FERNÁNDEZ.- Buenas noches, como es de conocimiento en estos días se ha venido hablando de una situación muy particular en la provincia de Corrientes, que habla específicamente del Arroyo Ayuí Grande, un tema que hemos tomado una decisión que yo quiero hacerla conocer y explicarla lo más claro que se pueda.
En mi condición de Jefe de Gabinete de Ministro he interpuesto una acción de amparo, ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, contra la provincia de Corrientes. A través de la misma solicitamos una medida cautelar de no innovar, respecto del emprendimiento conocido como Proyecto Productivo Ayuí Grande que implique la paralización inmediata de cualquier obra que se hubiera iniciado en ese lugar. Sostenemos esta solicitud basada en dos puntos fundamentales: el primero, el daño ambiental irreversible y la perdida de diversidad biológica que podría derivarse de la ejecución de una represa de las características de las que se pretende construir, o por lo menos de lo poco que conocemos que se pretende construir y la necesidad de garantizar el cumplimiento de los deberes autoimpuestos a la Nación Argentina por el Estatuto del Río Uruguay, firmado en 1975, por todos conocidos, tan exhibido y tan discutido oportunamente con el conflicto con la República Oriental del Uruguay.
El gobierno correntino permitió el inicio de obras del Proyecto Productivo Ayuí Grande, a ambas márgenes del Arroyo Ayuí. Este consiste en inundar 8.000 hectáreas, a 50 kilómetros de los Esteros del Iberá, como reservorio para riego de unas 77 mil hectáreas, destinadas al cultivo de arroz.
La provincia de Corrientes tiene formaciones forestales nativas de una superficie aproximada a 800.000 hectáreas en condiciones similares; nunca han aportado la información adecuada de la obra, como para que desde el punto de vista de nuestras condiciones de autoridad nacional, en materia ambiental pudiéramos ejercer las facultades y competencias que nos confieren la Constitución Nacional en la materia y las leyes federales en la materia. Es nuestra responsabilidad como autoridad ambiental nacional velar por el cumplimiento de los presupuestos mínimos de protección ambiental, gestión de preservación conforme lo establece la Ley 25675, que habla específicamente de esos presupuestos mínimos y por otra parte, de la misma manera con la Ley 26331 de Conservación y Aprovechamiento de los Bosques Nativos.
Hablemos de lo que respecta a las obligaciones internacionales que hice mención, como segundo punto, el primero es el ambiental interno dentro de nuestro propio país y cuáles son las obligaciones internacionales.
Como consecuencia de la omisión, por parte de la provincia de Corrientes, en tal sentido, el Estado Argentino corre serios riesgos de incurrir en responsabilidades internacionales ante el eventual incumplimiento del Tratado del Río Uruguay, suscripto en 1975. Es importante conocer que este Arroyo Ayuí Grande es afluente del Río Miriñae, que a su vez desemboco en el Río Uruguay.
La provincia omitió dar la participación al Estado Nacional para que atento a la naturaleza internacional del Río Uruguay, por todos conocidas, y que recientemente exhibida, a partir de los acuerdos entre la Presidenta de la Nación y el Presidente de la República Oriental del Uruguay para destrabar el conflicto que veníamos teniendo por la Papelera, esa información nos hubiese permitido evaluar la intervención de la Comisión Administradora del Río Uruguay, que en definitiva es quien tiene que hacer los análisis pertinentes cuando hablamos de temas de esta característica, conforme lo establece- en principio- el artículo 13 del Tratado y los artículos del 7 a 12 del mismo Tratado del Río Uruguay en relación con la construcción de nuevos canales, la modificación o la alteración significativa de los canales ya existentes naturalmente o que haya sido construido con anterioridad, la modificación o alteración de cualquiera situación real de la topografía, en función de las obras que pueda afectar la navegación, el régimen de los ríos o la calidad de las aguas.
El Estado Nacional solicitó, en reiteradas oportunidades, a la provincia de Corrientes los antecedentes y la información completa del proyecto en cuestión. La Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable, que depende de la Jefatura de Gabinete de Ministros, la primera vez que lo solicitó fue el 3 de septiembre del año 2008 y durante este año se repitió en dos ocasiones, una por parte del vicecanciller el día 16 de febrero de este año y la segunda vez por parte del ministro de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, el 18 de agosto pasado. No hemos tenido ninguna respuesta, por parte del gobierno provincial. Esta omisión otorga fundamento a esta acción de amparo, deducida en el día de hoy como una demanda originaría ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
¿Qué pretendemos con ello? Primero, que la justicia ordene cesar la actitud omisiva, que se haga entrega de todos los antecedentes incluidos los estudios de impacto ambiental y que toda esa información para un análisis acabado por parte de nuestros técnicos en medioambiente y para nuestros técnicos en las áreas respectivas de Cancillería que garanticen que además a través de la participación del CARU, la Comisión Administradora del Río Uruguay, estemos en el marco de lo establecido en el propio estatuto, lo cual es la vocación formal que nosotros pretendemos.
Lo que pretendí contarles someramente qué es de lo que trata esta medida de deducir y fundamentar la solicitud de la medida cautelar de no innovar respecto del emprendimiento conocido como Proyecto Ayuí Grande, requiriendo la paralización inmediata de cualquier obra que se haya iniciado en ese momento hasta que se cumplieran con todos los estudios.
PERIODISTA.- Recién me decía Reinaldo Sietecase, al aire cuando estaba saliendo de que hay gente de Clarín metida en esta situación, la empresa o en el emprendimiento.
FERNÁNDEZ.- Si yo le digo que sí le digo por chusmerío, no porque lo conozca, no tengo la información para decirle fehacientemente que sí, lo que conozco es lo que se dice, que hay algún directivo o uno de los dueños sería un directivo de la firma, pero no lo conozco yo el tema, con lo cual no me guío por chusmeríos.
PERIODISTA.- Si hubiera un directivo del diario "Clarín" afectado por esta decisión del gobierno ¿no podría interpretarse esto como una persecución por parte del gobierno?
FERNÁNDEZ.- Yo no hago conjeturas, acabo de explicarlo, creo que acabadamente cuáles son las razones que nos imponen, dos razones: una profunda razón de preocupación ambiental severa, respecto de las hectáreas que van a inundarse en donde estamos hablando de un tema ambiental severo, no un tema común y en segundo punto, un severo problema desde el punto de vista internacional, y usted me quiere preguntar por un tema interno de una revancha. No existe y no le voy a contestar, si no es un tema de fondo no vamos a contestar nada de eso.
PERIODISTA.- ¿Quién requirió desde el punto de vista internacional - si hubo algún requerimiento internacional para tomar esta medida - y a quién podría afectar este daño ambiental?
FERNÁNDEZ.- A la provincia de Corrientes, lo que pasa es que nosotros en esto tenemos responsabilidades compartidas, hay temas ambientales que le son propios a las provincias; hay temas ambientales por las propias leyes que acabo de mencionar que nos compete como definición, como responsabilidad a la política federal y algunas que tenemos que conciliar entre ambos. Y este es un caso de eso porque el impacto que podría producir es un impacto muy grande, vuelvo a insistir, son 77 mil hectáreas, se van a inundar 8 mil hectáreas para el reservorio solamente y lo que estamos pretendiendo nosotros, en este caso, es conocer toda la situación, no contamos con la información. Entonces si insistimos por todos los medios y por todos los medios se omite de hacerle llegar al Estado Nacional la información pertinente para el estudio y por parte de los técnicos de medioambiente se refiere, y por parte de los técnicos de la Cancillería en lo que a las responsabilidades internacionales se refiere y no podemos contar con ese análisis; conté las tres veces que fue solicitada formalmente la información y nunca fue entregada en tiempo y forma y no podemos contar con mayor información, entonces, cómo se hace para garantizar que ese impacto que nosotros suponemos puede ser muy negativo para la provincia y que forma parte de las responsabilidades del medioambiente que nos compete y por ello pedimos una medida cautelar de esta característica para que se suspenda cualquier obra y que se puedan estudiar los casos y a partir de ese punto trabajar en consecuencia.
PERIODISTA.- Me permite hacer otra pregunta que no tiene que ver con este tema, sino con la coyuntura y es importante, ayer el gobierno anunció la reglamentación de la Ley de Medios de Comunicación...
FERNÀNDEZ.- De este tema, de este tema. Yo no voy a hablar de otro tema, en todo caso nos juntamos en otro momento y hablamos de otros temas, porque si no mezclamos todo. Yo vengo a hablar de este tema y terminamos poniendo los títulos con el tema que no vine a plantear. Después charlamos tranquilos, no tengo ningún inconveniente.
PERIODISTA.- Ministro, en qué estado se encuentran los estudios de impacto ambiental realizados por la provincia de Corrientes, que me imagino yo se deben haber hecho en algún momento.
FERNÀNDEZ.- Bueno pero acabo de contarles que nunca nos los dieron, una de las cosas que estamos pidiendo en la medida cautelar no solamente es el no innovar de las obras que se hubieran iniciado, sino también para hacer cesar la omisión por parte de la provincia de Corrientes y entregar la información, que no nos fue entregada y que lo que usted me está preguntando y que tiene todo el criterio del mundo que yo se lo responda no lo puedo hacer porque no conozco los estudios ambientales.
PERIODISTA.- La consulta es, si no me falla la memoria, el Gobernador de Corrientes dijo, en algún momento, que las obras iban a continuar y que estaba dentro del marco de lo previsto, cuando salió esta política. La pregunta es esta semana estuvo el Gobernador de Corrientes en un convenio de desendeudamiento provincial y luego estuvo en un acto, al lado de la Presidenta, no aprovecharon ese marco para preguntarle y pedirle información?
FERNÀNDEZ.- Yo me he encontrado muchas veces más con el Gobernador de Corrientes, lo que pasa que esto requiere de una información que su colega acaba de explicársela porque me está pidiendo un dato que yo no le puedo dar si no me aportan formalmente la información. No hemos contado con ella, lo que usted dice - con mucho criterio - que él puede haber dicho, en la parte que le corresponde a la provincia en cuanto a sus específicas responsabilidades como Gobernador de la misma, de tomar decisiones desde el punto de vista de política medioambiental decidir por ella y evidentemente debe haber hecho lo propio, lo que él obvio y omitió es enviar todo el resto de la información, que sí es de análisis específicos por la Constitución y por la leyes federales del Gobierno Federal. En este caso para que nosotros pudiéramos cumplir entonces con esa situación y poder hacer las evaluaciones del caso, conforme lo establece los artículos 116 y 117 de la Constitución Nacional, lo que hemos hecho es presentar una demanda originaria ante la Corte, que es quien entiende - en estos casos - para que precisamente, y vuelvo a insistir, los dos temas más importantes se dicte la medida de no innovar para que si hubieran comenzado alguna obra se detuviera en forma inmediata y la segunda, para que cese esa omisión, por parte del Gobierno provincial, de hacer una entrega de toda la información pertinente para el análisis del Estado Federal para que este pueda hacer los análisis pertinentes y garantizar, si es que así se pudiera hacer, que no va a haber ninguna de las complicaciones que lamentablemente tememos que vaya a suceder, por más que tengamos los estudios en la mano. Pero es una conjetura, hay que mirar los estudios puntualmente. Gracias.