A partir de esta resolución, los usuarios serán los propietarios de los números telefónicos y podrán cambiar de operador sin perderlos.

No obstante, según explicó el secretario de Comunicación en declaraciones a la prensa posteriores al encuentro con la Jefa de Estado, la modificación requiere una adaptación tecnológica que demandará cerca de un año y un costo de 40 millones de dólares que absorberán las empresas licenciatarias.

"Es ni más ni menos que el derecho del usuario a mantener su número telefónico, un derecho que ya estaba contemplado en el marco regulatorio y en el decreto 764 de 2000", afirmó Salas.