Señor Presidente: permítame, ante todo, expresarle mis más sinceras felicitaciones por su elección como presidente de esta 62º Asamblea General de las Naciones Unidas.

Doy también la bienvenida de mi país al nuevo Secretario General, señor Ban Ki-moon, y comprometemos nuestro apoyo en sus esfuerzos al frente de las Naciones Unidas.

Como cada año de nuestro mandato, concurrimos a esta Asamblea General con el ideal de revitalizar este ámbito de representación global en la convicción de que ello aportará a la vigencia del Derecho Internacional como instrumento capaz de dirimir conflictos y así poder enfrentar con éxito las amenazas a la paz.

El mundo enfrenta problemas. La única esperanza de que pueda resolverlos está en el respeto a la multilateralidad, la adhesión a las diversas normas locales, el respeto de todos los países a las normas y convenciones internacionales y, sobre todo, el pleno respeto a los derechos humanos.

Para cada país en particular, como para el mundo, la paz será posible en la medida que se promueva la igualdad y se luche para erradicar la pobreza, la indigencia y la exclusión.

El mundo no puede ni debe ser un escenario para la violación global de los derechos humanos. La paz y la convivencia que construyen y preservan entendiendo el verdadero concepto de solidaridad entre naciones desde una concepción humana mucho más amplia que lo puramente militar o lo predominantemente unilateral.

Nuestra política exterior, se inspira en los valores de la democracia representativa con soberanía popular, respeto a los derechos humanos fundamentales y la defensa activa de la paz y la seguridad internacional.

Estos principios compartidos por la inmensa mayoría del pueblo argentino, orientan la acción del Gobierno y son la base de las decisiones que la República Argentina toma del ámbito internacional.

Apoyamos con fuerte convicción la construcción de sociedades más justas, más equitativas y con una mejor distribución de los beneficios del crecimiento económico. Sabemos que cada país debe tener el derecho de buscar su propio modelo de desarrollo sin condicionamientos externos.

Estos años han sido años de gran intensidad y de un esfuerzo muy importante destinado a poner en pie a una nación que hace apenas cinco años se encontraba sumida en una crisis económica y social sin precedentes. En aquel momento, muchos pensaban que esa recuperación sería casi imposible.

Día tras días, con enorme esfuerzo, con gran humildad, despertamos las fuerzas productivas de un país derruido por recetas económicas impuestas que plagaban nuestro futuro de condicionamientos y limitaciones.

La Argentina, que en comparación con otros países en desarrollo, había demostrado la posibilidad cierta del ascenso social, un país de inmigración en el que los trabajadores lograban mandar a sus hijos a la universidad, un país en el que no había analfabetismo ni prácticamente mortalidad infantil, veía a sus trabajadores desmoralizados por el desempleo, a los niños mendigando en la calle y fuera de la escuela, a nuestros mayores con sus jubilaciones misérrimas convirtiéndose en sostenes de sus hijos y nietos.

Nos encontrábamos ante un Estado vaciado por la aplicación rígida de las recetas del Fondo Monetario Internacional y, como corolario, se veía violencia en las calles y se vivía una crisis institucional en la que los presidentes duraban días. La Argentina, por primera vez, expulsaba a sus propios hijos a un exilio económico inédito.

Hoy podemos decir que el Estado argentino ha ganado autonomía y administra soberanamente las variables de la macroeconomía en la medida que la actual etapa mundial lo permite, con una política económica sólida, ordenada y previsible en un marco institucional estable y democrático.

Nuestra capacidad de recuperación posibilitó que, aún sin recibir fondos, comenzáramos a cancelar deuda neta con los organismos internacionales hasta llegar a pagar, aún por anticipado, toda la deuda con Fondo Monetario Internacional, un Fondo Monetario Internacional que apoyó y promovió los gobiernos que se sostenían ajustando y emparchando las cuentas públicas al costo de aumentar la pobreza de la gente provocando la desindustrialización y endeudando irresponsablemente al país.

Ante la incredulidad crítica de los promotores de las recetas ortodoxas, la Argentina, a partir de políticas monetarias cautas, un gasto público ordenado, un fuerte superávit fiscal primario que nos permite enfrentar o morigerar posibles crisis externas, viene desendeudándose y creciendo a una tasa cercana al 9 por ciento en los últimos cinco años, dando como resultado el período de expansión económica ininterrumpida más fuerte de los últimos cien años.

Constituimos hoy la prueba empírica de que hay vida después del Fondo, la certificación de que hay otros caminos hacia el desarrollo y la integración, son posibles la constancia de la inexactitud de la aplicación de recetas modélicas con pretensión de validez universal.

La reivindicación del derecho de los países a elegir un camino propio, valiéndose de la experiencia internacional, pero priorizando las circunstancias y los intereses nacionales por encima de cualquier interés, resultamos el caso que prueba la necesidad de la reforma de la arquitectura financiera internacional, en particular del Fondo Monetario Internacional, exponente de un viejo orden mundial sin vigencia, resultamos el caso que permite la constatación de la necesidad de cambio de los organismos financieros multilaterales para que permitan colaborar con el desarrollo de las naciones de menores recursos, combatir la pobreza y generar verdaderas opciones de progreso.

Es que no se reduce la cuestión al mero crecimiento económico, que puede ser reconocido por los técnicos o los historiadores de la economía, se trata de un crecimiento con fuerte contenido social y equidad en que los ciudadanos sean el centro de los resultados. Así que el desempleo ha bajado al 7,8 por ciento desde el inicio de nuestra gestión en la que casi la cuarta parte de la población activa se encontraba presa de la humillación que significa no tener trabajo.

No hablamos de cualquier tipo de trabajo, sino del trabajo digno, en blanco, trabajo decente, como lo hemos propiciado en la última Cumbre de las Américas realizada en nuestro país.

A partir de una política productiva, que genera valor agregado y que además apela a la responsabilidad social de las empresas privadas, estamos reindustrializando la República Argentina. Los indicadores económicos que hoy muestra nuestro país, serían imposibles de alcanzar sin una acción complementaria entre el Estado y el sector privado.

Nuestras ventas a todo destino, se han duplicado durante los últimos cuatro años, con un crecimiento del 16 por ciento anual. Las inversiones han registrado sensibles progresos, la Inversión Bruta Interna Fija lleva diecisiete trimestres consecutivos de aumento, se registra una relación entre la inversión y el PBI de entre el 20 y el 23 por ciento, lo que implica un contraste notorio con el nivel de 2002 en que solo se llegó a poco más del 11 por ciento.

Al encontrarnos con aquella crisis hace casi cinco años, las urgencias nos hizo mantener políticas asistenciales indispensables para los sectores más vulnerables de la población. No renegamos de ella, pero hoy podemos decir que la verdadera solución a los graves problemas sociales que padece nuestro país, como tantos otros en el mundo, se resuelven con trabajo, salud y educación.

En cuanto a la salud, la puesta en marcha de una Política Nacional de Medicamentos que incluye su prescripción por nombre genérico y la provisión gratuita de aquellos que son esenciales, así como el fortalecimiento del Programa Materno Infantil y en general todo lo que haga foco en la atención primaria de la salud como factor de equilibrio y protección, nos ha permitido compensar en parte el desastre en el que había quedado sumida la salud pública.

Por supuesto, un punto especial en la recomposición social y moral del país, aún cuando los efectos se ven con un horizonte temporal mayor que el de otras políticas públicas, es el de la educación.

Para recomponer tan dramática situación, que además funcionaba como signo de la descomposición social y de la huida del Estado en la protección en las más vulnerables, es que se aprobó la nueva Ley de Educación Nacional, que vuelve a tener como objetivo la igualdad de oportunidades a través de garantizar una calidad general de los contenidos en todo el territorio nacional, la vinculación con el mundo del trabajo y la excelencia en la formación docente. A partir de esta ley, nos hemos dado un plazo hasta el año 2010 para que el 6 por ciento del PBI se destine al financiamiento de la educación.

En este contexto de progresiva recuperación, la política exterior, ha iniciado un camino de fortalecimiento y expansión con un claro y decidido compromiso de interés nacional.

En nuestra acción, la integración regional ocupa un lugar prioritario. En las últimas dos décadas, a partir del MERCOSUR, la Argentina ha consolidado fuertes vínculos comerciales con los países de la región. Pero las relaciones comerciales van más allá de los límites regionales. En este sentido, las negociaciones multilaterales en el ámbito de la Organización Mundial del Comercio adquiere particular significación ya que de ellas depende la liberalización de los mercados agrícolas, sector en el cual nuestro país tiene claras ventajas competitivas, y la obtención de una adecuada flexibilidad para ejecutar nuestras políticas industriales.

Para la Argentina un resultado que garantice reglas más equitativas y justas para el comercio internacional resulta de gran importancia, es por eso que participamos activamente en las negociaciones económicas multilaterales con el firme objetivo de alcanzar equidad en las normas que rigen el comercio mundial y cambiar la situación de discriminación que han sufrido nuestros principales productos de exportación mediante barreras al comercio y otros instrumentos de distorsión del comercio, que aplican especialmente los países desarrollados.

La argentina estará presente en todos los ámbitos multilaterales en los que participa procurando reglas de juego mas equitativas y democráticas a la hora de las decisiones. El multilateralismo es el instrumento más eficaz para poder ganar la batalla contra el hambre, la pobreza, la exclusión y la degradación ambiental.
Todo lo que he comentado aquí es a la vez causa y consecuencia de la estabilidad institucional y del respeto por el estado de derecho.

El Estado argentino, en sus tres poderes viene tomando decisiones en contra de la impunidad, preservando la memoria, la verdad, la justicia y han comenzado las condenas a los culpables de las graves violaciones a los derechos humanos.

Quienes creían ya haber logrado la impunidad, oponen fuerte resistencia a los juicios y, en un intento de atemorizar a los testigos, han provocado la desaparición del testigo Julio López, enviando con ello una oscura señal a la sociedad interesada en el esclarecimiento de los crímenes de lesa humanidad que cometieron y que condena tal acto.

El respeto irrestricto de los derechos humanos constituye hoy un nuevo paradigma nacional. En el pasado hemos sido referenciados en el mundo por su violación, hoy, cuando estamos empeñados en conocer la verdad y castigar a los culpables, queremos tambien motorizar su defensa a escala planetaria.

La Argentina, las Madres y Abuelas de Plaza de Mayo, en la monumental dignidad de su lucha, y el pueblo argentino sufrieron en su momento en carne propia la ineficacia de un sistema multilateral de derechos humanos inoperante, sólo acompañados por gestos humanitarios muy valorables de personas, organizaciones y países.

Mientras en mi patria se secuestraba, se torturaba y se mataba, los mecanismos creados precisamente para condenar y evitar dichos atropellos permanecieron silenciosos.

Es en memoria de aquello, para que a nadie más le ocurra, que la Argentina apoya el pleno funcionamiento del nuevo Consejo de Derechos Humanos. Confiamos en que las esperanzas depositadas en los nuevos mecanismos no habrán de defraudar las expectativas de la comunidad internacional.

Mi gobierno ha suscripto instrumentos de gran relevancia.

Quiero destacar, primero, la Convención Internacional para la Protección de todas las personas contra las Desapariciones Forzadas adoptada por esta Asamblea el 20 de diciembre de 2006 y suscripta por la República Argentina en París, el 6 de febrero de este año. En este instrumento, como la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y también ratificado Protocolo Facultativo de la Convención sobre todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, dan continuidad y contenido concreto a una política que otorga a la promoción de los derechos humanos un papel central.

Nuestro país ubica hoy en el centro de sus políticas públicas el cuidado del ambiente, pero sabemos que no puede haber soluciones confiables sin la acción de todos los países del mundo, en especial los de mayor desarrollo industrial, en tanto la naturaleza el problema tiene ya escala planetaria.

La temática del cambio climático debiera preocupar a todos los gobiernos, pues no existe rincón del planeta que no se vea afectado por alteraciones en cuyas causas se identifica la influencia de la actividad humana.

La convocatoria del señor Secretario General para la reunión del alto nivel que tuvo lugar en el día de ayer resulta por demás oportuna, en tanto pone de manifiesto la imperiosa necesidad de reforzar las acciones de cooperación internacional capaces de dar una respuesta eficaz y adecuada, que preserve el medio ambiente y evite el inaceptable desplazamiento de las actividades contaminantes hacia los países en desarrollo.

Unos tras otros, diferentes esfuerzos diplomáticos orientados a lograr que cese de una vez y para siempre el vértigo de la violencia en Medio Oriente, han venido fracasando. Sin embargo, no es posible ni admisible bajar los brazos, ninguna solución impuesta por la fuerza de las armas aportará a la paz y el sosiego que todos los pueblos de la región reclaman desesperadamente.

La experiencia en Irak, cuya invasión rechazamos en su momento, es la prueba tan inocultable como trágica y dolorosa, da sustento a lo que manifestamos.

El Consejo de Seguridad y las naciones que conforman el cuarteto tienen la gran responsabilidad en acompañar y, si es posible, orientar un proceso de paz, al que deberá arribarse con coraje y con gran perseverancia.

Año tras año, incansablemente, la República Argentina ha condenado aquí la gran amenaza del terrorismo global. Consideramos que todos los actos de terrorismo son criminales e injustificables y no creemos que haya argumento alguno que pueda justificar tal metodología.

Así como no existe nación en la Tierra que pueda considerarse fuera del alcance del terrorismo, la respuesta tiene que aunar el esfuerzo mancomunado de las naciones y, especialmente, de esta organización, para prevenir y eliminar este flagelo.

No puede tolerarse la acción de los responsables del terrorismo ni de quienes los auspicien, financien o protejan, sean estos personas o países.

La soberanía argentina fue víctima en dos oportunidades de ese accionar. En 1992 se atentó contra la Embajada de Israel, en 1994 contra la sede de la AMIA. Como consecuencia perdieron la vida 102 personas de nuestra comunidad, algunos de sus familiares nos acompañan hoy aquí. Estas víctimas igualadas por el terror a las de esta ciudad, a las de Madrid, a las de Londres, a las de Bali, a las de Estambul, y a las de tantos otros lugares, nos imponen el mandato moral de respetar sus memorias, comprometiendo nuestro esfuerzo para perseguir, encontrar y condenar a los culpables.

A pesar de las dificultades que la distancia temporal importa, ya que son hechos de hace 13 y 15 años atrás, de las maniobras de encubrimiento que les sucedieron, no cesa ni cesará nuestro interés ni el apoyo a la Justicia para el esclarecimiento, manteniendo vivo el recuerdo del horror para que no se repita.

La Justicia argentina, en noviembre del año pasado, requirió colaboración internacional para la captura de nueve personas sospechadas de decidir y planificar el atentado perpetrado el 18 de julio del `94 en la AMIA y el Comité Ejecutivo del INTERPOL, por unanimidad, recomendó la captura de seis ciudadanos iraníes y un ciudadano libanés involucrados en esta causa. Hacemos aquí un expreso llamamiento para que durante la sesión de la Asamblea General de INTERPOL, en noviembre de este año, se ratifique esa medida.

En este contexto, esperamos que la República Islámica de Irán, en el marco del Derecho Internacional aplicable, acepte y respete la jurisdicción de la justicia argentina, y colabore eficazmente con los jueces argentinos para lograr el sometimiento a juicio de las personas imputadas en aquellos hechos.

En tal sentido, quiero dejar sentado aquí, en la sede de las Naciones Unidas y ante el resto de los países del mundo, que hasta hoy, lamentablemente, la República Islámica de Irán no ha brindado toda la colaboración requerida por la Justicia argentina para el esclarecimiento de los hechos.

Apelamos al señor Secretario General y a todas las naciones del mundo que intercedan ante la República Islámica de Irán para que dé trámite a la rogatoria judicial. Ello lo hacemos para alcanzar el único objetivo que tenemos, lograr el esclarecimiento de los hechos y el juzgamiento a quienes resulten responsables de los mismos. El respeto a la memoria de nuestras 102 víctimas, exige la realización del valor justicia. Estamos pidiendo que la República Islámica de Irán colabore en la aplicación de las normas del Derecho Internacional, para posibilitar arribar a la verdad, nada más pero tampoco nada menos.

Las naciones grandes y las pequeñas, las ricas y las pobres, todos en el mundo quedaremos expuestos a una fuerte vulnerabilidad si no logramos hacer comprender que la acción contra el terrorismo requiere una urgente acción multilateral, inteligente y sostenida en el tiempo, y fuertemente basada en la legitimidad, el respeto a los derechos esenciales de las personas y la proporcionalidad en la respuesta y el respaldo de la opinión pública internacional.

Señor Presidente: los esfuerzos contra la proliferación de las armas de destrucción masiva cuentan con el firme apoyo y participación de la República Argentina. Mi país es reconocido por su papel activo en los usos pacíficos de la energía nuclear. La Argentina desarrolla, consume y exporta energía nuclear con fines pacíficos, todo ello en el marco irrestricto del respeto de las normas consagradas en el Tratado de no Proliferación de Armas Nucleares y del régimen de no proliferación en un sentido amplio.

Los esfuerzos en materia de no proliferación tienen un correlato ético y jurídico con los progresos que se verifiquen en materia de desarme. En efecto, los instrumentos jurídicos, sobre los cuales se sustenta la prohibición de las armas de destrucción masiva, prescriben precisamente eso: un firme compromiso de no desarrollar nuevos instrumentos de terror y destrucción en el sentido que aquellos que sí poseen esas armas procederán a su progresiva y efectiva eliminación.

En los últimos años hemos visto como los compromisos en materia de desarme se han visto erosionados de modo permanente, los arsenales nucleares siguen siendo desproporcionadamente grandes, y los acuerdos de desarme nuclear se han ido paralizando. No es de extrañar que, frente a semejante situación, haya quien cuestione la legitimidad de continuar abogando unilateralmente por la no proliferación, mientras los compromisos solemnes en materia de desarme son sagrados.

Las armas convencionales son responsables de la muerte de millones de personas en todo el mundo. Nuestro país otorga una alta prioridad a las iniciativas vinculadas a la conclusión de un tratado sobre comercio de armas. En el plano interno, hemos puesto en marcha programas de recolección voluntaria de armas de fuego cuyos primeros resultados son por demás alentadores.

La reforma del Consejo de Seguridad sigue siendo una tarea pendiente. Aspiramos a una reforma que haga de este órgano central uno más responsable, democráticamente representativo y dinámico. No será creando nuevas categorías privilegiadas que habremos de lograr ese objetivo, confiamos que el proceso de consultas actualmente en curso, arribe a buen puerto a fin de adecuar al órgano a las realidades de nuestro tiempo.

No deseo finalizar sin antes referirme a una cuestión de permanente vigencia para la República Argentina: la cuestión de las Islas Malvinas, que incluye a las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sándwich del Sur y los espacios marítimos circundantes.

Este año se cumplen 174 años de la usurpación británica de parte del territorio nacional argentino. Desde el acto de fuerza de 1833 mi país ha protestado siempre esta ocupación ilegal reclamando la restitución del ejercicio pleno de su soberanía. También recordamos en el 2007 los 25 años el conflicto del Atlántico Sur de 1982, conflicto desatado por la dictadura militar a espaldas del pueblo argentino que siempre procuró una solución pacífica a su legítimo reclamo soberano.

Esta Asamblea General se ha pronunciado sobre esta cuestión en numerosas oportunidades, tanto antes como después de 1982. Desde 1965, en que aprobó la Resolución 2065, la organización que continuó año tras año reconociendo la existencia de una disputa de soberanía entre Argentina y el Reino Unido, denominada "Cuestión de las Islas Malvinas", instando a ambos gobiernos a negociar a la brevedad una solución pacífica, justa y duradera a la disputa teniendo en cuenta las resoluciones pertinentes de las Naciones Unidas y los intereses de la población de las Islas.

El objetivo permanente e irrenunciable de recuperar el ejercicio pleno de la soberanía argentina sobre esta parte de su territorio, así como la permanente disposición de mi país a reanudar las negociaciones tendientes a la solución de la disputa, han quedado reflejadas en nuestra propia Constitución Nacional. La Argentina considera incomprensible la pertinaz renuencia británica a abordar la cuestión de la soberanía, renuencia que viola lo dispuesto por esta Asamblea General en la Resolución 2065 y numerosas resoluciones concordantes.

Es hora ya que el Reino Unido asuma la responsabilidad de poner fin al anacronismo de mantener la ocupación ilegal del territorio de otro Estado con un propósito claramente colonial.

Mi Gobierno manifiesta su enérgico rechazo a la pretensión británica de establecer espacios marítimos en torno de dichos archipiélagos. En particular, rechaza la recientemente difundida intención del Reino Unido de hacer una presentación ante la Comisión de Límites de la Plataforma Continental, creada por la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, relativa al límite exterior de la plataforma continental generada a partir de dichos territorios argentinos.

En ése, mi último mensaje como Presidente de los argentinos a la Asamblea General, deseo reafirmar nuestra profunda convicción de que solo en democracia, con libertad, justicia social y paz, puede el hombre realizarse en plenitud.

Esta Asamblea de la Humanidad, tiene una responsabilidad indelegable en ayudar para que así sea.

Muchísimas gracias. (APLAUSOS)