El presidente Alberto Fernández recibió esta tarde, en Casa Rosada, el anteproyecto de ley que tipifica la compra-venta y la adopción ilegal de niños, niñas y adolescentes, y lo incorpora al Código Penal.

El mandatario estuvo acompañado por el ministro de Justicia, Martín Soria, y los secretarios, de Derechos Humanos, Horacio Pietragalla Corti, y de Niñez, Adolescencia y Familia, Gabriel Lerner; además de la presidenta de la CIDH, Julissa Mantilla Falcón, entre otras autoridades.

La sanción del proyecto permitirá adecuar la legislación nacional a los tratados internacionales y dar cumplimiento a la sentencia de la CIDH que condenó a la Argentina en el caso “Fornerón e hija” en el año 2012.

Hace 10 años, el 27 de abril del 2012, la Corte condenó a la Argentina y declaró que el país fue responsable por la violación de los derechos a las garantías judiciales, a la protección judicial y a la protección de la familia de Fornerón y de su hija.

En su fallo, el organismo multilateral le requirió al Estado argentino que adopte la legislación penal necesaria para que la adopción ilegal o la venta de niños y niñas “constituya una infracción penal, de conformidad con los estándares internacionales”.

Esta tarde, el Presidente recibió el anteproyecto de ley elaborado en conjunto entre funcionarios del Gobierno nacional, legisladores y organismos de derechos humanos. Participaron en la redacción del mismo el propio Fornerón, las comisiones de legislación penal de ambas Cámaras del Congreso, presididas por el senador Oscar Parrilli y la diputada Carolina Gaillard, el Comité Consultivo del Registro de Adoptantes, la secretaría de DDHH, UNICEF, Abuelas de Plaza de Mayo, el Ministerio Público, la Defensora de los niños, niñas y adolescentes y la SENNAF.

El anteproyecto prevé incorporar 3 figuras penales que sancionan la compra y venta de niños, niñas y adolescentes e incorpora la adopción irregular al Código Penal. De ese modo, la iniciativa alcanza a todos los actores que participan de la secuencia del delito, incluidos los promotores, facilitándoles e intermediarios.

Asimismo, el texto establece la competencia de la Justicia Federal para estos delitos, debido al carácter interprovincial de los mismos, e incorpora previsiones referidas a la prescripción de los delitos.

La Asociación de Abuelas de Plaza Mayo revisó el trabajo para que no colisione con el delito de apropiación ilegal de niños perpetrado por la última dictadura.

Estuvieron presentes en el encuentro además la secretaria ejecutiva de la CIDH, Tania Reneaum Panzi, y el secretario adjunto de la Corte Interamericana, Jorge Humberto Mesa Flores.

Además de los miembros del Gabinete, participaron de la reunión la Defensora de los Derechos de las niñas, niños y adolescentes, Marisa Graham y la Defensora General de la Nación, Stella Maris Martinez.