Ciudadanos Y ciudadanas de la Argentina: he manifestado que en ejercicio del cargo de presidente de la Nación Argentina enfrentaría públicamente cualquier forma de presión, maniobra de negociación espuria o de pacto que buscara imponérseme a espaldas del pueblo o en contra de la voluntad de cambio expresada en las urnas en las pasadas elecciones.

Nos planteamos construir prácticas colectivas de cooperación que nos permitan avanzar hacia lo nuevo. Por mandato popular, por comprensión histórica y decisión política estamos ante la oportunidad de un cambio cultural y moral profundo. Queremos poner fin a un modo de gestionar el Estado y a una manera de hacer política. El cambio no debe sólo reducirse a lo funcional, debe ser conceptual.

Entendemos que la gobernabilidad no puede ni debe ser sinónimo de acuerdos oscuros, manipulaciones políticas o pactos a espaldas de la sociedad. Hemos asumido un fuerte compromiso para lograr incrementar la calidad institucional, para reconciliar a las instituciones con la sociedad.

En el día de ayer y con asombro hemos escuchado y contemplado las impropias afirmaciones hechas a la prensa por el señor presidente de la Corte Suprema de la Justicia de la Nación, doctor Julio Nazareno. Impropias del cargo que ostenta, por lo que dicen, impropias del cargo que ostenta por lo que sugieren, impropias del cargo que ostenta por la presión que tratan de esconder. Es el pasado que se resiste a conjugar el verbo cambiar que el futuro demanda, acostumbrado como está a un constante toma y daca para subsistir y lograr sus objetivos a costa de la calidad institucional.

Es el pasado que no entiende lo nuevo, que se resiste a encarar cambios, no entiende que no estamos dispuestos a negociar el resultado de cuestiones que la Suprema Corte de Justicia de la Nación tiene que resolver y que largamente exceden las cuestiones económicas que se explicitan para confundir a los ciudadanos.

Es escandaloso y constituye el más grande agravio a la seguridad jurídica, el sólo hecho de que algunos especulen con tomar de rehén a la gobernabilidad para la obtención de ventajas o garantías personales o institucionales.

No se trata de problemas de adicción o adhesión de un Tribunal a uno u otro gobierno; es una cuestión de seriedad y calidad institucional. Es que existe la obligación de ofrecer a la ciudadanía un servicio de justicia que garantice los derechos de cada ciudadano y, al mismo tiempo, de la sociedad toda.

Para concretar el sueño colectivo de cambio institucional profundo, para que se instale definitivamente en la Argentina una nueva práctica política ante tentativas de presiones o sugerencias de este tipo, es que necesitamos de la ayuda del conjunto.

La ayuda del conjunto de la ciudadanía que como nosotros asiste horrorizada a la reiteración periódica o cíclica de este tipo de actitudes reprochables; la ayuda de las instituciones que con premura deben hacer valer sus facultades constitucionales para concretar los cambios que la ciudadanía reclama. Así como nosotros estamos dispuestos a asumir todas las responsabilidades de nuestro cargo, seguidos al rol que la Constitución de la Nación Argentina nos confiere, pedimos con toda humildad, pero con coraje y firmeza, que los señores legisladores y el honorable Congreso de la Nación, haciéndose cargo de su importante y fundamental rol institucional marquen el hito hacia la nueva Argentina que queremos, preservando a las instituciones de los hombres que no están a la altura de las circunstancias.

El aporte a la calidad institucional que pedimos como ayuda es la instrumentación urgente de los remedios al mal que enfrentamos. Son los remedios de la Constitución. No queremos nada fuera de la ley. Es la puesta en marcha de los mecanismos que permitan cuidar a la Corte Suprema de Justicia como institución de la Nación, de alguno o algunos de sus miembros; la triste y célebre “mayoría automática”, que con su accionar afecta seriamente su prestigio y la posibilidad de que contemos con una justicia independiente y digna. Reclamamos que cada uno ejerza con responsabilidad el rol institucional que le compete.

Separar a uno o varios miembros de la Corte Suprema no es tarea que pueda concretar el Poder Ejecutivo. No es nuestro deseo contar con una Corte adicta, queremos una Corte Suprema que sume calidad institucional y la actual dista demasiado de hacerlo.

Los cambios profundos no serán producto de la acción individual, ni fruto de pases mágicos o jugadas salvadoras. Por eso llamo a la responsabilidad del conjunto y sobre todo a la responsabilidad de los que tenemos roles institucionales que cumplir.

Dios quiera que las instituciones estén a la altura de las demandas que la sociedad y la historia imponen en esta hora. Sin perjuicio de ello y tal y como lo sostuvimos en nuestro mensaje del 25 de Mayo estamos dispuestos a construir junto al pueblo y en el marco del ejercicio de su soberanía la legitimidad de las instituciones. Muchas gracias, pasen ustedes y sus familias muy buenas noches.