Señor Vicepresidente de la Nación; señor presidente provisional del honorable Senado de la Nación; señores gobernadores y jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; señores ministros del Poder Ejecutivo Nacional; autoridades nacionales, provinciales y municipales; señores jefes de las Fuerzas Armadas y de Seguridad; señores representantes de organizaciones no gubernamentales; señoras, señores: los argentinos sabemos que por mandato popular, por comprensión histórica y por decisión política vivimos la oportunidad histórica de la transformación, el cambio cultural y moral. Sabemos que estamos impelidos en ese cambio. La solución de nuestros problemas profundos no puede encontrarse en las viejas y repetidas recetas, debemos tener la audacia de abocarnos a la concreción de la transformación que nuestra situación reclama.
Hemos dicho y repetimos que una parte de nuestra tarea cotidiana consiste en procurar reconciliar a la política, a las instituciones y al Gobierno con la sociedad. Creemos profundamente en que la medida del éxito o del fracaso de un gobierno debe medirse desde la capacidad, la decisión y la eficacia para encarar los cambios.
Discursos, diagnósticos sobre los distintos aspectos de la crisis que nos afectó, no bastarán ni serán suficientes. No queremos caer en el error de los anuncios grandilocuentes, los grandes planes seguidos de la ausencia de resultados y las posteriores frustraciones.
Desde el momento inicial de nuestra gestión hemos expresado nuestra decisión de encarar, junto a la sociedad, todas las reformas necesarias, utilizando para ello todos los instrumentos que la Constitución y las leyes ponen en nuestras manos.
La construcción de una calidad institucional apegada a las normas está en el centro de nuestra acción. Queremos construir una seguridad jurídica que ampare a todos, no sólo a los que tienen dinero o poder; no cederemos en el combate contra toda forma de impunidad que tenemos en marcha, porque sabemos que el punto nodal, el centro del problema en la Argentina es la impunidad.
Como sociedad hace tiempo que carecemos de un sistema de premios y castigos. En lo penal, en lo impositivo, en lo económico, en lo político y hasta en lo que se habla o lo que se escribe hay cuotas de impunidad en la Argentina.
En nuestro país durante mucho tiempo cumplir la ley no ha tenido premio ni reconocimiento social. Es más, quienes cumplimos la ley no pocas veces hemos sentido la clara sensación de ser los “tontos de la película”; la violación de normas se ha convertido casi en un hecho cultural.
Resulta también insoslayable señalar que nuestra sociedad, en tanto mantenga elevados índices de desigualdad, empobrecimiento, desintegración familiar, falta de fe y horizontes para nuestra juventud, con impunidad e irresponsabilidad, estará expuesta a la existencia de altos niveles de inseguridad y violencia.
El Estado y la sociedad en su conjunto deberán actuar sistemática, participativa y coordinadamente para la prevención, la detección, la represión y el castigo de la actividad ilegal allí donde ésta emerja.
Para enfrentar con éxito el problema de la seguridad es preciso que leamos y apliquemos el Código Penal y los códigos procesales, pero no menos importante que eso es tener en cuenta y aplicar el texto íntegro de la Constitución nacional.
El delito es delito, sea de guante blanco, sea de naturaleza común, sea de mafias organizadas o protegidas desde la policía o la política; no es de derecha, de centro ni de izquierda, es delito. Para combatirlo el Estado debe ser esclavo de la ley y de la Constitución y no puede estar sometido ni dejarse someter a ningún tipo de extorsión.
Los valores de orden y seguridad deben convivir con los de justicia y libertad. No seremos una sociedad civilizada en la medida en que eliminemos unos en función de otros.
La paz social, el respeto a la ley, a la defensa de la vida, los bienes y la dignidad, son y deben ser derechos inalienables de todos los argentinos. Para lograrlo debemos comprometernos muy profundamente todos. No caben aquí luchas por el protagonismo ni es bueno que confiemos en actitudes mesiánicas, mágicas o salvadoras. En el día a día y corrigiendo permanentemente los errores que puedan cometerse, debemos estar todos los niveles de responsabilidad estatal o social, pública o privada, nacional o provincial, trabajando tras ese objetivo.
El Plan que hoy presentamos es un aporte; no queremos apurar una respuesta espasmódica o parcializada, no creemos en las visiones que ubican la solución en un solo punto focal. El problema es estructural y requiere de soluciones estructurales: desde lo educativo, para que entendamos que una sociedad con mejor educación se fortalece para prevenir y combatir el delito; desde lo cultural, para que se viva la diferencia entre cumplir y no cumplir la ley. Debemos de una vez por todas construir un país en serio, en el que valga la pena cumplir con la ley.
La seguridad requiere respuestas sistémicas, por eso el Plan Federal contiene acciones inmediatas y mediatas. Es un plan integral que abarca acciones que van desde la reorganización de las Fuerzas de Seguridad hasta la reforma de la Justicia, pasando por la modificación que proponemos para las herramientas procesales y jurídicas que deben aplicarse.
El saneamiento de las instituciones con función policial, la reformulación de sus planes de formación, la construcción de nuevas cárceles, la reforma en el sistema de selección y remoción de los jueces y fiscales, la reorganización de la Justicia Federal, la mayor celeridad en los procedimientos, la mayor cercanía de los tribunales con la sociedad en que deben impartir justicia, forman parte de ese plan. Se aborda, además, la cuestión de su financiamiento.
Tras 151 años de vigencia de la Constitución nacional, que desde su origen lo manda, incrementaremos la participación popular en la Justicia implementando el juicio por jurados. No se trata de un plan cerrado, no está blindado a los aportes que puedan enriquecerlo, se abre en diversos e importantísimos aspectos. Está abierto a la sociedad y por ello se iniciará un ronda de difusión y consultas con instituciones y organizaciones no gubernamentales, implementando además mecanismos que permitan la más amplia participación popular.
Está abierto a las provincias para que con cada una de ellas, en el marco del Consejo Nacional de Seguridad, se definan los mecanismos de implementación local que más convengan a cada una de las diversas situaciones. De ese modo se coordinará la acción de los distintos niveles de Gobierno, mejorando la respuesta ante el delito y evitando aplicar mecánicamente soluciones que pueden ser acertadas para determinadas realidades pero inadecuadas para otras.
Es que más allá de las fronteras de provincias, que existen, no hay fronteras físicas para el delito que muta y se desplaza. Debemos remover las montañas jurídicas que a veces impiden o dificultan una real cooperación o intervención del Gobierno federal.
El Plan también está abierto a los demás Poderes del Estado para que en la concreción de la responsabilidad de sus funciones puedan aportar a su mejora o perfeccionamiento. Se trata de un trabajo interdisciplinario que ha llevado el esfuerzo de muchos meses, pero entendemos que puede ser absolutamente mejorado y enriquecido.
Sabemos que con discursos o anuncios no se mejora la situación, por eso encaramos y deberán encararse urgentes acciones. Sabemos que nada se puede resolver de un día para otro sin esfuerzo, no creemos en facilismos pero tenemos plena conciencia de la importancia de dar este paso para que comience el cambio profundo que necesitamos producir. Nadie podrá solo o aislado en su falsa sensación de seguridad, mientras los problemas parecen afectar a los otros; nadie deberá encerrarse en respuestas corporativas o desde la comodidad de la sola exigencia o el reclamo; debemos, como en muchos otros órdenes de nuestra vida en sociedad, hacernos cargo y enfrentar el problema. Enfrentarlo juntos y ayudándonos participando en la solución.
Tenemos fundadas expectativas respecto del plan que proponemos pero desde nuestra humilde condición entendemos que la solución de un problema estructural, que desde hace años afecta la vida, los derechos y los bienes de todos los argentinos, no depende de un hilo iluminado de respuestas. Los argentinos debemos entender que de esta crítica situación, del infierno en que estamos, no se sale sin producir los profundos cambios culturales, morales y políticos que nos debemos como sociedad.
La reforma profunda en materia de seguridad, que tiene que ir hasta el fondo, no es la única reforma que tenemos por delante. En cada uno de los muchos problemas de dilatada solución que contiene la agenda social y política de nuestra patria debemos aplicar la fórmula que siempre hemos postulado: no hay problema que se resuelva sin esfuerzo, no hay soluciones mágicas, los problemas deben enfrentarse y resolverse, en todo caso se trata de los ejes centrales de la reforma política, institucional y cultural en que estamos inmersos.
Los argentinos debemos mirarnos en el espejo, saber que hemos convivido con la impunidad; es más, hasta casi la habíamos aceptado. Es hora de que sin hipocresías, con serenidad pero con firmeza decidamos cambiar. No sólo pedir al otro que cambie las cosas sino cambiar nosotros, involucrarnos, hacernos cargo de cada una de nuestras conductas, desde lo cotidiano a lo institucional, desde lo individual a lo colectivo; comenzar a mirar más allá de nuestra casa, de nuestro pequeño lugar, con la convicción de que sólo de esa manera es posible cambiar.
Agradezco la presencia de todos ustedes y les digo que debemos estar absolutamente firmes, que hemos llegado y que he llegado al lugar donde estoy con convicciones absolutamente firmes. No las pienso negociar. No las pienso dejar -como he dicho- en la puerta de entrada de la Casa de Gobierno. No pienso tampoco ser víctima de las presiones inducidas de algunos, que manejando ciertos sectores de poder creen que nos pueden imponer reformas, caminos y rumbos a los argentinos. Es hora de que el pueblo argentino, más allá de las decisiones corporativas, más allá de las corporaciones y más allá de los sectores de poder -esto se los digo a ustedes y a todos aquellos que nos están mirando por televisión en este momento- tenga plena participación para terminar con el marco de quienes son los que tienen la verdad o de aquellos que creen que se puede analizar con un teleobjetivo chiquito la realidad, que solamente lo que ellos dicen es la verdad de lo que nos pasa, y los que caminamos por la calle todos los días no sabemos lo que está pasando en la Argentina.
Por eso vengo a reafirmar mi convicción de cambiar este país, vengo a reafirmar mi convicción de eliminar la corrupción con toda la fuerza necesaria, con toda la claridad. (Aplausos) Porque pareciera ser que algunos están dispuestos a permitir una supuesta eficiencia en la seguridad con corrupción. No sirve la eficacia con corrupción. Nosotros queremos fuerzas de seguridad y fuerzas policiales que sean eficientes y no corruptas. Y bajo ningún aspecto un integrante de las fuerzas de seguridad o policiales puede generar o puede ser parte de lobbies que tiendan a su permanencia, cuando han tenido actitudes que han estado fuera de la legalidad y fuera del marco en el cual se tenían que mover. Vamos a ser inflexibles, tenemos que cambiar, tenemos que ayudar a que la gente recupere la seguridad en su policía. Tienen que tener legajos limpios, la gente tiene que mirar a sus fuerzas de seguridad y estar absolutamente tranquila de que está bien custodiada, de que tenemos aquellos que mejor conducta tienen, que más probidad tienen y realmente marcan el respeto que ese lugar merece. Esto es central y fundamental, pero no solamente para las fuerzas de seguridad sino para todos los argentinos, en todas las áreas.
Por eso debemos reformular y avanzar en la reforma política con absoluta humildad y debemos ayudar a eliminar la corrupción definitivamente de las instituciones argentinas. Entre todos, ayudándonos. Es muy difícil determinar y eliminarla de un día para otro, pero en mi caso les puedo asegurar que soy un presidente absolutamente abierto a escucharlos a todos, a que me digan –y no tengo tampoco ningún problema- de cualquier foco de corrupción, por cercano que sea, que me pueda estar rodeando el día de mañana, de hoy o el día que sea, para extirparlo también, porque el crecimiento de la Nación, el crecimiento del conjunto de la ciudadanía no puede aceptar ningún pacto corporativo, por ningún tipo de acuerdo, nivel o convivencia política. Esto es central y fundamental para que las cosas cambien en la Argentina.
Vengo a reafirmar mi defensa del derecho, de la justicia, de la libertad, de los derechos humanos y de la actuación de esta Ley de Seguridad dentro del marco de la Ley de Seguridad Interior. Con todo respeto, la seguridad interna en la Argentina la van a ejercer las fuerzas de seguridad que corresponden, como ha sido la voluntad de los legisladores y del pueblo argentino.
Muchísimas gracias por acompañarnos en este momento.
Hemos dicho y repetimos que una parte de nuestra tarea cotidiana consiste en procurar reconciliar a la política, a las instituciones y al Gobierno con la sociedad. Creemos profundamente en que la medida del éxito o del fracaso de un gobierno debe medirse desde la capacidad, la decisión y la eficacia para encarar los cambios.
Discursos, diagnósticos sobre los distintos aspectos de la crisis que nos afectó, no bastarán ni serán suficientes. No queremos caer en el error de los anuncios grandilocuentes, los grandes planes seguidos de la ausencia de resultados y las posteriores frustraciones.
Desde el momento inicial de nuestra gestión hemos expresado nuestra decisión de encarar, junto a la sociedad, todas las reformas necesarias, utilizando para ello todos los instrumentos que la Constitución y las leyes ponen en nuestras manos.
La construcción de una calidad institucional apegada a las normas está en el centro de nuestra acción. Queremos construir una seguridad jurídica que ampare a todos, no sólo a los que tienen dinero o poder; no cederemos en el combate contra toda forma de impunidad que tenemos en marcha, porque sabemos que el punto nodal, el centro del problema en la Argentina es la impunidad.
Como sociedad hace tiempo que carecemos de un sistema de premios y castigos. En lo penal, en lo impositivo, en lo económico, en lo político y hasta en lo que se habla o lo que se escribe hay cuotas de impunidad en la Argentina.
En nuestro país durante mucho tiempo cumplir la ley no ha tenido premio ni reconocimiento social. Es más, quienes cumplimos la ley no pocas veces hemos sentido la clara sensación de ser los “tontos de la película”; la violación de normas se ha convertido casi en un hecho cultural.
Resulta también insoslayable señalar que nuestra sociedad, en tanto mantenga elevados índices de desigualdad, empobrecimiento, desintegración familiar, falta de fe y horizontes para nuestra juventud, con impunidad e irresponsabilidad, estará expuesta a la existencia de altos niveles de inseguridad y violencia.
El Estado y la sociedad en su conjunto deberán actuar sistemática, participativa y coordinadamente para la prevención, la detección, la represión y el castigo de la actividad ilegal allí donde ésta emerja.
Para enfrentar con éxito el problema de la seguridad es preciso que leamos y apliquemos el Código Penal y los códigos procesales, pero no menos importante que eso es tener en cuenta y aplicar el texto íntegro de la Constitución nacional.
El delito es delito, sea de guante blanco, sea de naturaleza común, sea de mafias organizadas o protegidas desde la policía o la política; no es de derecha, de centro ni de izquierda, es delito. Para combatirlo el Estado debe ser esclavo de la ley y de la Constitución y no puede estar sometido ni dejarse someter a ningún tipo de extorsión.
Los valores de orden y seguridad deben convivir con los de justicia y libertad. No seremos una sociedad civilizada en la medida en que eliminemos unos en función de otros.
La paz social, el respeto a la ley, a la defensa de la vida, los bienes y la dignidad, son y deben ser derechos inalienables de todos los argentinos. Para lograrlo debemos comprometernos muy profundamente todos. No caben aquí luchas por el protagonismo ni es bueno que confiemos en actitudes mesiánicas, mágicas o salvadoras. En el día a día y corrigiendo permanentemente los errores que puedan cometerse, debemos estar todos los niveles de responsabilidad estatal o social, pública o privada, nacional o provincial, trabajando tras ese objetivo.
El Plan que hoy presentamos es un aporte; no queremos apurar una respuesta espasmódica o parcializada, no creemos en las visiones que ubican la solución en un solo punto focal. El problema es estructural y requiere de soluciones estructurales: desde lo educativo, para que entendamos que una sociedad con mejor educación se fortalece para prevenir y combatir el delito; desde lo cultural, para que se viva la diferencia entre cumplir y no cumplir la ley. Debemos de una vez por todas construir un país en serio, en el que valga la pena cumplir con la ley.
La seguridad requiere respuestas sistémicas, por eso el Plan Federal contiene acciones inmediatas y mediatas. Es un plan integral que abarca acciones que van desde la reorganización de las Fuerzas de Seguridad hasta la reforma de la Justicia, pasando por la modificación que proponemos para las herramientas procesales y jurídicas que deben aplicarse.
El saneamiento de las instituciones con función policial, la reformulación de sus planes de formación, la construcción de nuevas cárceles, la reforma en el sistema de selección y remoción de los jueces y fiscales, la reorganización de la Justicia Federal, la mayor celeridad en los procedimientos, la mayor cercanía de los tribunales con la sociedad en que deben impartir justicia, forman parte de ese plan. Se aborda, además, la cuestión de su financiamiento.
Tras 151 años de vigencia de la Constitución nacional, que desde su origen lo manda, incrementaremos la participación popular en la Justicia implementando el juicio por jurados. No se trata de un plan cerrado, no está blindado a los aportes que puedan enriquecerlo, se abre en diversos e importantísimos aspectos. Está abierto a la sociedad y por ello se iniciará un ronda de difusión y consultas con instituciones y organizaciones no gubernamentales, implementando además mecanismos que permitan la más amplia participación popular.
Está abierto a las provincias para que con cada una de ellas, en el marco del Consejo Nacional de Seguridad, se definan los mecanismos de implementación local que más convengan a cada una de las diversas situaciones. De ese modo se coordinará la acción de los distintos niveles de Gobierno, mejorando la respuesta ante el delito y evitando aplicar mecánicamente soluciones que pueden ser acertadas para determinadas realidades pero inadecuadas para otras.
Es que más allá de las fronteras de provincias, que existen, no hay fronteras físicas para el delito que muta y se desplaza. Debemos remover las montañas jurídicas que a veces impiden o dificultan una real cooperación o intervención del Gobierno federal.
El Plan también está abierto a los demás Poderes del Estado para que en la concreción de la responsabilidad de sus funciones puedan aportar a su mejora o perfeccionamiento. Se trata de un trabajo interdisciplinario que ha llevado el esfuerzo de muchos meses, pero entendemos que puede ser absolutamente mejorado y enriquecido.
Sabemos que con discursos o anuncios no se mejora la situación, por eso encaramos y deberán encararse urgentes acciones. Sabemos que nada se puede resolver de un día para otro sin esfuerzo, no creemos en facilismos pero tenemos plena conciencia de la importancia de dar este paso para que comience el cambio profundo que necesitamos producir. Nadie podrá solo o aislado en su falsa sensación de seguridad, mientras los problemas parecen afectar a los otros; nadie deberá encerrarse en respuestas corporativas o desde la comodidad de la sola exigencia o el reclamo; debemos, como en muchos otros órdenes de nuestra vida en sociedad, hacernos cargo y enfrentar el problema. Enfrentarlo juntos y ayudándonos participando en la solución.
Tenemos fundadas expectativas respecto del plan que proponemos pero desde nuestra humilde condición entendemos que la solución de un problema estructural, que desde hace años afecta la vida, los derechos y los bienes de todos los argentinos, no depende de un hilo iluminado de respuestas. Los argentinos debemos entender que de esta crítica situación, del infierno en que estamos, no se sale sin producir los profundos cambios culturales, morales y políticos que nos debemos como sociedad.
La reforma profunda en materia de seguridad, que tiene que ir hasta el fondo, no es la única reforma que tenemos por delante. En cada uno de los muchos problemas de dilatada solución que contiene la agenda social y política de nuestra patria debemos aplicar la fórmula que siempre hemos postulado: no hay problema que se resuelva sin esfuerzo, no hay soluciones mágicas, los problemas deben enfrentarse y resolverse, en todo caso se trata de los ejes centrales de la reforma política, institucional y cultural en que estamos inmersos.
Los argentinos debemos mirarnos en el espejo, saber que hemos convivido con la impunidad; es más, hasta casi la habíamos aceptado. Es hora de que sin hipocresías, con serenidad pero con firmeza decidamos cambiar. No sólo pedir al otro que cambie las cosas sino cambiar nosotros, involucrarnos, hacernos cargo de cada una de nuestras conductas, desde lo cotidiano a lo institucional, desde lo individual a lo colectivo; comenzar a mirar más allá de nuestra casa, de nuestro pequeño lugar, con la convicción de que sólo de esa manera es posible cambiar.
Agradezco la presencia de todos ustedes y les digo que debemos estar absolutamente firmes, que hemos llegado y que he llegado al lugar donde estoy con convicciones absolutamente firmes. No las pienso negociar. No las pienso dejar -como he dicho- en la puerta de entrada de la Casa de Gobierno. No pienso tampoco ser víctima de las presiones inducidas de algunos, que manejando ciertos sectores de poder creen que nos pueden imponer reformas, caminos y rumbos a los argentinos. Es hora de que el pueblo argentino, más allá de las decisiones corporativas, más allá de las corporaciones y más allá de los sectores de poder -esto se los digo a ustedes y a todos aquellos que nos están mirando por televisión en este momento- tenga plena participación para terminar con el marco de quienes son los que tienen la verdad o de aquellos que creen que se puede analizar con un teleobjetivo chiquito la realidad, que solamente lo que ellos dicen es la verdad de lo que nos pasa, y los que caminamos por la calle todos los días no sabemos lo que está pasando en la Argentina.
Por eso vengo a reafirmar mi convicción de cambiar este país, vengo a reafirmar mi convicción de eliminar la corrupción con toda la fuerza necesaria, con toda la claridad. (Aplausos) Porque pareciera ser que algunos están dispuestos a permitir una supuesta eficiencia en la seguridad con corrupción. No sirve la eficacia con corrupción. Nosotros queremos fuerzas de seguridad y fuerzas policiales que sean eficientes y no corruptas. Y bajo ningún aspecto un integrante de las fuerzas de seguridad o policiales puede generar o puede ser parte de lobbies que tiendan a su permanencia, cuando han tenido actitudes que han estado fuera de la legalidad y fuera del marco en el cual se tenían que mover. Vamos a ser inflexibles, tenemos que cambiar, tenemos que ayudar a que la gente recupere la seguridad en su policía. Tienen que tener legajos limpios, la gente tiene que mirar a sus fuerzas de seguridad y estar absolutamente tranquila de que está bien custodiada, de que tenemos aquellos que mejor conducta tienen, que más probidad tienen y realmente marcan el respeto que ese lugar merece. Esto es central y fundamental, pero no solamente para las fuerzas de seguridad sino para todos los argentinos, en todas las áreas.
Por eso debemos reformular y avanzar en la reforma política con absoluta humildad y debemos ayudar a eliminar la corrupción definitivamente de las instituciones argentinas. Entre todos, ayudándonos. Es muy difícil determinar y eliminarla de un día para otro, pero en mi caso les puedo asegurar que soy un presidente absolutamente abierto a escucharlos a todos, a que me digan –y no tengo tampoco ningún problema- de cualquier foco de corrupción, por cercano que sea, que me pueda estar rodeando el día de mañana, de hoy o el día que sea, para extirparlo también, porque el crecimiento de la Nación, el crecimiento del conjunto de la ciudadanía no puede aceptar ningún pacto corporativo, por ningún tipo de acuerdo, nivel o convivencia política. Esto es central y fundamental para que las cosas cambien en la Argentina.
Vengo a reafirmar mi defensa del derecho, de la justicia, de la libertad, de los derechos humanos y de la actuación de esta Ley de Seguridad dentro del marco de la Ley de Seguridad Interior. Con todo respeto, la seguridad interna en la Argentina la van a ejercer las fuerzas de seguridad que corresponden, como ha sido la voluntad de los legisladores y del pueblo argentino.
Muchísimas gracias por acompañarnos en este momento.