El Gobierno anunció un esquema para promover la renovación de la flota de buques con permisos vigentes de pesca que les permitirá al sector potenciar su cadena de valor e impulsará la generación de empleo en la industria naval nacional.

El anuncio fue realizado en una reunión de la Mesa de Pesca que el presidente Mauricio Macri encabezó en la Casa Rosada, con la asistencia de la gobernadora bonaerense, María Eugenia Vidal; el ministro de Producción y Trabajo, Dante Sica; el secretario de Agroindustria, Luis Etchevehere, y otros funcionarios nacionales.

También asistieron el encuentro el vicegobernador de la provincia de Santa Cruz, Pablo González, así como representantes de cámaras y empresas del sector.

La medida, que además mejora la eficiencia y seguridad de la actividad, se implementará a través de un decreto de Necesidad y Urgencia.

De acuerdo con la nueva normativa, cumplido el plazo de 20 años, los buques con permiso de pesca vigente deberán tener una antigüedad inferior a 40 años.

La antigüedad podrá ampliarse a 60 años si se acredita una reconstrucción de al menos el 60 por ciento del buque en astilleros nacionales, o se fija como destino de captura de calamar.

Prevé incentivos para que los buques, en reemplazo de los de mayor antigüedad, sean construidos en astilleros nacionales mediante una mejora del 10 por ciento en la capacidad de pesca.

De tal forma, aquellos buques de hasta 27 metros de eslora podrán recibir hasta un 10 por ciento adicional de especies excedentarias, con excepción de langostinos, en sus autorizaciones de captura.

Aquellos propietarios de buques con permisos vigentes podrán ofrecerlos como garantía, complementaria a la hipoteca naval, junto a la autorización de pesca y la cuota individual de captura.

En enero, el Gobierno anunció una línea de financiamiento por un monto total de 500 millones de pesos a través del Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE) para la adquisición de buques pesqueros construidos por astilleros radicados en el país, con el objetivo de impulsar la renovación de flota y la producción industrial nacional.

La línea tendrá un plazo de hasta cinco años, un período de gracia de hasta 12 meses y se financiará hasta 60 millones de pesos (o su equivalente en dólares) por empresa o grupo que no supere el 80 por ciento del valor del bien.

El Banco Central readecuó el 29 de noviembre pasado la normativa sobre hipoteca naval, por la cual facilita la financiación para el sector, ya que se puede tomar garantía el 40 por ciento del valor del buque cuando está terminado o el 50 por ciento del valor tasado cuando está en construcción.

“Esta medida es el resultado del diálogo permanente que mantuvimos con todos los actores del sector”, puntualizó el ministro Sica.

Explicó que “fija las condiciones de base que nos permitirán delinear reglas claras en términos de mejoras en la eficiencia operativa y la competitividad de la industria naval”.

Remarcó que de esa forma favorecerá no solamente el desarrollo del sector, sino también “la creación de más y mejores puestos de trabajo de calidad y a la generación de un mayor valor agregado”.

El sector genera alrededor de 22.000 puestos de trabajo y en 2018 le aportó al país un ingreso de 2000 millones de dólares por exportaciones (un 7 por ciento más respecto de 2017) de los cuales el 60 por ciento de ese total fueron por venta de langostinos.

La industria naval y la pesca en su conjunto representan el 0,7 por ciento del PBI.

Existen actualmente 383 armadores inscriptos, 553 buques con permiso de pesca vigente y 135 plantas industriales en tierra.