Señor ministro de Salud y Ambiente y presidente de la X Conferencia de las Partes; señores jefes de delegaciones extranjeras; señores miembros del COP10; autoridades del Poder Ejecutivo Nacional, Provincial y del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires; señoras y señores: en mi condición de Presidente de la República Argentina es un honor dirigirme a los Delegados de las Partes de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático y especialmente a los ciudadanos de cada uno de esos países que observan con preocupación lo que aquí ocurre.
Nuestro Gobierno y nuestro pueblo han recibido con afecto a la comunidad internacional y saludan la oportunidad que nos han brindado de organizar esta Conferencia en Buenos Aires, porque la preservación de un ambiente sano nos preocupa profundamente.
Los científicos han venido enunciando y alertando cada vez con mayor precisión sobre las razones que explican el cambio climático. Somos conscientes de los efectos negativos que el deterioro de la capa de ozono y el cambio climático pueden causar en este extremo Sur del Continente y en la Antártida. Nos preocupa el impacto negativo que estos fenómenos pueden tener en las condiciones de producción de nuestros países. El cambio climático es entre otras cosas un signo de los tiempos y los hombres políticos tenemos la obligación de interpretar correctamente estas señales.
Por primera vez en la historia del hombre la naturaleza lo desafía y pone en cuestión las bases mismas de la civilización global. Se trata de una amenaza a la implantación de la vida humana en nuestro planeta; es un problema de naturaleza mundial debido a causas frecuentemente distantes, radicadas principalmente en sociedades económicamente más poderosas y muchas veces desaprensivas en la generación de procesos cuyos efectos recaen sobre otros pueblos y otras generaciones.
Las intensas transformaciones técnicas que obedecen a un sistema particular de valor y a una voluntad de poder que sitúan en un mismo plano de equivalencia los bienes materiales, los culturales y el espacio natural, han engendrado desequilibrios ecológicos cuya progresión amenaza con ser ya casi inevitable. Se admite que con toda probabilidad el cambio climático agravará las ya insoportables condiciones de pobreza y hambre por todo el mundo.
El costo de esa transgresión paradójicamente es soportado por todos los países y resulta más gravoso para los países en desarrollo, para los más vulnerables, precisamente para los que menos han hecho para provocar esta catástrofe. Debemos convenir que lo que está sucediendo y habrá de suceder es una catástrofe y a gran escala debemos llamar a las cosas por su nombre.
Los argentinos valoramos el derecho a la vida como un bien supremo, por eso simplemente no podemos aceptar que sociedades enteras estén condenadas a la desaparición, sólo porque en algún otro lugar del mundo no se acepta asumir el esfuerzo necesario para evitar que ello suceda.
Hace tiempo que ha llegado el momento de hacerse cargo de las soluciones en materia de cambio climático, pero la retórica del compromiso no constituye en sí misma un compromiso. Los países en desarrollo tenemos el derecho de usar la persuasión moral en éste y en todos los foros, y eso haremos porque sabemos que la razón nos asiste.
Nuestro Gobierno ha puesto en marcha políticas y medidas que constituyen una expresión de la voluntad de mitigar el cambio climático y reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, así como la protección de los ecosistemas. Como parte de esas decisiones se incluye en primer término la promoción de energía de fuentes renovables en orden a asegurar su participación creciente en la matriz energética, la búsqueda de la eficiencia energética mediante programas dirigidos a tal fin y la preservación de los bosques nativos.
Asimismo, el desarrollo de una nueva agenda ambiental nacional que propone un tratamiento sistemático de las principales cuestiones ambientales e integra la dimensión regional como una categoría central de las acciones de gobierno, refleja el compromiso que habrá de ser permanente de esta administración con la cuestión ambiental, de modo de recuperar el pleno ejercicio de los derechos ambientales a los ciudadanos de nuestro país.
Pero tenemos absolutamente en claro que no podrá arribarse a soluciones confiables sino por acción de todos los países del mundo en tanto en la naturaleza del problema es de escala planetaria. No es posible entonces que los estados en desarrollo reclamen angustiados pero sean desoídos, es imperioso atender sus demandas y empezar a recorrer el camino de las soluciones cuanto antes.
Todos los países a medida que profundizan sus investigaciones empiezan a encontrar sus propias vulnerabilidades y a descubrir la magnitud de las dificultades que habrán de enfrentar, sólo que algunos, precisamente los que corresponden a las sociedades más evolucionadas, tienen muchos más recursos de capital y tecnológicos para hacer frente a los efectos adversos del cambio climático.
Además, a diferencia de los países en desarrollo, no están sometidos a la carga de la deuda externa ni deben hacer frente a las demandas de sociedades que tienen pendientes formidables reparaciones. Es que los países en desarrollo deben asegurar a sus ciudadanos la salud, el acceso igualitario al conocimiento y también los derechos ambientales y no siempre lo están logrando.
Los argentinos sabemos que hemos cometido errores. En los últimos 30 años hemos soportado las consecuencias de políticas equivocadas que nos hicieron retroceder, sumieron a la población en la marginación y acentuaron las desigualdades. Por decisión propia y por presión externa hemos adoptado esas políticas y ahora sabemos por experiencia cuál es el costo de las que no son sostenibles.
Por ello, y a partir del extraordinariamente doloroso aprendizaje de una crisis excepcional en su severidad, afirmamos que la sostenibilidad es una condición esencial para ponderar la bondad de los senderos del desarrollo que puedan adoptarse.
En este contexto, ningún acuerdo destinado a darle un horizonte de largo plazo al régimen climático será apropiado si fracasa la incorporación de mecanismos para compartir equitativamente las cargas que resulten de los esfuerzos de mitigación y de adaptación que se deberán materializar.
El diseño y aplicación de un mecanismo para compartir las cargas en función de las responsabilidades es la génesis del problema y las capacidades diferenciales son el único modo mediante el cual será posible lograr una participación creciente de los países en desarrollo en la mitigación y en la acción en pos de desterrar las causas del cambio climático, porque la equidad debe estar en la base de las determinaciones que se tomen en esta conferencia.
Si superponemos el mapa mundial de la pobreza y el endeudamiento financiero de los países con el mapa mundial de la ubicación de las mayores extensiones de activos ambientales que aportan al mantenimiento de la biodiversidad, es fácil advertir su coincidencia.
Del mismo modo, si superponemos el mapa de los acreedores financieros con el de los países que mayor contribución realizan a la degradación que produce el cambio de clima en el mundo, encontraríamos simétricas coincidencias.
Advertimos que quienes cargamos con deudas de increíble peso en materia financiera somos a la vez los mayores acreedores ambientales en el planeta, en cuanto constituimos una verdadera reserva ambiental, que no recibe ningún tipo de compensación por parte de sus deudores ambientales. Los acreedores financieros que resultan implacables ante el incumplimiento de sus deudores no admiten hacerse cargo de la deuda ambiental que tienen contraída con los países menos desarrollados.
No debemos aceptar la doble moral que significa reclamar a los países en desarrollo el cumplimiento estricto de los compromisos financieros vinculados con la deuda externa, al tiempo que las sociedades más evolucionadas y poderosas evitan el compromiso básico con la preservación de la vida, encarnado en esta Convención y en el Protocolo de Kyoto.
Mientras los países en desarrollo cargan con el costo de una deuda externa que es entre 4 y 8 veces mayor que los costos estimados del cumplimiento de los compromisos para los países industrializados del Anexo 1, como consecuencia de la aplicación de las reglas del Protocolo de Kyoto, los países ricos rehuyen los compromisos o dilatan la materialización de los aportes prometidos para los diversos fondos creados con objeto de atender el problema del cambio climático.
No existe razón alguna para incumplir los compromisos asumidos, cuando además buena parte de esos costos de cumplimiento se aplicarán a la materialización de inversiones domésticas que multiplican la demanda de bienes y servicios en sus propios países y al desarrollo de tecnologías nuevas, que luego terminan comprando nuestros países.
No existe razón alguna por la que los países desarrollados no cumplan con los compromisos asumidos cuando la brecha del Producto Interno Bruto se agiganta entre los países industrializados y los países más pobres.
No existe razón alguna por la que los países desarrollados no deban cumplir con los compromisos asumidos cuando los ciudadanos de estas sociedades avanzadas pueden consumir hasta el hartazgo, potenciando las emisiones de gases de efecto invernadero y los ciudadanos de nuestros países luchan por sobrevivir, soportan el hambre y la miseria extrema, quedan al margen de la educación, no tienen agua potable ni cloacas, están sometidos a endemias o carecen de sistema de salud.
No existe razón alguna cuando lo que está sucediendo es consecuencia directa de los subsidios ambientales implícitos que recibieron de los países en desarrollo, al usar un bien común global sin costo a lo largo de más de dos siglos de desarrollo industrial.
No existe razón alguna por la que los países desarrollados no deban cumplir con los compromisos asumidos si la destrucción del patrimonio ambiental que ya provocaron no les ha sido reclamada todavía.
No existe razón alguna para que los países desarrollados no deban cumplir con los compromisos asumidos si las barreras proteccionistas que imponen a nuestros países implican erogaciones monumentales, generan brutales distorsiones en los mercados y contribuyen a la degradación de nuestros recursos naturales, deprimiendo el precio de los productos que elaboramos con esos recursos en los mercados mundiales.
Sí existen múltiples razones para que, equilibrados los términos del esfuerzo mundial en el marco de equidad que postulamos, los países que pugnamos por lograr un desarrollo sustentable con producción, empleo y crecimiento, transformemos nuestro atraso relativo en una ventaja para la adopción de innovaciones tecnológicas que permitan el desarrollo y el cuidado del medio ambiente. Tenemos el derecho de usar la persuasión moral en éste y en todos los foros, lo haremos con persistencia porque sabemos que las razones nos asisten.
El 29 de agosto de 2003, teniendo por testigo la majestuosidad del glaciar Perito Moreno, que insiste en avanzar cuando otros 48 glaciares de las cercanías retroceden por causa del cambio climático, suscribimos con nuestros vecinos chilenos la Declaración de El Calafate en la que exhortamos a los países desarrollados, que son parte del convenio del marco, para que ratifiquen el Protocolo de Kyoto.
Volvemos a exhortarlos aquí, ante este importante auditorio, para que contribuyan a modificar la tendencia al crecimiento de las emisiones de gas del efecto invernadero y ayuden a iniciar un movimiento hacia la equidad en el volumen de las emisiones por habitantes.
En este segmento de alto nivel, los insto pues a trabajar para hacer valer esa persuasión moral que proclamamos, a examinar la realidad sin dobleces y a poner en marcha los mecanismos prácticos para concretar soluciones, pues no hay tiempo para más demora.
Les agradezco y les deseo una feliz y fructífera estadía. Muchísimas gracias por deliberar en la Argentina. Gracias. (Aplausos)
Nuestro Gobierno y nuestro pueblo han recibido con afecto a la comunidad internacional y saludan la oportunidad que nos han brindado de organizar esta Conferencia en Buenos Aires, porque la preservación de un ambiente sano nos preocupa profundamente.
Los científicos han venido enunciando y alertando cada vez con mayor precisión sobre las razones que explican el cambio climático. Somos conscientes de los efectos negativos que el deterioro de la capa de ozono y el cambio climático pueden causar en este extremo Sur del Continente y en la Antártida. Nos preocupa el impacto negativo que estos fenómenos pueden tener en las condiciones de producción de nuestros países. El cambio climático es entre otras cosas un signo de los tiempos y los hombres políticos tenemos la obligación de interpretar correctamente estas señales.
Por primera vez en la historia del hombre la naturaleza lo desafía y pone en cuestión las bases mismas de la civilización global. Se trata de una amenaza a la implantación de la vida humana en nuestro planeta; es un problema de naturaleza mundial debido a causas frecuentemente distantes, radicadas principalmente en sociedades económicamente más poderosas y muchas veces desaprensivas en la generación de procesos cuyos efectos recaen sobre otros pueblos y otras generaciones.
Las intensas transformaciones técnicas que obedecen a un sistema particular de valor y a una voluntad de poder que sitúan en un mismo plano de equivalencia los bienes materiales, los culturales y el espacio natural, han engendrado desequilibrios ecológicos cuya progresión amenaza con ser ya casi inevitable. Se admite que con toda probabilidad el cambio climático agravará las ya insoportables condiciones de pobreza y hambre por todo el mundo.
El costo de esa transgresión paradójicamente es soportado por todos los países y resulta más gravoso para los países en desarrollo, para los más vulnerables, precisamente para los que menos han hecho para provocar esta catástrofe. Debemos convenir que lo que está sucediendo y habrá de suceder es una catástrofe y a gran escala debemos llamar a las cosas por su nombre.
Los argentinos valoramos el derecho a la vida como un bien supremo, por eso simplemente no podemos aceptar que sociedades enteras estén condenadas a la desaparición, sólo porque en algún otro lugar del mundo no se acepta asumir el esfuerzo necesario para evitar que ello suceda.
Hace tiempo que ha llegado el momento de hacerse cargo de las soluciones en materia de cambio climático, pero la retórica del compromiso no constituye en sí misma un compromiso. Los países en desarrollo tenemos el derecho de usar la persuasión moral en éste y en todos los foros, y eso haremos porque sabemos que la razón nos asiste.
Nuestro Gobierno ha puesto en marcha políticas y medidas que constituyen una expresión de la voluntad de mitigar el cambio climático y reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, así como la protección de los ecosistemas. Como parte de esas decisiones se incluye en primer término la promoción de energía de fuentes renovables en orden a asegurar su participación creciente en la matriz energética, la búsqueda de la eficiencia energética mediante programas dirigidos a tal fin y la preservación de los bosques nativos.
Asimismo, el desarrollo de una nueva agenda ambiental nacional que propone un tratamiento sistemático de las principales cuestiones ambientales e integra la dimensión regional como una categoría central de las acciones de gobierno, refleja el compromiso que habrá de ser permanente de esta administración con la cuestión ambiental, de modo de recuperar el pleno ejercicio de los derechos ambientales a los ciudadanos de nuestro país.
Pero tenemos absolutamente en claro que no podrá arribarse a soluciones confiables sino por acción de todos los países del mundo en tanto en la naturaleza del problema es de escala planetaria. No es posible entonces que los estados en desarrollo reclamen angustiados pero sean desoídos, es imperioso atender sus demandas y empezar a recorrer el camino de las soluciones cuanto antes.
Todos los países a medida que profundizan sus investigaciones empiezan a encontrar sus propias vulnerabilidades y a descubrir la magnitud de las dificultades que habrán de enfrentar, sólo que algunos, precisamente los que corresponden a las sociedades más evolucionadas, tienen muchos más recursos de capital y tecnológicos para hacer frente a los efectos adversos del cambio climático.
Además, a diferencia de los países en desarrollo, no están sometidos a la carga de la deuda externa ni deben hacer frente a las demandas de sociedades que tienen pendientes formidables reparaciones. Es que los países en desarrollo deben asegurar a sus ciudadanos la salud, el acceso igualitario al conocimiento y también los derechos ambientales y no siempre lo están logrando.
Los argentinos sabemos que hemos cometido errores. En los últimos 30 años hemos soportado las consecuencias de políticas equivocadas que nos hicieron retroceder, sumieron a la población en la marginación y acentuaron las desigualdades. Por decisión propia y por presión externa hemos adoptado esas políticas y ahora sabemos por experiencia cuál es el costo de las que no son sostenibles.
Por ello, y a partir del extraordinariamente doloroso aprendizaje de una crisis excepcional en su severidad, afirmamos que la sostenibilidad es una condición esencial para ponderar la bondad de los senderos del desarrollo que puedan adoptarse.
En este contexto, ningún acuerdo destinado a darle un horizonte de largo plazo al régimen climático será apropiado si fracasa la incorporación de mecanismos para compartir equitativamente las cargas que resulten de los esfuerzos de mitigación y de adaptación que se deberán materializar.
El diseño y aplicación de un mecanismo para compartir las cargas en función de las responsabilidades es la génesis del problema y las capacidades diferenciales son el único modo mediante el cual será posible lograr una participación creciente de los países en desarrollo en la mitigación y en la acción en pos de desterrar las causas del cambio climático, porque la equidad debe estar en la base de las determinaciones que se tomen en esta conferencia.
Si superponemos el mapa mundial de la pobreza y el endeudamiento financiero de los países con el mapa mundial de la ubicación de las mayores extensiones de activos ambientales que aportan al mantenimiento de la biodiversidad, es fácil advertir su coincidencia.
Del mismo modo, si superponemos el mapa de los acreedores financieros con el de los países que mayor contribución realizan a la degradación que produce el cambio de clima en el mundo, encontraríamos simétricas coincidencias.
Advertimos que quienes cargamos con deudas de increíble peso en materia financiera somos a la vez los mayores acreedores ambientales en el planeta, en cuanto constituimos una verdadera reserva ambiental, que no recibe ningún tipo de compensación por parte de sus deudores ambientales. Los acreedores financieros que resultan implacables ante el incumplimiento de sus deudores no admiten hacerse cargo de la deuda ambiental que tienen contraída con los países menos desarrollados.
No debemos aceptar la doble moral que significa reclamar a los países en desarrollo el cumplimiento estricto de los compromisos financieros vinculados con la deuda externa, al tiempo que las sociedades más evolucionadas y poderosas evitan el compromiso básico con la preservación de la vida, encarnado en esta Convención y en el Protocolo de Kyoto.
Mientras los países en desarrollo cargan con el costo de una deuda externa que es entre 4 y 8 veces mayor que los costos estimados del cumplimiento de los compromisos para los países industrializados del Anexo 1, como consecuencia de la aplicación de las reglas del Protocolo de Kyoto, los países ricos rehuyen los compromisos o dilatan la materialización de los aportes prometidos para los diversos fondos creados con objeto de atender el problema del cambio climático.
No existe razón alguna para incumplir los compromisos asumidos, cuando además buena parte de esos costos de cumplimiento se aplicarán a la materialización de inversiones domésticas que multiplican la demanda de bienes y servicios en sus propios países y al desarrollo de tecnologías nuevas, que luego terminan comprando nuestros países.
No existe razón alguna por la que los países desarrollados no cumplan con los compromisos asumidos cuando la brecha del Producto Interno Bruto se agiganta entre los países industrializados y los países más pobres.
No existe razón alguna por la que los países desarrollados no deban cumplir con los compromisos asumidos cuando los ciudadanos de estas sociedades avanzadas pueden consumir hasta el hartazgo, potenciando las emisiones de gases de efecto invernadero y los ciudadanos de nuestros países luchan por sobrevivir, soportan el hambre y la miseria extrema, quedan al margen de la educación, no tienen agua potable ni cloacas, están sometidos a endemias o carecen de sistema de salud.
No existe razón alguna cuando lo que está sucediendo es consecuencia directa de los subsidios ambientales implícitos que recibieron de los países en desarrollo, al usar un bien común global sin costo a lo largo de más de dos siglos de desarrollo industrial.
No existe razón alguna por la que los países desarrollados no deban cumplir con los compromisos asumidos si la destrucción del patrimonio ambiental que ya provocaron no les ha sido reclamada todavía.
No existe razón alguna para que los países desarrollados no deban cumplir con los compromisos asumidos si las barreras proteccionistas que imponen a nuestros países implican erogaciones monumentales, generan brutales distorsiones en los mercados y contribuyen a la degradación de nuestros recursos naturales, deprimiendo el precio de los productos que elaboramos con esos recursos en los mercados mundiales.
Sí existen múltiples razones para que, equilibrados los términos del esfuerzo mundial en el marco de equidad que postulamos, los países que pugnamos por lograr un desarrollo sustentable con producción, empleo y crecimiento, transformemos nuestro atraso relativo en una ventaja para la adopción de innovaciones tecnológicas que permitan el desarrollo y el cuidado del medio ambiente. Tenemos el derecho de usar la persuasión moral en éste y en todos los foros, lo haremos con persistencia porque sabemos que las razones nos asisten.
El 29 de agosto de 2003, teniendo por testigo la majestuosidad del glaciar Perito Moreno, que insiste en avanzar cuando otros 48 glaciares de las cercanías retroceden por causa del cambio climático, suscribimos con nuestros vecinos chilenos la Declaración de El Calafate en la que exhortamos a los países desarrollados, que son parte del convenio del marco, para que ratifiquen el Protocolo de Kyoto.
Volvemos a exhortarlos aquí, ante este importante auditorio, para que contribuyan a modificar la tendencia al crecimiento de las emisiones de gas del efecto invernadero y ayuden a iniciar un movimiento hacia la equidad en el volumen de las emisiones por habitantes.
En este segmento de alto nivel, los insto pues a trabajar para hacer valer esa persuasión moral que proclamamos, a examinar la realidad sin dobleces y a poner en marcha los mecanismos prácticos para concretar soluciones, pues no hay tiempo para más demora.
Les agradezco y les deseo una feliz y fructífera estadía. Muchísimas gracias por deliberar en la Argentina. Gracias. (Aplausos)