El presidente Alberto Fernández mantuvo esta tarde una reunión en su despacho de Casa Rosada con Piotr Józef Hofmański, presidente de la Corte Penal Internacional (CPI), con quien renovó el firme compromiso y apoyo de la Argentina a esa institución en la lucha contra la impunidad de crímenes atroces, la promoción de los derechos humanos y la consolidación del estado de derecho.
El jefe de Estado estuvo acompañado por el ministro de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, Santiago Cafiero.
Participaron también de la audiencia Silvia Fernández de Gurmendi, actual presidenta de la Asamblea de Estados Partes (AEP), argentina, diplomática de carrera recientemente retirada, quien fuera además jueza (2010-2018) y presidenta de la CPI (2015-2018); Matías Hellman, asesor de Relaciones Exteriores del presidente de la CPI; y Aaron Matta, oficial Jurídico de la Secretaría de la Asamblea de los Estados Partes.
Durante el encuentro, el presidente aseguró que después de 20 años de su entrada en vigor, el Estatuto de Roma sigue siendo la piedra angular del sistema de justicia penal internacional y la esperanza de miles de víctimas alrededor del mundo que buscan justicia.
Piotr Józef Hofmański, de nacionalidad polaca, asumió como juez de la Corte Penal Internacional (CPI) en marzo de 2015 y es presidente del tribunal desde marzo de 2021. Se encuentra en la Argentina para participar de la 12ª Asamblea Consultiva de Parlamentarios sobre la Corte Penal Internacional y el Estado de Derecho (CAP-ICC) y del 43° Foro Anual de Parlamentarios para la Acción Global, que se desarrollará en el Congreso de la Nación entre mañana y el sábado.
La Corte Penal Internacional (CPI), que fue establecida a través del Estatuto de Roma, adoptado en 1998, y entró en vigor en 2002, es un tribunal penal de carácter permanente y cuenta con 123 Estados Partes.
Argentina es reconocida por sus pares y la sociedad civil por haber tenido históricamente un rol clave en el ámbito de la CPI, tanto en la negociación del Estatuto que la creó, como en su posterior proceso de consolidación. Además, es el único Estado en haber suscrito todos los acuerdos de cooperación con la CPI: protección y reubicación de testigos, libertad provisional, puesta en libertad y ejecución de sentencias.
