Señor ministro de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos; señores ministros del Poder Ejecutivo Nacional; señores secretarios, subsecretarios; señores legisladores; representantes de colegios, asociaciones, organismos e instituciones judiciales y de derechos humanos; autoridades nacionales, provinciales, municipales; señoras y señores: queremos reconciliar a la política, a las instituciones y al Gobierno con la sociedad, buscamos recuperar los valores de la solidaridad y la justicia social para reconstruir una sociedad sobre bases más equilibradas, más maduras y más justas. Sabemos que venimos desde muy abajo y necesitamos perseverar en esta verdadera lucha por incrementar la calidad institucional que nos muestra a los argentinos apegados a las normas y al cumplimiento de los roles institucionales.

No aflojaremos el paso hacia esos cambios conceptuales y profundos que la Argentina requiere y necesita. Hemos sostenido con profunda convicción que no queremos constar con una Justicia adicta. No tratamos de generar una Justicia que le convenga al Gobierno, pretendemos un Poder Judicial, una Justicia e instituciones que le sirvan al país.

Se desarrolla en estos días por virtud y vigencia del Decreto 222/03 un proceso de participación ciudadana y de transparencia en la preselección de un miembro de la Corte Suprema de Justicia nunca antes vivido ni pensado en la vieja Argentina. La sociedad ha mostrado interés en participar y ha participado, en algunos casos apasionadamente y con algún nivel de conflictividad que seguramente irá disminuyendo con el ejercicio del mecanismo, por primera vez en algo que estaba reservado a la conciencia de los anteriores presidentes o a los acuerdos de cenáculos que pretendían encarnar la representación de la sociedad y favorecer a minorías supuestamente iluminadas.

Vemos que en definitiva los derechos de los ciudadanos han crecido al calor de las polémicas que públicamente se han venido expresando. La novedad del procedimiento no ha sido obstáculo para que se expresen las más diversas y enfrentadas posturas, las que en su evaluación racional terminarán por significar un aporte y un avance.

Hoy nos disponemos a dar otro importante paso en el mismo sentido. Nos encaminamos a ampliar el procedimiento de transparencia, publicidad y participación ciudadana a las ternas de candidatos que se propongan para la cobertura de los cargos de jueces federales de la Nación y a todos los miembros de los ministerios públicos.

El segundo párrafo del inciso 4, del artículo 99 de la Constitución Nacional establece que el presidente de la Nación nombra a los jueces de los tribunales federales inferiores en base a una propuesta vinculante en terna del Consejo de la Magistratura, con acuerdo del Senado en sesión pública en la que se tendrá en cuenta la idoneidad de los candidatos. Nos disponemos a someter a esas ternas, previo a la selección del integrante de ella que se propondrá al Honorable Senado de la Nación, a un sistema de transparencia, publicidad y participación similar al establecido en el Decreto 222.

En cuanto a la designación del Procurador General de la Nación y el Defensor General de la Nación, cargos contemplados en el artículo 120 de la Constitución Nacional, cuya designación prevé el artículo 5, de la Ley 24.946, se haga por parte del Poder Ejecutivo con acuerdo del Senado por dos tercios de sus miembros presentes, establecemos que se haga cumpliendo la totalidad de los trámites que impone el decreto citado.

El caso de los demás miembros de los ministerios públicos, que se presentan en ternas provenientes del Procurador y del Defensor, se asimila al de los jueces de los tribunales inferiores y por tanto se les aplicará el procedimiento establecido en la norma que hoy dictamos.

De esta manera nos alejamos de las viejas prácticas y autolimitando las facultades que constitucionalmente y legalmente corresponden al presidente de la Nación, abrimos paso a la participación ciudadana esperando que se produzca una mejora indiscutible de la calidad de la selección, que a su vez debe impactar positivamente en la propia credibilidad de las instituciones en que los designados se desempeñarán.

Sabemos que es otro paso importante el que estamos dando, sabemos que recorremos un sendero sin vía de retorno. No sólo desterramos viejas prácticas, comprometemos al conjunto para no volver a ellas. Es una vía de avance a la calidad institucional. Es el mejor camino, el de la canalización prudente de la participación ciudadana. Esto no sustituye otras competencias, no avanza sobre el rol que a otros corresponde, no desmerece los aportes que otros quieran hacer, posibilita el compromiso y la colaboración del ciudadano con la cosa pública sin declinar la responsabilidad que nos cabe.

La publicación en el Boletín Oficial, en diarios de circulación masiva, tanto del orden nacional como local, según corresponda el cargo a cubrir; la publicación en las páginas de la red informática, la recepción de las presentaciones espontáneas y las consultas, el estudio y mérito de todo lo actuado, son los instrumentos aptos para arribar a una mejor selección de los postulantes. La participación ciudadana, el control social, la mirada constante de la sociedad y el compromiso en los temas públicos son la garantía de la correcta utilización de aquellos instrumentos.

Un poder judicial prestigiado por sus miembros y por el compromiso que aquellos tengan con la Constitución y el pueblo argentino tiene que ser el resultado de la repetida utilización de estos mecanismos que hoy extendemos a la totalidad de sus componentes, como a los ministerios públicos.

Variar estructuras profundas de nuestro comportamiento colectivo llevará tiempo y esfuerzo y no puede ser tarea de uno solo o de un pequeño grupo. El cambio moral profundo que ello exige debe ser asumido como propio por toda la sociedad.

Hemos adoptado y ahora generalizamos un modo simple y práctico de poner en vigencia los principios con los que estamos comprometidos. Advertimos que pese a su simpleza estos hechos están llamados a motorizar mucho más que simples cambios instrumentales. Tenemos convicciones, tenemos esperanzas y tenemos sueños. Los argentinos debemos tener convicciones, esperanzas y sueños para inventarnos una realidad distinta para salir del subsuelo.

Soñamos con una patria unida, con una patria con memoria, con verdad y con justicia. Soñamos una patria con equidad, con solidaridad; soñamos una patria con sustentabilidad interna, sin excluidos. Soñamos una patria dignamente reconocida en el mundo e integrada a él pero cobijados por una bandera celeste y blanca que nos cubra a todos.

A esos sueños tenemos que tratar de hacerlos realidad cada día, con trabajo, con esfuerzo, encarando los cambios que necesitamos concretar para que se haga menos pesada la crisis a los que más sufrieron las consecuencias nefastas del modelo de endeudamiento y exclusión que tenemos que dejar atrás.

El pueblo argentino se merece una Justicia en la que se pueda creer, a la que se pueda recurrir, a la que se pueda respetar. Pasos como el que hoy damos van en ese sentido. Se trata de un paso más, se trata de gigantescos cambios sostenidos desde la base por los hechos cotidianos de los que todos podemos estar orgullosos.

Les agradezco su presencia aquí, su comprensión, su compromiso. Sabemos que compartimos estos sueños y estas realidades con la gran mayoría de los argentinos; sabemos que un país plural y diverso, transversal a todas las ideas partidarias, se consolida en el día a día de los cambios que estamos encaminados a lograr. En ese trabajo cotidiano, con el aporte de todos, debemos contribuir a hacer un país cada día mejor, mejorando permanentemente su calidad institucional y Dios quiera que en el trabajo solidario, con el aporte intelectual necesario, con la visión del punto de inflexión que tenemos que vivir en esta etapa histórica, podamos consolidar la Justicia que todos los argentinos necesitamos y pretendemos para consolidar un país con equidad y con seguridad jurídica.

Muchísimas gracias por estar acá y a sus órdenes.