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El Gobierno anunció que a partir del 1° de febrero próximo se pondrá en marcha una resolución comercial que apunta a incrementar la transparencia en los precios de los productos y servicios, incentivar el consumo y alentar la competencia de la oferta.
La nueva normativa, que no alterará la vigencia de los programas Ahora 12 y Ahora 18, exige diferenciar el precio de contado del de cuotas y explicitar el costo financiero total de la compra.
“El consumo en la Argentina es muy importante, de alrededor del 80 por ciento del PBI, y por lo tanto esta es una medida de altísimo impacto”, puntualizó el ministro de Producción, Francisco Cabrera en una conferencia de prensa que ofreció junto al secretario de Comercio Miguel Braun, en Casa de Gobierno.
Cabrera afirmó que la resolución va en línea “con uno de los ejes de nuestro plan productivo nacional que es la defensa de la competencia y la trasparencia de los mercados”.
Señaló que se enmarca dentro de otras medidas generales como el sinceramiento de los datos del INDEC y de la AFIP, como también de la decisión de la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia de realizar “un estudio sobre posibles posiciones dominantes en el mercado de las tarjetas de crédito”.
“Sobre esto se ha ido avanzando y estamos tomando las medidas en base a las recomendaciones que hizo la Comisión”, explicó Cabrera.
Braun remarcó que la medida “obliga a que a partir del 1 de febrero los comercios tengan que exhibir el precio contado claramente, el valor de cada cuota que debe pagar y el costo financiero total explícito en el financiamiento con cuotas”.
Afirmó que los consumidores argentinos podrán “elegir los productos que más les convengan al mejor precio, con la mejor calidad y teniendo claro qué es lo que están pagando”.
“Hoy se da la situación de que si uno compra al contado un producto durable, que tiene una oferta en cuotas, está pagando implícitamente una parte del costo de financiamiento que ya tienen esos productos”, explicó.
No podrá incluirse el costo de financiación en el valor para un solo pago, de manera tal de igualar el precio de contado con un plan de cuotas presentadas artificialmente como sin interés.
Se deberá considerar como contado el efectivo, débito, crédito en un pago y otros medios electrónicos de transacción.
La medida prevé sanciones para incumplimientos de hasta 5 millones de pesos en función de lo establecido por la Ley de Lealtad Comercial (N˚ 22.802) y de la Ley de Defensa del Consumidor (N˚ 24.240).
“La economía ya arrancó y estamos acompañándola con esta medida que va a hacer el crecimiento del consumo a lo largo de este año. Queremos que los argentinos accedan a los mejores productos con los mejores precios”, puntualizó Braun.
Detalles de la norma:
Establece que la publicidad del costo financiero total deberá colocarse en una ubicación contigua al resto de las variables informadas.
A partir de esta medida deberá indicarse precio de contado, cantidad y monto de cada una de las cuotas y el costo financiero total cuando los precios se exhiban financiados.
Quienes comercialicen productos o servicios no podrán efectuar diferencias de precio entre operaciones de contado o efectivo, con tarjeta de débito, con otros medios electrónicos de pago o con tarjeta de crédito en un solo pago.
La ley de Defensa del Consumidor estipula que el proveedor está obligado a suministrar al consumidor información clara y detallada acerca las condiciones de comercialización de bienes o servicios, el precio al contado, el importe a desembolsar inicialmente y el monto financiado, la tasa de interés efectiva anual, el total de los intereses a pagar o el costo financiero total, el sistema de amortización del capital y cancelación de los intereses, la cantidad, periodicidad y monto de los pagos a realizar, y los gastos extras, seguros o adicionales, si los hubiere.
Quienes comercialicen productos o servicios bajo la modalidad de venta financiada en cuotas, no podrán incluir en sus anuncios, publicidades o mensajes, bajo cualquier forma de difusión (oral o escrita, radial, televisiva o por Internet, entre otras) la frase “sin interés” (o cualquier alternativa similar), cuando el costo de la financiación del producto o servicio se traslade al precio de venta al consumidor.
El incumplimiento será sancionado conforme lo previsto en las leyes de Lealtad Comercial y de Defensa del Consumidor, según corresponda.
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El Gobierno Nacional entregó viviendas que forman parte de la primera etapa de relocalización de familias del barrio Villa Jardín, del municipio bonaerense de Lanús, como parte de los trabajos de recuperación y saneamiento de la Cuenca Matanza Riachuelo.
El secretario de Vivienda y Hábitat de la Nación, Domingo Amaya, junto con el subsecretario de Desarrollo Urbano y Vivienda, Iván Kerr, y el secretario de Desarrollo Urbano de Lanús, Carlos Silva, participaron del inicio de la primera etapa de relocalización de 174 familias.
Este proceso consta de otras dos etapas, una de 157 viviendas prevista para fines de este año y otra de 198.
La relocalización de Villa Jardín se inserta dentro de la Causa Mendoza, como parte de la obligación del Estado de cumplir con el objetivo de mejorar la calidad de vida de la población de la cuenca.
Para ello, en 2010 se suscribió un Convenio Marco entre la Nación, la provincia de Buenos Aires, la ciudad de Buenos Aires y municipios por medio del cual se acordó la concreción de soluciones habitacionales, que incluyen mejoramientos, urbanización y construcción de viviendas.
“El presidente Macri nos dio la orden de que se terminen las obras para que todos los vecinos puedan vivir dignamente. Lanús es un municipio donde se están haciendo muchas obras, tanto de vivienda como de mejoramiento del hábitat, trabajando en conjunto para seguir mejorando la calidad de vida de los habitantes”, afirmó Amaya.
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El programa "El Estado en tu barrio" llegó a la ciudad bonaerense de General Rodríguez, donde los vecinos pudieron cumplir con el calendario de vacunación obligatorio, tramitar el DNI, realizar gestiones ante la ANSES y el PAMI, solicitar el acceso a la tarifa social para los servicios públicos y obtener asesoramiento sobre programas de empleo y formación profesional, entre otros beneficios.
“El Estado en tu Barrio” es un programa articulado entre la Nación, las provincias y los municipios, que promueve el acceso de la población de zonas en situación de vulnerabilidad a prestaciones sociales de diferentes organismos del Estado para mejorar su calidad de vida.
El año pasado facilitó más de 770 mil trámites a vecinos de ciudades de las provincias de Buenos Aires, Jujuy, Misiones, Salta, Chaco, Tucumán, Corrientes, Catamarca, Santa Fe, Santiago del Estero, Rio Negro y La Rioja.
Además de General Rodríguez, esta semana también estuvo ofreciendo las prestaciones en Almirante Brown, Mar del Plata, Merlo, San Miguel y San Vicente.
Los detalles del programa "El Estado en tu barrio" se pueden conocer ingresando en http://www.casarosada.gob.ar/elestadoentubarrio
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El Ministerio de Desarrollo Social de la Nación dispondrá de más de 4 mil contenedores de mercadería que se encuentran varados en la Aduana con alimentos, bebidas y textiles, entre otros productos, para distribuirlos entre organizaciones sociales y evitar así que muchos de ellos sean desaprovechados o se deterioren.
La medida fue dispuesta a través de un Decreto de Necesidad y Urgencia publicado en el Boletín Oficial y apunta a dar utilidad a mercadería que se encuentra incautada y sin destino en terminales portuarias y depósitos aduaneros.
Entre los productos varados hay alimentos y bebidas perecederos, productos textiles o bienes de capital, como materiales de construcción, ropa o artefactos electrónicos, que se deterioran como consecuencia de las condiciones precarias en las que están almacenados.
El organismo encargado de recibir pedidos de entes gubenamentales o de las áreas de Desarrollo Social de las provincias es la Secretaría General de la Presidencia, pero a partir de esta medida y con el objetivo de no perder tiempo en la entrega, será la Aduana la que ponga los productos directamente a disposición del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación.
Así, se garantizará que la mercadería llegue a quienes más lo necesitan, que no sea comercializada nuevamente y se reducidarán los costos del servicio aduanero.
Para implementar la medida, la Aduana realizará un inventario de toda la mercadería que luego será enviada a predios designados por el Ministerio de Defensa, a cargo de resguardarla y de efectuar la logística.
En todos los casos, quienes tuvieran derechos a reclamar las mercaderías tendrán 30 días para realizar y resolver su reclamo luego de que la Aduana lo publique en el Boletín Oficial.
El Ministerio de Desarrollo Social deberá evaluar los destinatarios de los productos para favorecer a aquellos que más lo necesiten y una comisión creada por diversos organismos oficiales se encargará de garantizar y certificar la mercadería entregada.
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Si convivís con tu pareja hace como mínimo 2 años pero no están casados tenés que conocer los requisitos, derechos y obligaciones para estar amparados ante la Ley.
Es la unión afectiva entre dos personas que no se casan pero conviven y comparten un proyecto de vida en común durante un mínimo de 2 años.
Para que tu pareja sea considerada una unión convivencial tiene que reunir algunos requisitos:
La unión convivencial pueden inscribirla en el Registro de las Personas que les corresponde de acuerdo al domicilio. Ahí también inscriben la finalización de la unión y los pactos que hayan celebrado como pareja.
La inscripción en el Registro sirve para:
Si querés saber más sobre la unión convivencial hace click acá