El presidente Mauricio Macri visitó a las autoridades de la Corte Penal Internacional (CPI) y reafirmó el pleno compromiso de la Argentina de defender los derechos humanos y condenar los delitos de lesa humanidad y todo tipo de violencia.
“Es un honor que los argentinos sean protagonistas en la Corte Penal Internacional, primero fue el nombramiento del fiscal Luis Moreno Ocampo y ahora la presidencia de Silvia Fernández de Gurmendi”, puntualizó Macri tras el saludo a las autoridades del organismo.
En este contexto, el Jefe de Estado le ratificó a Fernández el compromiso argentino por la plena vigencia de los derechos humanos y el castigo a quienes cometan actos de violencia.
También señaló que se está dando más capacitación a jueces y fiscales para colaborar con los requerimientos que tramite ese organismo internacional.
A su vez, la titular de la Corte agradeció “el apoyo y la cooperación muy práctica” que ha recibido de la Argentina y le señaló a Macri que el Tribunal trabaja en la resolución de crímenes de distinto tipo cometidos en diez países.
“Hoy son 124 los estados partes y nos gustaría que se sumaran más apoyos”, indicó Fernández.
El Presidente concurrió a la sede de la Corte acompañado por los secretarios de Asuntos Estratégicos, Fulvio Pompeo; y de Derechos Humanos, Claudio Avruj; los diputados Lucas Incicco y Luis Petri, y el vocero presidencial, Iván Pavlovsky.
Previamente, Macri dejó asentado en el Libro de Honor que “creer en la justicia alimenta nuestra esperanza de un mundo más pacífico y justo en el siglo XXI”.
Luego de ser recibido por Fernández de Gurmendi y por la fiscal del organismo Fatou Bensouda, Macri mantuvo un encuentro y conversó con un grupo de empleados argentinos que cumplen tareas en la CPI.
La Corte es un tribunal penal permanente situado en la ciudad de La Haya, que fue creado en 1998 sobre la base del Estatuto de Roma y tiene una función complementaria a la de las jurisdicciones nacionales.
Bajo su esfera se encuentran los crímenes de guerra, los genocidios y otros delitos de lesa humanidad.
La Argentina ratificó el Estatuto en 2001 y tiene como una política de Estado respaldar el fortalecimiento de la Corte.
Además, fue el primer país de América latina que suscribió un acuerdo de relocalización de testigos con la Corte Penal Internacional.
Con el objetivo de que la CPI tenga un alcance más global, la canciller Susana Malcorra participó de una iniciativa para lograr la universalidad e implementación plena del Estatuto de Roma.
Fernández de Gurmendi es una abogada argentina diplomada en Derecho Público que se graduó también del Instituto de Servicio Exterior de la Nación (ISEN), máxima escuela de diplomacia del país.
