autopista Rosario – Córdoba, la culminación del corredor vial Paso de Jama en Jujuy; la finalización de obras Ruta nacional 7, Destilería YPF Potrerillos en Mendoza; la Ruta nacional número 35 (Ataliva Roca – Santa Rosa) en La Pampa; el corredor Eje de Capricornio en la provincia de Formosa y Salta; la construcción de la ruta nacional 101 en Misiones (Bernardo de Irigoyen – Deseado); la construcción de la Ruta 234 en Neuquén; la construcción de la Ruta 23 (Valcheta-Ramos Mexia) en la provincia de Río Negro; el acceso al parque nacional Los Glaciares en Santa Cruz. Se encararon obras de alto grado de ingeniería como la finalización de los cobertizos en Mendoza, inversión de 28 millones de pesos, o el cambio que se está realizando en los Obenques Carreteros en el complejo Zárate Brazo Largo, que es una inversión de 70 millones de pesos.

En cuanto a las obras a ejecutar, podemos señalar a la autopista ruta nacional número 19, en las provincias de Santa Fe y Córdoba; la autovía ruta nacional número 14 en las provincias de Entre Ríos y Corrientes; la autovía Comodoro Rivadavia en la provincia de Chubut; la reconstrucción de la ruta nacional número 16 en las provincias de Salta y Santiago del Estero.

Es estratégicamente importante la decisión política de pavimentar la ruta nacional número 40, para lo cual se están realizando los estudios y proyectos para la pavimentación de los tramos faltantes en Jujuy, Salta, Catamarca, La Rioja, San Juan, Mendoza, Chubut y Santa Cruz.

En materia de obras de infraestructura hídrica para el control de las inundaciones el Gobierno Nacional se encuentra ejecutando 154 obras con una inversión de 1.500 millones de pesos. La intervención de mayor envergadura corresponde al Plan Federal para el control de las inundaciones en el área pampeana central, cuya inversión total alcanza los 875 millones de pesos, que permiten recuperar 2 millones de hectáreas, generando beneficios anuales por 120 millones de pesos. A estas obras se agregan las acciones y el financiamiento del Plan Maestro del río Salado en la provincia de Buenos Aires.

El transporte en sus diversas modalidades es una herramienta de excelencia para la integración territorial. Después de décadas de abandono la Argentina ha vuelto a realizar inversiones y desarrollar proyectos en infraestructura de transporte.

En cuanto a transporte ferroviario el año 2003 marcó el comienzo de un proceso de transformación y desarrollo del sistema ferroviario nacional, estimando su finalización para el 2008, previendo inversiones por valores aproximados a los 11.000 millones de pesos. En 2004 y 2005 se aprobaron obras para el sistema ferroviario metropolitano e interjurisdiccional, por un valor de 964 millones de pesos, de las cuales algunas obras están terminadas y otras en proceso, alcanzando un nivel de ejecución de 502 millones de pesos.

Las inversiones terminadas en proceso de ejecución y a ejecutar en el servicio público de transporte ferroviario de pasajeros del área metropolitana de Buenos Aires, incluyen trabajos en vías, compra de material rodante, señalamiento, telecomunicaciones y obras sociales. El Estado ha reasumido la reconstrucción del sistema derogando el decreto 1.168/92, que había suprimido dicho servicio dejando a todo el país sin la opción modal ferroviaria. El daño causado fue absoluto y tremendo, ya que lo desarticuló totalmente y prácticamente lo dejó en vías de desaparición. Estamos en la titánica tarea de recuperar un servicio que fue fundamental para el país.

En este marco se restableció la línea Buenos Aires – Córdoba - Tucumán; la línea Bahía Blanca – Carmen de Patagones/General Guido, General Madariaga – Aguara - Carmen de Patagones y Belgrano Cargas Sociedad Anónima.

En el marco de mejorar el sistema de transporte ferroviarios se rescindió el contrato de concesión con Metropolitano Sociedad Anónima, en el ramal Ferrocarril San Martín, a los anteriores concesionarios por incumplimiento reiterado del contrato. Se puso en marcha a partir de enero del 2005, a través de un prestador designado por el Estado nacional, con muy buenos resultados en la operación y comienzo de la recuperación con inversiones en infraestructura y material rodante en este ferrocarril.

Se encuentran en curso varios proyectos destinados a mejorar el transporte ferroviario, uno muy importante que anunciamos durante mucho tiempo, que yo fui a la querida ciudad de Rosario a anunciarlo, pero como tantas cosas en la Argentina cuando fuimos a buscar el proyecto no estaba. Ahora ya se está terminando y junto con las autoridades de Rosario calculo que pronto estaremos firmando la obra del Circunvalar Rosario, fundamental para consolidar el progreso argentino. (Aplausos) La Terminal Ferroautomotor de Mar del Plata y de La Plata, otra obra que tampoco tenía proyecto y que ya estamos al borde de poner en marcha; la laguna La Picasa, que permitirá el paso del Ferrocarril Interurbano entre Buenos Aires y Mendoza -tampoco tenía proyecto- y el Trasandino Central entre muchos otros.

Se adquirió material rodante ferroviario a Portugal y España que va a ser reparado en talleres de la República Argentina y asignado a los distintos corredores en explotación o a rehabilitar. También nos hemos propuesto la recuperación de la industria ferroviaria a través de la reactivación de los pequeños y grandes talleres.

Este proceso de recuperación implicará mejoras en la zonas de influencia Rosario, Córdoba, Chascomús, Santa Fe, Entre Ríos, Tucumán y Junín; generación de nuevas fuentes de trabajo y puesta en funcionamiento de los talleres y fábricas que permanecieron sin funcionar durante más de una década.

Se realizaron importantes avances en el Proyecto de la HidrovÍa Paraná-Paraguay y en el Río Uruguay se están ejecutando tareas de dragado y balizamiento hasta el puerto de Concepción, con una inversión aproximada entre el año 2006 y el 2008 de 90 millones de pesos.

Estamos mejorando y modernizando los puertos de Quequén, Puerto Madryn y deseamos hacerlo también con el de Río Grande. En el puerto de Buenos Aires se ha procedido al llamado a licitación para la concesión de la explotación de la Terminal 6 y para el dragado de emergencia de los canales de acceso interior.

La dinamización de la industria naval está dando sus frutos; se han incorporado buques a la bandera nacional por un total de 341 mil toneladas, lo que implicó absorber en el régimen laboral argentino a más de mil tripulantes.

Por medidas del Banco Nación de la Nación Argentina y arancelarias del Estado Nacional los astilleros nacionales han incrementado su productividad hasta el 60 por ciento de su capacidad operativa total.

El sector de comunicaciones ha acompañado vigorosamente el crecimiento del conjunto de la economía y ha registrado parámetros de desarrollo digno de los modelos más avanzados. Durante el 2005 se instalaron 100 mil nuevas líneas de telefonía fija, llegando las líneas en servicio en la Argentina a 8,8 millones en este momento.

En lo referido a la telefonía móvil el crecimiento respecto al 2004 fue del 63 por ciento, pasando de 13 millones y medio a 22.100.000 de teléfonos en servicio. El crecimiento para el presente año se estima en 6.500.000 nuevas líneas.

Nuestro país tiene actualmente 2.300.000 abonados a Internet, registrándose un 11 por ciento de aumento respecto del 2004. Los usuarios se estiman en 6.800.000, lo que implica que un 17.8 de los habitantes utilizan este servicio.

La inversión en infraestructura energética viene acompañando el crecimiento económico sostenido en estos años, lo cual nos permite comparar la realidad con los pronósticos brindados otra vez por los especialistas de siempre, que durante los años 2004 y 2005 anunciaban la escasez energética y el desastre. Estamos rompiendo la lógica de la profecía autocumplida, que tantos cultores todavía conserva en el país. (Aplausos).

En lo relativo a medidas operativas de corto plazo hemos consolidado para el año 2006 la importación de gas de Bolivia hasta 7 millones 700 mil metros cúbicos al día; se ha perfeccionado el abastecimiento de combustible líquido a centrales térmicas y se lleva adelante un importante convenio energético con la hermana República de Brasil.

En cuanto a infraestructura se realizó la compensación de las líneas del Sistema Argentino de Interconexión correspondiente a los corredores Comahue / Gran Buenos Aires y NEA (Yacyretá)/ Litoral / Gran Buenos Aires; la instalación de un transformador de potencia en la Central Hidráulica Río Grande (Córdoba) que permite incrementar la capacidad de oferta potencia en las horas pico, con una inversión de 6 millones y medio de pesos.

Hacia fines de este mes concluiremos las obras necesarias que permitirá elevar el nivel de embalse de Yacyretá, lo cual implicará una mayor capacidad de generación de la represa con una inversión que totalizará, para ese entonces, 42 millones de pesos.

Se han concluido las 52 obras ejecutadas por el Sistema Argentino de Interconexión, lo que ha permitido mejorar la confiabilidad y seguridad del sistema; entre las que se destacan y podemos citar están la finalización de la línea de alta tensión Choele-Choel - Puerto Madryn, que vincula a la Patagonia con el mercado eléctrico mayorista; se encuentran concluidas las ampliaciones de la capacidad de transporte de gas en gasoductos de Transportadoras de Gas del Sur (TGS) y está próxima a concluirse la última etapa de expansión realizada sobre Transporte de Gas del Norte (TGN). Ambas expansiones demandaron una inversión total de casi 1.450 millones de pesos.

Hemos arribado a cientos de acuerdos con los sectores desregulados del sector energético, esto es con los productores de hidrocarburos y con los generadores de energía eléctrica, en ambos casos con un alto grado de adhesión y consenso.

En las medidas de mediano plazo previstas vinculadas con infraestructura, se destaca la instalación de 1.600 megavatios por inversión mixta entre generadores y el Estado Nacional; los incrementos parciales de cota y la terminación de Yacyretá, la terminación de la Central Nuclear Atucha II y la expansión del transporte de energía eléctrica en alta tensión, para lo cual se prevé la ejecución de aproximadamente 4.550 kilómetros de líneas en 500 kilovoltios, que representan una expansión de más del 43 por ciento de las instalaciones existentes.

Existen proyectos de carácter regional destinados al sector, como el “Anillo Energético”, iniciativa conjunta de los gobiernos de Argentina, Brasil, Chile, Paraguay, Perú y Uruguay, con Bolivia participando como observador y la “Interconexión Gasífera Argentina, Brasil y Venezuela”, destinada a estudiar y analizar la viabilidad técnico económica de concretar una red sudamericana de gasoductos.

El Gasoducto Noreste Argentino, por su parte, es una iniciativa bilateral entre los gobiernos de la República Argentina y de Bolivia, que tiene la capacidad de complementar razonablemente el abastecimiento a nuestro país, al permitirnos garantizar que las provincias de Chaco, Corrientes, Formosa y Misiones se incorporen de una vez por todas al uso de gas natural en sus jurisdicciones, con la mejora de calidad de vida que ello implica. (Aplausos) Y a su vez que las provincias de Córdoba, Entre Ríos, Salta y Santa Fe mejoren su nivel de abastecimiento.

Al respecto estamos reiniciando el diálogo institucional con las nuevas autoridades de la hermana República de Bolivia.

Continuamos la explotación del Correo Sociedad Anónima garantizando la continuidad del servicio, manteniendo los empleados del organismo y reduciendo los costos sin auxilio del Tesoro Nacional, incrementando notablemente las utilidades respecto al año anterior.

Reinició sus actividades el Yacimiento Carbonífero Río Turbio, con una producción de 1.500 toneladas diarias, lo que sumado a los proyectos de desarrollo minero intenso en San Juan, Catamarca, Mendoza y Jujuy, genera inversiones por más de 3.300 millones de pesos. En 2005 se incrementaron las exportaciones en un 30 por ciento.

El turismo es una importante herramienta de transformación económica, social y cultural. Nos hemos propuesto crear las condiciones competitivas para impulsar el turismo, para ello conjugamos el rol promotor del Estado con las expectativas, valores y necesidades cotidianas de las personas; se ha revertido por primera vez la balanza turística, es decir la diferencia entre llegada de turistas extranjeros y la salida de argentinos al exterior. Logramos un crecimiento sostenido de la actividad del orden del 12 por ciento respecto del año 2004, habiendo superado los 3.700.000 turistas extranjeros, lo que nos ha significado superar los 3.100 millones de dólares de ingreso de divisas por turismo, que aumenta obviamente nuestro producido en exportaciones.

Para este año se prevé un crecimiento de más del 15 por ciento en lo que respecta a ingresos económicos por turismo receptivo, lo que se traduciría en la captación de 3.500 millones de dólares, mientras que en lo relativo a la llegada de turistas se prevén arribos por alrededor de 4.200.000.

En lo relativo a turismo interno el panorama es también sumamente auspicioso, dándose un crecimiento del orden del 10 por ciento anual, habiendo pasado de 28 millones de arribos en el 2003, a 34 millones en el 2005. Este crecimiento exponencial de la actividad ha generado inversiones en el sector de más de 450 millones de pesos durante el año 2005, previéndose una inversión para este año que estaría por superar los 1.400 millones de pesos.

Es decir que el sector turismo la asignatura pendiente que tiene son los costos por esparcimiento. Estamos todos felices por la generación de trabajo, por la inversión en infraestructura, pero desde esta Honorable Cámara y desde este mensaje también llamo a los sectores del turismo y a quienes comercializan el turismo a que tengan un claro sentido de responsabilidad, tanto en lo interno como en lo externo, para que se pueda incrementar. Que tengan un alto cuidado en los costos del esparcimiento, porque lo importante es que la rentabilidad crezca no con el mismo volumen y aprovechando una determinada situación, sino que crezca el volumen y si el crecimiento del volumen lleva al crecimiento de la rentabilidad que sea sin mayores costos. Esto es importantísimo para que la industria del turismo se consolide definitivamente. Así que les hago un pedido especial a los señores del sector para que nunca más tengamos costos de esparcimiento como los que tuvimos en enero de este año, que fue un gran año turístico con lo negativo del crecimiento de sus costos. (Aplausos)

Se ha finalizado el desarrollo del Plan Federal Estratégico de Turismo Sustentable que se configura como una herramienta de gestión consensuada, flexible y de carácter federal que indica el rumbo a seguir hasta el año 2016. Su objetivo general es la construcción de un modelo concertado de desarrollo turístico sustentable para la República Argentina.

La implementación de una acción estratégica y común con el sector privado en las diferentes regiones de nuestro país ha permitido a la Argentina tener presencia en ferias y encuentros internacionales en mercados prioritarios, estratégicos o potenciales, incrementando la participación en un 112 por ciento respecto al 2003.

También se continúo con la política de intensificar los aspectos vinculados al desarrollo del turismo social, entendiendo éste como vehículo para lograr la posibilidad de acceso al turismo a todos los sectores de la población.

Con nuestros sueños, nuestros ideales y nuestras convicciones intactas nos disponemos a dar las batallas que sean necesarias para consolidar esa nueva Argentina que vislumbramos. Los sueños no se concretan mágicamente, por eso estamos dispuestos a dejar lo mejor de nosotros para hacerlo realidad. Concretarlos no será fácil porque tocan importantes intereses. No tememos, no nos detendremos; con el apoyo que nos brinda nuestro pueblo forjaremos los cambios que nuestra Patria necesita.

Este Honorable Congreso dispuso prorrogar los plazos y los mecanismos para la más importante discusión de intereses pendiente: la renegociación de los contratos de servicios públicos.

Hemos referido aquí nuestra visión respecto de la importancia que el tema encierra; en esta discusión se perfila la Argentina que tiene que sustituir a la del saqueo, la expoliación, el negociado, el aprovechamiento de la posición dominante y las ganancias fáciles a costas de los que menos tienen. Asumimos con firmeza y decisión la defensa de los intereses públicos, la defensa de los ciudadanos, la defensa de los usuarios de servicios públicos y del pueblo para exigir contratos que aseguren el mejor servicio posible, su universalización y la mayor inversión para acompañar el crecimiento del país. (Aplausos).

Queremos que como resultado de esta negociación se incremente la competitividad de nuestra economía, se genere trabajo y se brinden servicios adecuados con ganancias razonables para los empresarios. No pretendemos que nadie se vea forzado a seguir si piensa que pierde plata, no pretendemos obligar a nadie a perder lo suyo, comprendemos que discutimos intereses económicos y todos saben de qué lado estamos. En esta renegociación el pueblo argentino tiene en su Gobierno el primer defensor de sus intereses. No nos temblará el pulso para tomar las decisiones que haya que tomar. (Aplausos).

Buscaremos el punto en que los intereses públicos y privados puedan compatibilizarse. Por supuesto, ayudará si quienes representan a los concesionarios miran los números de nuestra recuperación y los flujos futuros de ingresos y utilidades; ayudará si comprenden que no podemos seguir atados a contratos que corresponden a un modelo económico y social que demostró empírica y trágicamente su inviabilidad.

La política social que diseñamos e implementamos desde el inicio de la gestión ha sido concebida como una estrategia central hacia la inclusión, la equidad y la justicia social, superando la visión meramente asistencialista que predominó en el país en las últimas décadas.

Descartamos las visiones fatalistas que dan por hecho la existencia de sectores de la población excluidos en forma permanente. Por el contrario, creemos firmemente que la política social tiene en el centro la promoción de la persona como valor y principio, con la convicción de que una sociedad justa se construye a partir de la equidad.

Esta estrategia la hemos construido sobre el concepto de ciudadanía inclusiva, entendiendo que un ciudadano es quien puede gozar en forma efectiva de sus derechos. No hay ciudadanía plena sin lo esencial para una vida razonablemente saludable y activa.

Logramos que el Estado recupere su rol central como articulador social, pero también y teniendo como meta los Objetivos del Milenio, estamos fortaleciendo la capacidad de toda la sociedad para el ejercicio de la responsabilidad social. Si bien inicialmente, debido a la gravedad de la situación que enfrentamos fue necesario continuar con planes destinados a atender la urgencia, en forma paulatina hemos desarrollado iniciativas destinadas a la inclusión social para reparar y reconstruir el tejido social permitiendo la recuperación de los proyectos y la vida de muchos argentinos.

En este sentido nuestro objetivo ha sido la generación de iniciativas y planes que no profundicen la dependencia, sino que promuevan el desarrollo de la persona y el colectivo social, allí donde el mal entendido asistencialismo produjo clientes la inserción debe promover ciudadanos.

No es nuestra vocación el reparto de bolsones de alimentos, aunque a veces resulte forzoso hacerlo. No negamos la solución inmediata y coyuntural que implica a veces la asistencia directa, pero nuestra gente quiere más que comida o comedores comunitarios, trabajar y volver a la mesa familiar ganándose su propio pan. (Aplausos).

Uno de los ejes de la política social ha sido la articulación de los diversos actores e instituciones. Estamos integrando, junto con las provincias, los municipios, las organizaciones sociales y el sector privado, una Red Federal de Políticas Sociales para evitar prácticas clientelísticas, discrecionales y meramente asistencialistas. La articulación territorial es un hito en la formulación y en la ejecución de la política social.

Para facilitar aquella coordinación se construyen 500 Centros Integradores Comunitarios, de los cuales ya hay 150 terminados y cada día se incorpora uno más. Estos centros profundizan acciones de promoción social y prevención sociosanitaria y comunitaria y cuentan con el aporte nacional de trabajadores sociales y médicos comunitarios.

Asimismo se promovió, a través del Consejo Nacional de Políticas Sociales, la gestión coordinada y asociada entre los ministerios de Desarrollo Social, Salud, Trabajo, Educación, Planificación Federal y Economía.

Se mejoró sustantivamente la calidad de la información sobre lo realizado por todos los programas y áreas, y la identificación y caracterización de los grupos familiares beneficiarios, actuales y potenciales, lo que permitió que el Gobierno en este año pudiera cualificar su inversión social evitando gastos improductivos, generando un ahorro de más de 106 millones que pudieron ser reasignados en planes con beneficio directo para la comunidad.

Somos conscientes que la generación de trabajo es una solución de fondo para la problemática social, pero mientras consolidamos ese camino estamos complementándolo con otros proyectos colectivos, emprendimientos y cadenas productivas, instalando a lo largo y ancho del país infraestructura y equipamiento social.

Además, desde la convicción de que la democracia es mucho más que elegir a nuestros gobernantes, recreamos permanentemente los ámbitos de participación para el desarrollo social y ello lo hacemos desde la aplicación concreta de los planes nacionales Familia, Seguridad Alimentaria, y el de Desarrollo Local y Economía Social.

El Plan Familia prioriza la promoción de oportunidades creando activos patrimoniales a nivel familiar y comunitario. Ello lo hace instalando capacidades y herramientas para ayudar a superar tanto las carencias materiales como la ausencia de oportunidades. Así llegamos a que 244.258 familias monoparentales, con hijos y sin ingresos, pudieran percibir un ingreso mensual en relación con el número de hijos.

En materia de salud, no puede haber salud de los pobres y salud de los ricos. Por eso trabajamos para lograr más y mejor salud para todos, independientemente del nivel socieconómico de cada argentino.

En el año 2005 se han verificado resultados importantes. Tal como fue establecido en el Plan Federal de Salud, el Gobierno tiene como prioridad la atención primaria de la salud como estrategia conjunta con las provincias y municipios, así como con los propios programas nacionales.

Esta estrategia ha posibilitado que en menos de tres años de gestión hayan aumentado en un 50 por ciento las consultas realizadas en la red de Centros de Atención Primaria, las que hoy representan más de la mitad del total de consultas llevadas a cabo en todos los efectores públicos del país.

La mortalidad infantil ha verificado el descenso más pronunciado experimentado en las últimas décadas. Con gran orgullo podemos decir que en los últimos tres años hemos logrado que sobrevivan más de 3.500 niños de todo el país que hubieran fallecido antes de cumplir su primer año de edad.

El Plan Nacer Argentina se ha implementado en las nueve provincias del Nordeste y Noroeste Argentino, cubriendo ya a 21.600 madres y 291.000 niños y niñas. En el año 2006 se extenderá al resto de las provincias y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.


La disminución de los embarazos adolescentes es una de los principales objetivos del Programa Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable, ya que tiene a poco más de dos años de implementado 2 millones de beneficiarios. La tasa de fecundidad adolescente disminuyó en un 6% en dos años.

La política nacional de medicamentos muestra entre otros aspectos ya tres años de vigencia en la ley de prescripción de medicamentos por su nombre genérico. Al día de hoy el 79 por ciento de las recetas médicas que se realizan en Capital Federal y Gran Buenos Aires y el 71 por ciento en el resto del país.

La totalidad de distritos provinciales ha adaptado su legislación para adecuarla a la Ley Nacional de Genéricos.

Esta política se complementa con la provisión de medicamentos gratuitos en los cientos de atención primaria, el aumento de la cobertura de la Seguridad Social en el precio de medicamentos del 40 al 70 por ciento para pacientes crónicos; el Plan Nacional del SIDA, el Programa de Medicamentos Oncológicos, la desgravación impositiva de insumos críticos, el impulso a la producción nacional, el incremento de la capacidad operativa de los laboratorios de control de calidad y del sistema de inspecciones de medicamentos.

La tasa de mortalidad HIV Sida se redujo en un 36 por ciento desde 1996. El Estado asegura la cobertura gratuita del cien por ciento de los medicamentos e insumos para 29.600 personas que necesitan dicho tratamiento.

Remediar, el mayor programa de provisión gratuita de medicamentos ambulatorio de América, cubre actualmente a más de 17 millones de personas, distribuye más de 34 millones de tratamientos por año en 5.900 centros de atención primaria y es llevado a cabo por el trabajo en terreno, fuera de los edificios de los hospitales, de más de 25.000 integrantes de los equipos de salud en cada centro.

Los medicamentos distribuidos le cuestan al Estado una décima parte del precio del mercado. Se ha firmado recientemente un acuerdo con la República Federativa del Brasil para la producción conjunta de medicamentos en el marco de una relación enlazada con el Mercosur.

La Argentina se constituyó en el segundo país en el mundo en proveer gratuitamente la vacuna contra la hepatitis A, la que se aplicó a 750 mil niños. Es también de relieve la campaña nacional de vacunación contra el sarampión que cubrió a más de 3 millones de niñas y niños en todo el país, como una forma de estar prevenidos y preparados cuando una posible expansión mundial de la gripe o influenza aviar, que afortunadamente no llegó a nuestro país; se ha formado un grupo de trabajo constituido por diversos ministerios de nuestro gobierno para coordinar todas las acciones necesarias.

En tres años hemos duplicado la cantidad de transplantes en nuestro país, pero nos queda mucho por hacer. El 30 de noviembre de 2005 fue aprobada por el Honorable Congreso de la Nación, la ley del Donante Presunto de Organos y Tejidos por la cual toda persona fallecida mayor de 18 años es considerada donante, con excepción de quienes manifiesten en su vida la voluntad contraria de hacerlo.

También se realizó la primera Encuesta Nacional de Nutrición y Salud. Este relevamiento que significó haber tomado contacto con 300 mil hogares de todo el país, es considerado el único en el rubro y el más importante realizado en América latina en toda la historia. Durante el 2006, a medida que vayamos complementando el procesamiento de los datos, se difundirán los resultados definitivos que permitirán definir y aplicar las acciones correspondientes.

Respecto a las obras sociales el 29 de diciembre pasado comenzó a regir la ampliación del Programa Médico Obligatorio, que conlleva un cambio sustancial en el modelo de atención sanitaria.

Nuestro país fue elegido para presidir durante el año el Comité Ejecutivo de la Organización Panamericana de la Salud y fue seleccionado como país coordinador de una red sanitaria sobre políticas de medicamentos para todo Iberoamérica.

Se colaboró con ayuda humanitaria a personas afectadas por el huracán Katrina en Nueva Orleans, Estados Unidos; este equipo junto con el de Cascos Blancos fue la única delegación extranjera que operó en la zona en los primeros días posteriores al desastre.

En cuanto al PAMI se mejoran las prestaciones especiales para las patologías más graves y urgentes. Se entregaron 26 mil audífonos, se realizaron 45 mil cirugías de cataratas, se entregaron 15 mil elementos especiales como sillas de ruedas, bastones y camas especiales. Se multiplicó por 15 veces la cobertura de medicamentos gratuitos ambulatorios, llegando hoy a más de 165 mil afiliados por mes. En años anteriores por el mismo dinero se atendía sólo a 10 mil. Si sumamos también a los afiliados que reciben medicamentos por tratamientos oncológicos, la suma crece hasta 210 mil afiliados.

Por ahorros de recuperación de fondos y mayor recaudación, 1.012.000 afiliados reciben desde junio pasado un subsidio sanitario de 30 pesos junto con el haber previsional; el Programa Alimentario atiende a 440 mil personas, de modo que los jubilados y pensionados que ganan hasta 600 pesos reciben ayuda social de la institución.

Pusimos en marcha en gran parte del país el nuevo modelo prestacional socio-sanitario que elimina intermediaciones y mejora la situación de los prestadores. Queremos mejorar la calidad de la atención y dotar de comodidad la espera, en función del crecimiento de la afluencia de afiliados requirentes.

Las actividades recreativas y de autocuidado contribuyen a la mejora de calidad de vida de nuestros mayores, más de 160 mil afiliados participaron de espectáculos culturales, deportivos, turismo, miniturismo, talleres y fiestas especiales. Promoveremos la atención primaria de la salud a través de los centros de jubilados que brindan el servicio de enfermería y pedicuría.

Se gana transparencia en los proyectos licitatorios, se combate la corrupción; la Unidad Fiscal de Investigaciones instalada permanentemente en el Instituto, ha realizado más de 500 investigaciones preliminares. La baja de los costos producida recupera fondos para mejorar las prestaciones.

En cuanto a la política ambiental, la Argentina presidió durante 2004 y 2005 la Conferencia de las Partes de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático (COP 10), exigiendo en los sucesivos encuentros el compromiso de los países ricos para reconocer su responsabilidad y financiar acciones concretas a fin de paliar las consecuencias del cambio climático.

En ese contexto, en febrero del 2005 la Argentina ocupó la presidencia de la Convención que en Japón determinó la puesta en vigencia del Protocolo de Kyoto, por el cual los países desarrollados se comprometen a reducir sus emisiones de gases productores del efecto invernadero y de lluvia ácida.

Determinamos la creación del Fondo Argentino de Carbono, iniciativa destinada a la promoción de inversiones en tecnologías limpias, inserta asimismo en el Protocolo de Kyoto. Así nos hemos convertido en el primer país en desarrollo en promover esta innovadora forma de mitigar los efectos de los cambios del clima.

Hemos lanzado también la Estrategia Nacional para la Gestión Integral de los Residuos Sólidos Urbanos, que apunta a una progresiva eliminación de los basurales a cielo abierto e inauguramos el Laboratorio de Control de Emisiones Gaseosas Vehiculares que opera con tecnologías de punta y es modelo en su género.

Se ha ejecutado el Programa Social de Bosques, brindando asistencia técnica y financiera a iniciativas locales para la realización de obras de restauración y aprovechamiento sustentable de las masas forestales nativas y de incremento del área forestada nacional con generación de empleo intensivo y mejora de las condiciones sociales de la población.

En este punto quiero detenerme especialmente. Se sabe que la República Argentina mantiene con la República Oriental del Uruguay una controversia con relación al proyecto de instalar dos plantes industriales de producción de celulosa y sus instalaciones conexas sobre la margen izquierda del río Uruguay, recurso compartido entre ambos países.

No concebimos esta cuestión desde ninguna xenofobia ni