GIORGI.- Muchas gracias, estamos aquí para detallar los recientes anuncios que en materia de política agropecuaria ha hecho la señora Presidenta. Estos se han transmitido a través de los decretos 33 y 34 de 2009, en dos temas realmente importantes y que son un esfuerzo relevante del Estado Nacional para el acompañamiento tanto A la mejora, la eficiencia, la competitividad en el sector agropecuario, el aporte que significa menores costos y un sistema de transabilidad transparente en lo referido a la implementación de la nueva normativa para carta de porte, como en lo referido a la atención de la problemática vinculada a la sequía. Como ustedes saben la Presidenta por Decreto 33/09 ha declarado la emergencia agropecuaria por sequía. Esto dispara, de acuerdo a la Ley 22.913 el conjunto de mecanismos que permiten a las provincias afectadas presentando la información pertinente por partido o departamento respecto a los productores que en diferentes explotaciones estén siendo afectados por esta sequía, siendo éste un daño realmente cierto, disponer de un beneficio fiscal no menor. Este beneficio fiscal es el diferimiento por un año de los pagos de impuestos a las Ganancias, tanto de personas físicas como jurídicas, Bienes Personales y Ganancia Mínima Presunta. Esta decisión de la Presidenta, adelantándose a un proceso que se inicia el día de mañana con la convocatoria de la primera comisión de emergencia que será presidida por el doctor Cheppi, busca dar la previsibilidad a los productores agropecuarios afectados por la seguía de que se va a seguir el estricto cumplimiento de la Ley 22.913 y a su vez la previsibilidad de que quienes realmente estén sufriendo este daño van a poder usufructuar este beneficio de diferimiento fiscal. Me gustaría que tanto en las cuestiones que hacen a la nueva implementación del sistema de carta de porte, con un ahorro realmente muy importante, 200 millones de pesos de donde van a resultar menores costos para los productores, como en lo que es la implementación de este sistema de previsibilidad, adelantándose la señora Presidenta a una situación de la que ya hemos tenido no solamente conocimiento a través de los informes de INTA, Meteorología y de la Secretaría de Agricultura sino de las presentaciones de varias provincias, el licenciado Echegaray y el ingeniero Cheppi se explayen específicamente sobre esos temas.
CHEPPI.- Creo que fue bastante explícita la Ministra, para reforzar diré que la reunión de mañana estaba prevista todos los primeros martes de cada mes, por eso la habíamos convocado, pero obviamente con este decreto que hoy firmó la Presidenta adquiere mucha mayor relevancia y hemos invitado, más allá de las provincias que ya sabíamos que venían con alguna presentación, a las provincias que sabemos que están en problemas para que empiecen a anunciarnos cuáles van a hacer aquellos partidos o departamentos que están en problemas. Esto sí quiero aclararlo muy bien, no va a ser automático el sistema a partir de la reunión de mañana, nosotros nos vamos a tomar el tiempo que está previsto en la Ley 22.913, que tiene que ver con justamente poder analizar a partir de la información que presenta la provincia y vamos a ser muy rigurosos en el marco de la ley, tal cual lo prevé. Para que esté declarada la emergencia tiene que haber un daño mayor del 50 por ciento de su sistema productivo, esto tiene que venir acompañado de los diferentes informes, vamos a corroborar esto y después también -esto lo puede aclarar Ricardo Etchegaray- la AFIP y la ONCCA van a hacer los controles respectivos para que aquellos productores que realmente están en problemas reciban estos beneficios. Esto me parece importante destacarlo porque como decía recién la Ministro estamos haciendo un esfuerzo grande. Si bien podemos saber en principio cuáles son las provincias que están en problemas, sabemos que es una parte amplia del territorio nacional, tenemos que ser muy precisos porque es un esfuerzo fiscal que está haciendo el Estado y tenemos que ser lo más serios que podamos en los controles que tenemos que hacer. Quiero recordarles cómo funciona la Ley. Si la provincia no decreta el estado de emergencia para determinados partidos o departamentos nosotros no podemos decretarlo unilateralmente, cada una de las provincias sabe los mecanismos y están trabajando en ese sentido. Quiero destacar también lo que dijo la Ministro recién respecto del esfuerzo fiscal que hace el gobierno en cuanto a la carta de porte, creo que es un valor no despreciable que estaba a cargo de los productores. Este decreto dispara de alguna manera las presentaciones que algunas provincias ya habían empezado a realizar y nos genera el marco con la precisión de cuáles son aquellos impuestos que se difieren por un año, que son Ganancias para personas físicas y jurídicas, Bienes Personales y Ganancia Mínima Presunta.
GIORGI.- Ricardo, antes quiero pedir disculpas, aquí está el titular de la ONCCA, el licenciado Eyras que no lo había nombrado.
ECHEGARAY.- En lo que respecta a la AFIP tenemos que llevar adelante la actividad en todo el escenario pero en particular me quiero referir a carta de porte. El cambio que dispuso la presidenta de la Nación por este Decreto 34/09 es central, fundamental, es un cambio de filosofía en materia de control en lo que es la comercialización y en particular el transporte de granos, cereales y oleaginosas, así como los subproductos y derivados a lo largo y ancho de la República Argentina. Sin duda alguna la decisión que toma el Ejecutivo no es menor, estamos teniendo por primera vez un documento comercial que plasma el contrato de flete que servía a efectos de control, efectos públicos; la presidenta de la Nación ha decidido respecto de este documento que de aquí en más, a partir del Decreto 34 sea gratuito para los operadores. Esto no es un esfuerzo fiscal menor, es una decisión trascendente, estratégica, porque por sobre todas las cosas lo que se busca es potenciar todas y cada una de las áreas del Gobierno Nacional para brindar un servicio de control, un servicio donde el Estado va a estar brindando la oportunidad al productor de que tenga el canal adecuado a efectos de llevar delante de manera transparente la comercialización del sector agrícola y ganadero. En particular hay cuatro elementos fundamentales que hacen a esta toma de decisión de la presidenta de la Nación. La informatización de todo el proceso. Hay que tener en cuenta que ya en el Siglo XXI hay organizaciones del Estado que cuentan con una plataforma informática, una capacidad de tecnología de información adecuada, la AFIP es una, y lo que estamos haciendo junto con la Oficina Nacional de Control Comercial Agropecuario y la Secretaría de Agricultura es un trabajo articulado horizontalmente de forma tal que podamos potenciar el desarrollo informático de cada una de esas organizaciones. En este sentido la carta de porte pasa a informatizarse en su proceso ciento por ciento, de forma tal que pueda haber un esquema de control basado en nuevas tecnologías que nos permita tomar decisiones y al mismo tiempo concentrar los esfuerzos de control en las áreas estratégicas de toma de decisión.
Simplificación del trámite es otro de los componentes centrales de la medida que tomó la presidenta de la Nación. Estamos encaminados fuertemente a un proceso donde el trámite se simplifica mucho, donde desaparecen algunos intermediarios que eran necesarios en otras épocas pero ahora con las nuevas tecnologías acortamos el camino. La simplificación del trámite la va a ver el productor, la va a ver el acopio, el exportador, un sistema ciento por ciento informatizado. En los primeros tiempos se va a trabajar mucho con la clave fiscal, gran parte ya está acostumbrado a trabajar con este sistema e indudablemente vamos a trabajar articulando fuertemente, hay agencias de la AFIP en todo el país, de la ONCCA, y en particular los convenios que celebremos con los municipios para asesorar a los productores, a los operadores del transporte de cargas de granos, cereales y oleaginosas en general.
Otro componente fundamental de este decreto es la reducción de costos, vamos hacia el costo cero. Eliminamos los aranceles que cobraba el Estado y las comisiones que cobraban algunas de las entidades intermedias como es el caso de la Federación Agraria y el Centro de Acopiadores. Esta reducción de costos es un esfuerzo importante que va directa y exclusivamente destinado a los productores y a toda la cadena comercial agropecuaria que transporta granos, cereales, oleaginosas y subproductos.
Por último, y creo que es fundamental para el rol que cumplimos las organizaciones del Estado en materia de control, para garantizar que sean procesos limpios y transparentes, para mejorar aquellos inconvenientes que se tuvieron durante mucho tiempo con el sistema de carta de porte, todos ustedes conocen los casos en que se obtenían cartas de porte por encima de la capacidad operativa que tenían algunos operadores, diferentes usuarios que usaban el mismo número de carta de porte, vamos a superar la etapa de cartas de porte trillizas, cuatrillizas, las cartas de porte que se utilizaban para varios viajes. Este esquema basado en el control por transabilidad, un sistema donde informáticamente el operador se comunica simplemente por mensaje de texto y se le da la autorización y la validación directamente por respuesta telefónica o a través de alguna comunicación de 0800 que va a establecer la AFIP para trabajar articuladamente con la ONCCA.
En síntesis este es un proyecto estratégico, un cambio fundamental, que durante mucho tiempo gran parte de la producción estaba esperando, y un cambio que sin duda alguna va en beneficio de los productores. Creo que el camino a seguir es importante y estamos pasando una etapa de construcción lógica, donde el sistema permitirá que la cadena comercial agropecuaria cuente con instrumentos que le permitan transparentar definitivamente su producción.
PERIODISTA.- Para el secretario de Agricultura. Si los beneficiarios de estas exenciones van a ser aquellos productores que estén dentro del territorio que previamente se va a determinar que están en emergencia agropecuaria por sequía, ¿qué va a pasar con esos productores que estén en zonas que no sean declaradas de emergencia agropecuaria por sequía y sí estén afectados en un 50 o más por ciento por este tema? Y también preguntarle a partir de cuándo va a ser el beneficio inmediato funcional de estas exenciones, si hay un término de tiempo cercano para aquellos que ya están dentro de las zonas de emergencia agropecuaria y que serían beneficiarios directos.
CHEPPI.- La emergencia la declara la Presidenta por este decreto pero la territorialidad la define cada provincia. Nosotros mañana ya tenemos una primera reunión donde las provincias que ya tienen esto armado vienen y lo presentan, después nosotros lo evaluamos y corroboramos o no, o modificamos o rechazamos. Lo que vos planteás no debería ocurrir porque si está en esa situación la provincia o el municipio lo va a detectar, o el departamento, de acuerdo a como funcione cada provincia en su organización. Esto trae aparejado, con el decreto que cada provincia define qué áreas o departamentos o partes a veces de departamentos están afectados, beneficios fiscales que las provincias otorgan, como el impuesto inmobiliario y otros impuestos provinciales. Por eso hay que ser muy cuidadoso, porque si la provincia no lo decreta en emergencia nosotros no lo vamos a hacer, eso está enmarcado en lo que la ley prevé.
ECHEGARAY.- La declaración de emergencia dispuesta por la presidenta de la Nación en el Decreto 33 comprende el período que va del 1º de febrero hasta el 31 de julio del presente año, lo que significa es un diferimiento, una postergación del pago de los tributos que ya fueron claramente explicitados, tanto en lo que se refiere a declaraciones como saldos de declaraciones juradas que vengan a liquidarse próximamente de acuerdo al calendario en abril o mayo. Este es el sistema y hace que recién vayan a pagarse estos impuestos el año que viene, en el 2010, sumándose obviamente con el período correspondiente al próximo pago.
PERIODISTA.- ¿Incluyen estas medidas también la prórroga de otros impuestos por ejemplo provinciales como el inmobiliario rural y demás? Y si se volvió hablar, el campo sigue pidiéndolo, de una rebaja en las retenciones a la soja específicamente, en qué estado está eso, si se descarta totalmente por parte del Gobierno.
GIORGI.- Sobre la primera pregunta es lo que marcaban tanto el licenciado Etchegaray como el ingeniero Cheppi respecto a que no se puede acceder al beneficio nacional que hoy la Presidenta anuncia dando un plazo de un año de diferimiento para los impuestos que ya hemos nombrado, nosotros no lo podríamos hacer como Estado Nacional si previamente el Estado provincial no define qué tipo de beneficios, si son impuestos provinciales básicamente inmobiliario y otros impuestos, a esos mismos partidos, departamentos o parte de partidos o departamentos donde hay productores que puedan certificar un daño de hasta el 50 por ciento de su producción, donde establezca los plazos de esta emergencia provincial de sequía para esos departamentos en la propuesta que hace a la comisión; y el plazo de recuperación de esa explotación, nosotros sin ese decreto con estas estipulaciones que se analizan en el marco de la comisión de emergencia que preside el secretario de Agricultura, sin ese decreto y sin esas especificaciones provinciales no se podría acceder al beneficio nacional, así lo marca la Ley 22.913.
CHEPPI.- Es importante por ahí redondear cuál fue la decisión en particular. Los gobierno provinciales deben declarar la emergencia y establecer beneficios de la misma entidad o entidad similar a la que está adoptando el Gobierno Nacional, de forma tal que eso refleja en alguna medida el camino que deben tomar los gobiernos provinciales frente a este adelanto en la decisión que ha llevado a la práctica el Ejecutivo Nacional. En segundo lugar la decisión también precisa que el productor, el primer eslabón de la cadena comercial agropecuaria, esté en una situación donde sufra un perjuicio concreto, cierto. Para que este beneficio se concrete se va a desplegar, como lo marcan las mismas normas, una actividad de control tanto de la ONCCA como de la AFIP, donde lo que buscamos por sobre todas las cosas es que el beneficio llegue a aquellos que se ven perjudicados por la sequía y en particular que no haya otros componentes, como puede ser un seguro por sequía, como puede ser la infraestructura o el desarrollo tecnológico que haya tenido determinado productor, de manera tal que el beneficio llegue a los que realmente lo necesitan. El esquema que se ha adoptado para llevar adelante las tareas de fiscalización y las funciones que habrán de cumplir los organismos de control va a permitir que el Estado Nacional lleve a la práctica una asistencia por la emergencia con este diferimiento impositivo donde podremos superar otras etapas donde quizás los controles no permitieron asegurar efectivamente cómo llegar a ese beneficio. De esta forma se ha precisado bien en detalle cómo serán las circunstancias y obviamente que el beneficio le llegue al productor que sufra los perjuicios de la sequía y en particular aquellos que no han tenido acceso a un contrato de seguro por sequía o no han desarrollado tecnologías que permitan evitar el efecto negativo de la sequía.
GIORGI.- No se trabaja en ningún aspecto en lo que es reducción de retenciones a la soja, para completar su pregunta. Acá estamos hablando de sequía y de un esfuerzo de competitividad para el sector agropecuario que esperamos pueda conjugar con el nuevo sistema de carta de porte transparencia, competitividad, ahorro de costos y se está hablando de atender con un esfuerzo importante del Gobierno Nacional, acompañado por los gobiernos provinciales, a los productores que realmente estén afectados por la sequía. La señora Presidenta en avanzada ya ha dicho, para dar previsibilidad a quienes hoy están sufriendo este problema y el Gobierno Nacional va a estar al lado de ellos, qué tipo de beneficio nosotros vamos a otorgar. Obviamente en el marco de la ley se necesita la conformación del decreto provincial otorgando los beneficios provinciales y presentando la información para que esta vez, mejor que nunca, el beneficio le llegue a quien lo está necesitando.
PERIODISTA.- Dos preguntas. Una es si tienen estimado el costo fiscal que tendría el diferimiento. La otra pregunta, en particular al secretario Cheppi, es saber en qué punto está el plan de provisión de alimentos, de forraje que se envía a los productores ganaderos.
CHEPPI.- Respecto de los costos fiscales todas las medidas se toman en función del análisis que se practica, análisis que se va a ir evaluando permanentemente sobre la base de ese concepto que le acabo de dar, que me parece fundamental que lo tengamos en cuenta. No tenemos todavía un padrón exacto de quiénes han contratado seguros de sequía, creo que en el siglo XXI el sector ha evolucionado bastante, a partir del 2003 es el sector de la sociedad que ha crecido fuertemente, ese crecimiento indudablemente lo pone en el desafío de tener que incorporar elementos fuertes para asegurar que esa rentabilidad no se vea perjudicada por situaciones que hoy ya son previsibles, no quizás exactamente en el tiempo pero la actividad debe prever que tiene etapas de sequía, de inundaciones, de granizo; entonces no tenemos todavía un padrón de seguros contratados pero en la medida que lo vayamos teniendo vamos a ir analizándolo y evaluando el impacto fiscal que puede llegar a tener. En segundo lugar hay que evaluar que en esta etapa del desarrollo que ha tenido el sector, de incremento sustancial de los commodities agroalimentarios que se dio en los años 2005, 2006, 2007 y 2008, muchos han mejorado incorporando mucha tecnología y esto hay que tenerlo muy en cuenta porque una amplia gama de productores ha incorporado buena infraestructura para el desarrollo de su actividad, buenos sistemas de riego, eso es casi de conocimiento público, los distintos medios de comunicación dan cuenta de cómo el sector ha invertido en infraestructura y tecnología para obtener mejores resultados, que enhorabuena los tengan y enhorabuena para toda la Argentina. Pero por eso queremos trabajar mucho en precisar efectivamente hacia qué sectores debe canalizarse la ayuda definitiva. Una vez que tengamos ese padrón de seguros y el contexto amplio de la incorporación de nueva tecnología e infraestructura en general que han hecho los productores de la República Argentina podremos ir teniendo el esquema de costo final.
Sobre la distribución de maíz que se hizo en algunos partidos del sur de la provincia de Buenos Aires, eso ya se pensó y hay demandas de algunas provincias y municipios que se han canalizado vía la Secretaría de Comercio y se están evaluando. Muchas gracias.