El presidente Alberto Fernández participó esta tarde mediante una videoconferencia del acto en el que fueron declaradas patrimonio cultural de la ciudad de Córdoba las actas de la sentencia y el registro fílmico del juicio “La Perla”, en el que se juzgaron los delitos de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura en tres centros clandestinos de detención ubicados en la provincia de Córdoba.

“Siento que hoy estamos siendo una mejor sociedad, estamos reafirmando el Estado de Derecho y construyendo una mejor democracia”, afirmó el Presidente, quien también felicitó a la ciudad de Córdoba porque consideró que la declaración es “algo que los enaltece”.

Fernández recordó que el juicio por los delitos cometidos en La Perla pudo realizarse gracias a que durante el gobierno de Néstor Kirchner, en 2003, el Congreso anuló las leyes de Obediencia Debida y de Punto Final.

“Nunca olvidé esa historia —señaló con respecto a cómo se originó la anulación de esas leyes— porque permite que hoy declaren patrimonio cultural la sentencia que hizo justicia a los responsables de los crímenes más atroces que se cometieron. Y celebro que sea así porque logramos que impere la justicia, simplemente.”

El mandatario consideró que “la cultura no es solamente lo que se escribe, lo que se canta, no es solo la poesía, lo que se viste, es también la comprensión de los deberes que tenemos en una comunidad, de las obligaciones, de los derechos, y es también que la Justicia caiga sobre el que delinque”.

“Córdoba hizo con el juzgamiento de La Perla un hecho histórico que hubiéramos preferido que nunca ocurriera, hubiéramos preferido que en la Argentina nunca se secuestrara a nadie, que no se matara, que no se torturara, pero todo eso pasó y todo eso tiene responsables y los responsables han pagado después de haber sido sometidos a juicios donde gozaron del derecho de defensa y que se desarrollaron en un Estado de Derecho”, destacó.

En tanto, el intendente de Córdoba, Martín Llaryora, afirmó que “la sentencia es una sentencia de vida, de tremenda vida, es un hecho de memoria, es también una pieza única intelectual de los juristas cordobeses, es una sentencia de coraje, no solo de la Justicia, sino principalmente de un pueblo que no afloja, que no se rinde, de las Madres que deambulaban buscando a sus hijos y no se quedaron quietas, de los Hijos, de las organizaciones, de los abogados que se animaron a defender”.

“Nadie quisiera tener que haber hecho esa sentencia ni haber tenido que venir acá a reclamar por sus familiares, esto no tendría que haber pasado nunca y nosotros no deberíamos estar acá”, agregó.

Por su parte, Jaime Díaz Gavier, integrante del Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 1 de Córdoba y quien presidió el tribunal que emitió la histórica sentencia, afirmó: “Este acto es expresión de un momento feliz de la República, donde las mayorías populares han recuperado a través del voto democrático y a través de sus representantes el gobierno de la intendencia de Córdoba, de la provincia y ciertamente del gobierno de la Nación."

“Su participación es un testimonio más de una clara conducta de defensa, preservación y cuidado de los derechos humanos, que se expresan en el juzgamiento de estos episodios dramáticos y en la tarea de gobierno que usted está llevando a cabo preservando los derechos de los ciudadanos a trabajar, a tener vivienda, salud en esta época de pandemia, y con soluciones previsionales”, sostuvo el magistrado al saludar al Presidente.

La megacausa La Perla, en la que se juzgaron delitos cometidos en los centros clandestinos La Perla, Campo La Ribera y el D2, se tramitó durante tres años y ocho meses y terminó, el 25 de agosto de 2016, con las condenas a prisión perpetua para 28 de los acusados.

Entre los condenados se encontraban el ex jefe del Tercer Cuerpo del Ejército Luciano Benjamín Menéndez, que recibió su decimosegunda condena a perpetua; Héctor Pedro Vergez, Ernesto "Nabo" Barreiro y Carlos Yanicelli.

A lo largo del juicio se realizaron 354 audiencias, se repasaron los delitos sufridos por 716 víctimas, hubo 50 imputados y 281 testigos.